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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 16/04/2026 09:28
En línea con el requerimiento de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 citó a prestar declaración indagatoria a 29 personas involucradas en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Entre los convocados figura el extitular del organismo, Diego Spagnuolo, quien ya cuenta con un procesamiento previo. El cronograma de audiencias se desarrollará entre el 28 de abril y el 26 de mayo. La nómina incluye la ampliación de testimonios de cinco personas que ya se encontraban procesadas, tales como el propio Spagnuolo, el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y el presunto lobbista de laboratorios y droguerías, Miguel Ángel Calvete. El juez Ariel Lijo, en sintonía con el planteo del Ministerio Público Fiscal, advirtió sobre la naturaleza del entramado delictivo: La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público. Según la investigación, el mecanismo implicó salidas de fondos por más de $75.000 millones, los cuales habrían terminado en los bolsillos de un reducido grupo empresarial, publicó Ámbito. Ante este escenario, el juzgado decretó la inhibición general de bienes para los implicados y las empresas vinculadas. El magistrado fundamentó la medida en la necesidad de evitar el desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos, y que resultan indispensables para que el Estado pueda recuperar los recursos malversados. La causa busca desarticular la estructura que involucra a más de 20 empresarios. Cabe recordar que Spagnuolo ya fue indagado anteriormente por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público, en el marco de una compleja red que desvió recursos destinados a la asistencia de personas con discapacidad. Las compras irregulares y el impacto en el sistema de salud Los hechos investigados adquieren especial gravedad por el tipo de insumos involucrados. Se trata de dispositivos médicos de alto costo, como prótesis para amputaciones, implantes cocleares, materiales para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas, entre otros. Estos productos eran gestionados a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad o enfermedades crónicas en situación de vulnerabilidad, sin cobertura médica específica. Según determinó la investigación, el Programa Incluir Salud, dependiente de la ANDIS, fue utilizado como plataforma para implementar un sistema ilegal de pagos permanentes en favor de determinados proveedores. La Fiscalía sostuvo que, en lugar de cumplir con su función social, el programa fue utilizado para canalizar recursos públicos hacia intereses privados, afectando tanto al Estado como a la población destinataria de estas políticas. Otras acusaciones en ANDIS El esquema incluyó prácticas como la autorización selectiva de comercialización con la ANDIS, la filtración de información privilegiada para facilitar adjudicaciones y la coordinación entre empresas para manipular procesos de contratación. Además, se detectó la participación directa de empresarios en decisiones clave, como la definición de precios, la selección de proveedores adjudicatarios y la contratación de personal. Tras siete meses de investigación, la Fiscalía concluyó que la ANDIS operó como una estructura discrecional destinada a concentrar beneficios económicos en proveedores específicos, mediante contrataciones por fuera de los principios de transparencia, competencia y control que rigen la administración pública. Actualmente, la causa cuenta con 19 personas procesadas y más de 20 involucrados adicionales sobre los cuales se solicitó el llamado a indagatoria.
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