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Parana » Paginajudicial
Fecha: 11/04/2026 20:54
HIDRÓGENO VERDE Ordenan medidas de prueba para determinar si Uruguay violó normas binacionales 10/04/2026 La justicia federal dispuso una serie de medidas tendientes a prevenir cualquier tipo de daño ambiental que pudiera ocasiona el proyecto para instalar una planta de hidrógeno verde en la República Oriental del Uruguay, frente a Colón. Las medidas buscan determinar si el vecino país violó tratados binacionales. De la Redacción de Página Judicial El juez federal Hernán Viri dispuso una serie de medidas de prueba orientadas a la prevención del daño que podría representar la instalación de una planta de hidrógeno verde en la localidad uruguaya de Paysandú, frente a las costas de Colón. El magistrado hizo lugar a una demanda promovida por los diputados peronistas Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador Adán Bahl, que demandaron al Estado uruguayo y a la empresa privada HIF Uruguay para frenar la instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú. Los legisladores se hicieron eco de un reclamo de vecinos que advirtiendo sobre los daños ambientales irreparables que podría generar el proyecto. En la demanda, señalaron que no se habrían cumplido normas internacionales, como el Estatuto del Río Uruguay, regido por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), ni la jurisprudencia fijada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el conflicto por la instalación de la planta de pasta de celulosa de Botnia-UPM. En ese marco, el juez Viri, a cargo de la investigación, dispuso la producción de una serie de pruebas de forma anticipada, es decir, previo a que avance el proceso judicial, para evitar que puedan perderse o volverse difíciles de conseguir más adelante. Las pruebas que ordenó incluyen pedidos de información a organismos uruguayos (ambientales, regulatorios y bancarios), requerimientos a la Comisión Administradora del Río Uruguay, la realización de un peritaje ambiental con un biólogo y una inspección judicial en el lugar donde está previsto la instalación de la planta. Concretamente, el magistrado solicitó al Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay que le remita el pedido de la empresa para instalar la planta y la fecha en que se concedió la autorización, como también copia del estudio de impacto ambiental que haya presentado HIF Global, la filial local HIF Uruguay u otra empresa subsidiaria; y si hubo audiencia pública para debatir el proyecto. También pidió a la CARU que informe los antecedentes del proyecto, que debió remitir la República Oriental del Uruguay, en el marco de la administración conjunta del río. En su momento, la fiscal federal Josefina Minatta había advertido que la República Oriental del Uruguay no había presentado ante la CARU ningún estudio sobre el impacto que podría tener el proyecto sobre el río y las poblaciones ribereñas ni había efectuado las consultas a la Argentina. El magistrado dispuso además la intervención de la Defensoría Pública local, para garantizar el derecho de defensa, ya que los demandados están en la República Oriental del Uruguay y eso podría demorar la tramitación del proceso. Guillermo Michel, uno de los denunciantes, dijo tras conocer la resolución del juez Viri que la decisión adoptada por la justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay y agregó que no solo queda claro que la justicia federal es competente, sino que además ordenó parte de las medidas que solicitamos. La decisión adoptada por la justicia entrerriana podría complicar los planes de la empresa y del gobierno oriental. De hecho, la administración de Yamandú Orsi y la multinacional HIF Global habían acordado la semana pasada prorrogar hasta fines de junio el cronograma de acuerdos hacia la concreción de la planta de combustibles sintéticos, que contempla una inversión de 5.300 millones de dólares. Las primeras reacciones contra el proyecto surgieron el año pasado de organizaciones ambientalistas de Colón, San José y Pueblo Liebig; luego se sumaron los gobiernos locales y se activaron gestiones del gobernador Rogelio Frigerio. Desde la costa entrerriana cuestionan que la planta se construya frente a las playas, con la preocupación por los posibles impactos ambientales, a la salud y también las actividades económicas relacionadas al turismo, por lo que vienen exigiendo su relocalización. El planteo rememora el conflicto binacional desatado hace dos décadas a raíz de la instalación de la planta de pasta de celulosa en Fray Bentos, frente a la costa de Gualeguaychú, y que derivó en un corte de ruta que interrumpió durante tres años el paso fronterizo y en un planteo ante tribunales internacionales.
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