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Fecha: 15/04/2026 13:13
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria del exinterventor de la obra social OSPRERA, Marcelo Petroni, y de empresarios vinculados a la firma HTECH Innovation S.A., en el marco de una investigación por presuntas contrataciones irregulares que habrían beneficiado a esa compañía con fondos millonarios. La empresa fue vinculada en la causa con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aunque desde su entorno lo negaron en reiteradas oportunidades. El requerimiento alcanza a María Casandra Mirabelli, Sergio Andrés Aguirre, Stéfano Antonio Zanetti, Virginia Montero y el propio Petroni. Según el dictamen, la firma HTECH Innovation S.A. habría sido beneficiada con contrataciones por parte de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), intervenida por el Gobierno desde fines de 2024 hasta principios de este año. De acuerdo con la investigación, la empresa fue constituida en abril de 2024 por Zanetti y Aguirre. Mirabelli fue designada como presidenta de la sociedad, mientras que Aguirre figura además como director suplente. Leé también: Las últimas noticias de Javier Milei, minuto a minuto El fiscal detalló que las primeras facturaciones de la firma a OSPRERA fueron por 47 millones de pesos en concepto de servicios de software. Sin embargo, con el correr de los meses se habrían sumado nuevos contratos que elevaron el monto total percibido por la empresa a más de 262 millones de pesos. En su presentación, Marijuan también señaló que varios de los empresarios implicados registraron ingresos a la Subsecretaría Legal de la Presidencia de la Nación, área que está a cargo de Eduardo Lule Menem. Leé también: Crisis en el PAMI: en medio del paro de médicos, el Gobierno afirma que ya se transfirieron los fondos La causa se inscribe en una investigación más amplia sobre presuntos negociados en OSPRERA, intervenida el 29 de noviembre de 2024 por el Gobierno de Javier Milei. En ese contexto, la Justicia ya había ordenado allanamientos a empresas proveedoras y dependencias vinculadas a la obra social, en un expediente que apunta a determinar si existieron tercerizaciones irregulares y bajo qué condiciones se emitieron facturas por servicios prestados. Uno de esos procedimientos estuvo dirigido a HTECH, firma vinculada a Aguirre, quien fue relacionado en la investigación con Martín Menem. Cuando los efectivos se presentaron en el domicilio declarado por la empresa, fueron informados de que ya no operaba allí. No obstante, en el mismo edificio funcionaba otra compañía asociada al empresario, lo que motivó nuevas líneas de investigación. El expediente judicial también analiza otras contrataciones realizadas durante la intervención, entre ellas acuerdos con proveedores de medicamentos. En ese marco, se encuentra bajo revisión un convenio firmado por Petroni con la droguería Suizo Argentina por una deuda que, según documentos incorporados a la causa, superaba los 7000 millones de pesos. Marijuan sostiene como hipótesis que la intervención de la obra social pudo haber sido utilizada para favorecer a empresas cercanas al poder. Esa línea de investigación se conecta con otras causas en trámite, como la que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por presuntas coimas en contrataciones públicas. Leé también: Con Macri como invitado, el PRO bonaerense se reunió para plantear el rumbo electoral hacia 2027 En paralelo, desde el Gobierno defendieron la intervención de OSPRERA y aseguraron que la medida respondió a una situación de emergencia financiera y operativa. Según un comunicado oficial difundido tras la intervención, la obra social acumulaba una deuda total cercana a los 97.889 millones de pesos y un déficit mensual superior a los 5000 millones, además de interrupciones en la entrega de medicamentos y prestaciones médicas. Las autoridades también afirmaron que, desde la intervención, se implementaron mecanismos para transparentar las compras y ampliar la competencia entre proveedores. Vinimos a cortar curros y ordenar la obra social en favor de los afiliados, señalaron en ese momento, al detallar que se habían firmado acuerdos de pago con más de 30 entidades y que se buscaba garantizar la continuidad de los servicios.
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