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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 11/04/2026 11:55
La Universidad Nacional de Salta (UNSa atraviesa una crisis institucional y financiera de alto voltaje tras detectarse que al menos $634.316.754 de fondos públicos fueron administrados por fuera del circuito oficial a través de una fundación privada vinculada a la casa de estudios. El dato surge del Informe General Analítico de Gestión presentado por las actuales autoridades de la UNSa, encabezadas por el rector Miguel Martín Nina y la vicerrectora María Rita Martearena, ante el Consejo Superior, hoy presidido por Angélica Elvira Astorga. Ese documento expone el estado institucional, financiero, académico y administrativo de la universidad durante los primeros meses de la actual gestión y pone bajo la lupa a la gestión anterior, encabezada por el exrector Daniel Hoyos y su vice, Nicolás Innamorato. En ese marco, la revelación abrió la puerta a posibles denuncias penales y sumarios administrativos contra integrantes de la conducción saliente. El rol de la fundación y el origen de los fondos Según el informe, el monto en cuestión se originó en un canon de $200.000.000 proveniente del Banco Patagonia, agente financiero de la universidad, que fue transferido el 1 de agosto de 2023 a la Fundación de Altos Estudios de la Universidad Nacional de Salta (Fundaltes). Ese dinero fue luego invertido en instrumentos financieros, generando intereses por $434.316.754, hasta conformar la cifra total actualmente investigada: $634.316.754. Fundaltes posee personería jurídica independiente, pero está estrechamente vinculada a la UNSa y es conducida, en simultáneo, por quienes ocupan la rectoría, la vicerrectoría y la secretaría administrativa de la universidad. El informe coloca a la fundación bajo un foco de prevención y advierte posibles desviaciones del circuito habitual y deseado de los fondos universitarios. Enfatiza, además, la urgencia de una auditoría profunda, el necesario encuadre legal de su actividad y la implementación de controles más estrictos sobre las fundaciones vinculadas. Para las actuales autoridades, la resolución de este caso se convertirá en un caso testigo sobre transparencia, legalidad y administración financiera responsable dentro del sistema universitario. Ingresos y egresos bajo la lupa De acuerdo con el informe, Fundaltes recibió ingresos por un total de $634.316.754: $200.000.000 provenientes del contrato con el Banco Patagonia para el pago de sueldos (a través de licitación pública) y $434.316.754 generados por renta financiera mediante colocaciones en plazos fijos. En cuanto a los egresos, las salidas de fondos más relevantes estuvieron asociadas a casi $70.000.000 en contratación de pauta publicitaria y a USD 15.000 (abonados íntegramente) por mejoras en la página web institucional, sin que conste recepción final del trabajo, lo que encendió alertas administrativas y de transparencia. El documento remarca que, por la naturaleza y el origen de los fondos derivados de mecanismos institucionales de la universidad, el dinero debió ingresar a las cuentas oficiales de la UNSa y no a la fundación. Por ello, señala una probable irregularidad en el manejo de fondos universitarios por parte de Fundaltes y un posible apartamiento de la política institucional de uso de recursos públicos. Al momento del cierre del informe, se desarrollaba un análisis exhaustivo de los desembolsos realizados por la fundación con el objetivo de brindar información completa sobre las operaciones que implicaron salida de fondos y deslindar responsabilidades. A las luces, creo que sí hubo un desvío de fondos Consultado por el diario El Tribuno, el secretario general de la UNSa, Alberto Mariscal, planteó: La primera observación es por qué ingresó esta plata a Fundaltes y no a la universidad. Yo, a las luces, creo que sí hubo un desvío de fondos, apuntó. Además, señaló la confusión que genera la coexistencia de dos personas jurídicas y la superposición de autoridades entre la universidad y la fundación. Actualmente, las investigaciones buscan establecer la legalidad del trayecto de los fondos y la eventual responsabilidad de la gestión anterior. La auditoría interna fue activada por la propia Universidad Nacional de Salta y se espera su resultado en un plazo estimado de 30 a 45 días, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si existió o no un desvío de fondos. Los movimientos observados, además, chocan con principios fijados en la Ley de Educación Superior. El inconveniente es que, en vez de buscar fondos externos, la fundación tomó -en este caso- fondos de la propia universidad para administrarlos por fuera, señaló al mismo medio Daniel Mansilla Muñoz, titular de Asuntos Jurídicos de la casa de altos estudios. Déficit millonario y una estructura financiera frágil La gravedad del caso se potenció cuando, al asumir el nuevo rector Miguel Martín Nina en mayo de 2025, la universidad informó al Consejo Superior una situación financiera crítica. La disponibilidad en caja y bancos era de apenas $370.721,35, un nivel que amenazaba la continuidad operativa de la UNSa. El déficit estructural proyectado solo en gastos de personal se ubicaba en $3.085 millones para 2025, con riesgo de superar los $4.000 millones en 2026, de acuerdo con el informe publicado en el sitio oficial de la universidad. El déficit acumulado se vincula, entre otros factores, a la continuidad de carreras como Medicina y diversas tecnicaturas con fondos propios, ante la falta de financiamiento nacional específico. Pese a ese cuadro, el Consejo Superior logró aprobar los presupuestos correspondientes a 2025 y 2026 los primeros después de dos años sin ese mecanismo fundamental e implementó medidas excepcionales para asegurar el pago de haberes, como transferencias internas y uso directo de instrumentos financieros. Pagos sin contraprestación y compras sin licitación La auditoría interna identificó, entre los gastos cuestionados, el pago de USD 15.000 a una empresa de Córdoba para el desarrollo de la página web institucional, un servicio que nunca fue entregado, pese a advertencias técnicas previas. Mariscal puntualizó a El Tribuno: ¿Cómo puedo pagar un servicio que no me ha sido prestado nunca? y consideró que los hechos exceden el mal desempeño administrativo, aludiendo a la posible comisión de delitos. Además, la investigación constató que tres vehículos fueron adquiridos sin licitación pública, en infracción a la ley de administración financiera, y registrados a nombre de la fundación a pesar de su uso universitario. De ese modo, la responsabilidad civil recaía sobre la universidad en caso de accidentes o siniestros, pero los activos no figuraban en su patrimonio. Otro caso observado es el de un parque solar de 60 kilowatts, cuya incorporación al sistema energético permanece paralizada y cuyo costo final muestra una diferencia cercana al 50% respecto del presupuesto original. La investigación interna también detectó numerosas rendiciones pendientes, lo que llevó a fortalecer los mecanismos de control y a poner en marcha un Portal de Transparencia Institucional. El gran interrogante y lo que viene El interrogante central por qué los fondos terminaron en la fundación y no en la institución universitaria sigue sin respuesta. Para Mariscal, esa es la gran pregunta, y su resolución dependerá del avance de las auditorías internas y de un eventual accionar judicial que determine responsabilidades políticas, administrativas y, eventualmente, penales.
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