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Parana » Vorterix
Fecha: 10/04/2026 16:03
El presidente Javier Milei avanza en el envío al Congreso de un proyecto de reforma de organismos públicos con el objetivo de retomar parte del recorte que había intentado implementar mediante decretos delegados en 2025, los cuales fueron rechazados por ambas cámaras. La iniciativa se enmarca en la profundización del plan de ajuste estatal que el Gobierno denomina motosierra y que prevé impulsar durante 2026. La redacción del proyecto está a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a sus equipos técnicos. Según trascendió, el objetivo es recuperar por vía legislativa las eliminaciones, fusiones y transformaciones de organismos que habían quedado sin efecto tras la caída de los decretos. Sin embargo, desde el oficialismo anticipan que el nuevo esquema podría incluso ampliar el alcance inicial e incluir más entes. Va a ser una revisión integral, señalaron fuentes del Gobierno, que ya no puede avanzar por decreto debido al vencimiento de las facultades delegadas que habilitaban la reestructuración. Entre las medidas que se habían dispuesto en 2025 figuraban la disolución de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito; la eliminación de organismos como la ARICCAME, el INAFCI y el INASE; y la transformación de entidades como el INTI, el INTA, el INV y el INPI. Tras el rechazo legislativo, el Ejecutivo debió restituir la vigencia de las estructuras previas. La nueva avanzada se alinea con el plan oficial de reducción del empleo público. De acuerdo con el último informe del Ministerio de Desregulación, con datos a febrero de 2026, desde diciembre de 2023 se eliminaron 65.528 puestos de trabajo en el sector público, lo que representa una caída del 13% del total. El mismo documento señala una reducción del 18,5% en la Administración Pública Nacional y del 13% en los organismos descentralizados, que ahora vuelven a estar en el foco del Gobierno. Desde la Casa Rosada sostienen que la revisión apunta a recortar estructuras que consideran superpuestas, sobredimensionadas o de baja productividad, en línea con el diagnóstico planteado en el decreto 462/2025. En el oficialismo prevén que la iniciativa reabra el debate con la oposición, gobernadores y gremios estatales, que ya habían cuestionado tanto el alcance de los cambios como la modalidad de implementación. El rechazo parlamentario del año pasado dejó en evidencia esas resistencias y obligó al Gobierno a dar marcha atrás con parte de las medidas. Por el momento, el Ejecutivo evita precisar una fecha de envío del proyecto, aunque anticipa que será en los próximos meses. La estrategia es ordenar primero otras iniciativas en la agenda legislativa, como la denominada Ley Hojarasca y el paquete de propiedad privada, antes de avanzar con una reforma que promete alta conflictividad política.
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