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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 16/04/2026 15:28
La causa que investiga el patrimonio del exgobernador, Sergio Urribarri y que tiene como implicado al empresario Diego Armando Cardona Herreros durante el periodo 2008-2015 entró en una fase de definiciones técnicas cruciales, ya que el legajo está en la etapa de remisión a juicio. Este miércoles, el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Gervasio Labriola, escuchó a los abogados defensores y a los fiscales. En los próximos días el juez dará a conocer su dictamen, reveló Cuestión de Fondo (Canal 9). El nudo del conflicto radica en la evidencia digital recolectada en los allanamientos realizados en casa de Cardona Herreros en la provincia de Buenos Aires. Según los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, el exmandatario no podría justificar un patrimonio cercano a los 11 millones de dólares. Sin embargo, la posibilidad de que esa acusación llegue a buen puerto depende hoy de si la prueba recolectada fue obtenida legalmente o si, como sostiene la defensa, está "contaminada". ¿Tablets o computadoras? El quiebre en la cadena de custodia El abogado José Velázquez, defensor de Cardona Herreros, centró su ataque en la falta de coincidencia entre los registros oficiales y los testimonios. Según el acta de allanamiento, se secuestraron dos tablets (una de ellas de la marca Apple); sin embargo, los testigos del operativo refieren haber visto el secuestro de una computadora. Para la defensa, esta contradicción no es un detalle menor, sino una violación directa a la cadena de custodia. Además, sostienen que la extracción de la "copia imagen" de la tablet Apple no contó con la autorización específica del juez Mauricio Mayer, quien en 2018 había ordenado una copia forense sobre un equipo, pero no sobre el contenido de un celular que se encontraba "espejado" dentro de dicho dispositivo. La "huella" del celular y la incumbencia técnica El debate escaló hacia la metodología pericial. La defensa critica que se haya accedido a datos de un celular (secuestrado en 2018 con información de 2015) a través de una copia forense de la tablet, interpretando el dispositivo como si fuera un simple medio de almacenamiento como un pendrive. Por su parte, Miguel Cullen, representante de Urribarri, puso la lupa sobre quiénes realizaron estas tareas. Cullen argumentó que la copia espejo no es una tarea mecánica y requiere la intervención de un profesional registrado en el Colegio de Profesionales de Ciencias Informáticas de Entre Ríos (COPROCIER). Esto es algo que el defensor del exgobernador viene señalando desde el Megajuicio donde el exembajador en Israel y Chipre terminó condenado a prisión efectiva. Por su parte, Velázquez consideró que esa tarea al ser mecánica puede ser realizada por un bioingeniero del MPF, pero subrayó que el análisis y la pericia posterior deben ser realizados por ingenieros habilitados, cuestionando la incumbencia de los funcionarios que intervinieron en el proceso. La postura de la Fiscalía Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) se busca sostener la resolución previa del juez de Garantías, Mariano Budasoff. Si bien cuestionaron la habilitación de la Apelación por parte de Budasoff, respaldaron las cuestiones que les rechazó a los defensores. Los fiscales argumentan que la cadena de custodia se mantuvo intacta y que los planteos de la defensa son inadmisibles, ya que la extracción de datos no causa un "daño irreparable" al proceso. Para la fiscalía, la finalidad de la orden judicial permitía acceder a la información relevante para la causa, independientemente de la interpretación técnica del soporte. El camino a Casación Las defensas ya anticiparon que, de no prosperar sus reclamos ante el juez Labriola, agotarán las instancias hasta llegar a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. En los próximos días, Labriola deberá resolver sobre los nuevos planteos, en una causa donde la tensión entre el formalismo garantista y la eficacia probatoria marcará el destino de uno de los expedientes más sensibles de la provincia.
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