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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 16/04/2026 07:44
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad de Buenos Aires anunció ayer una bonificación automática en el impuesto sobre los Ingresos Brutos destinada a más de 140.000 contribuyentes del monotributo que desarrollan actividades de servicios. La nueva estructura, aprobada por la Legislatura porteña a iniciativa del jefe de Gobierno Jorge Macri, busca reducir la carga fiscal para trabajadores independientes y estimular la formalización en el sector. La medida, que comenzó a reflejarse en la liquidación impositiva mensual, estableció una exención total bonificación del 100% en las categorías A, B y C del Régimen Simplificado, lo que permitió que unas 35.000 personas quedaran liberadas del pago de impuesto. En tanto, la regulación incluyó una fuerte reducción bonificación del 75% para quienes integran las categorías D a H, alcanzando a cerca de 12.000 contribuyentes. En total, aproximadamente 47.000 personas recibieron de forma inmediata el beneficio completo o parcial, puesto que cumplían con las condiciones de no registrar deudas y estar inscriptos en servicios, de acuerdo con la información oficial difundida por la AGIP. Este esquema de alivio fiscal impacta directamente sobre oficios no profesionales. La segmentación por actividades permitió focalizar la bonificación en el sector servicios dentro del Régimen Simplificado, limitando el alcance a quienes presentan ingresos provenientes casi exclusivamente de su labor individual en la Ciudad de Buenos Aires. Según el gobierno porteño, estos son los 22 servicios no profesionales que no pagarán Ingresos Brutos: - Servicios técnicos - Fotógrafos - Peluqueros - Diseñadores sin título de grado - Barberos - Editores - Mecánicos - Camarógrafos - Personal trainers - Guionistas - Esteticistas - Masajistas - Carpinteros - Herreros - Sastres - Zapateros - Pintores - Artesanos - Joyeros - Jardineros - Cerrajeros - Quienes trabajan por cuenta propia o bajo contratación. Implementación automática Uno de los elementos centrales del esquema fue su aplicación automática: la AGIP dispuso que los contribuyentes no realizaran trámites adicionales. El sistema incorporó la bonificación directamente en la liquidación del impuesto, siempre que la actividad declarada correspondiera a servicios y que no existieran deudas en el tributo. La medida permitió que unos 47.000 contribuyentes recibieran el beneficio de inmediato. El resto, aproximadamente 93.000 personas, no accedieron de forma automática debido a deudas pendientes con el fisco local, según detalló la AGIP. Para estos casos, la administración porteña habilitó un régimen especial de regularización. La moratoria, con plazo de adhesión hasta el 30 de abril, ofreció la posibilidad de organizar los pagos en cuotas y obtener descuentos sobre intereses y multas. La regularización de la situación fiscal se estableció como condición indispensable para incorporarse al esquema de bonificaciones. La AGIP automatizó la integración al beneficio: al saldar la deuda, el contribuyente quedó incluido sin gestiones adicionales, obteniendo la bonificación según su categoría tributaria. Impacto concreto en los ingresos El diseño segmentado del alivio fiscal provocó un impacto diferenciado según la categoría tributaria. En los estratos más bajos, la exención total generó un incremento inmediato en los ingresos netos de los contribuyentes. En las categorías superiores, la reducción del 75% en el tributo significó una rebaja notoria en la carga fiscal aplicable a la facturación mensual. La estructura de bonificaciones y la actualización de la base de datos promovieron la simplificación administrativa, al eliminarse cualquier requerimiento de gestiones presenciales o digitales. Esto permitió, según la AGIP, reducir plazos y facilitar considerablemente el cumplimiento de obligaciones tributarias para el universo de trabajadores independientes incluidos bajo el Régimen Simplificado. La política de alivio formó parte de un paquete más amplio de iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aprobadas por la Legislatura de la Ciudad, todas orientadas a reducir la presión fiscal sobre quienes desarrollan actividades por cuenta propia en la capital argentina.
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