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Concepcion del Uruguay » La Pirámide
Fecha: 10/04/2026 10:33
Nadie escuchó a este chiquito: fuerte crítica a la Justicia tras la muerte de Ángel y debate por la Ley Lucio El letrado, Mario Aguerrido, sostuvo que el menor habría expresado su rechazo a regresar con su madre biológica y que esa manifestación no fue tenida en cuenta al momento de tomar decisiones sobre su cuidado. En ese sentido, planteó que no se respetó el principio del interés superior del niño, eje central de la legislación vigente. En declaraciones televisivas, Aguerrido trazó un paralelismo con el caso de Lucio Dupuy asesinado en 2021 en La Pampa y remarcó que, al igual que en aquel hecho, habrían existido señales de alerta previas que no fueron abordadas de manera adecuada por las instituciones responsables. La familia está conmovida y este caso nos remite a lo que ocurrió con Lucio. Hay situaciones anteriores que, si se hubieran trabajado de manera seria, no estaríamos lamentando la muerte de este niño, expresó. El abogado puso el foco en las decisiones judiciales que determinaron el cuidado personal del menor y reclamó que se investigue la actuación de los funcionarios intervinientes. Según indicó, este tipo de resoluciones requieren no solo un análisis profundo de cada caso, sino también un seguimiento posterior que garantice el bienestar del niño. En esa línea, cuestionó lo que definió como una falencia estructural en las políticas públicas vinculadas a la niñez. Hay un abandono en lo que tiene que ver con la minoridad, afirmó, al tiempo que advirtió que muchas veces las decisiones se toman sin el acompañamiento necesario de equipos técnicos especializados. Aguerrido también remarcó la importancia de escuchar a los niños en los procesos judiciales que los involucran, más allá de su edad. Evidentemente nadie escuchó a este chiquito. Van a decir que era muy chico, pero existe una ley de protección integral que establece el interés superior del niño, sostuvo, en referencia a la Ley 26.061. Asimismo, insistió en que, tras una decisión de restitución o cambio en el cuidado de un menor, debe existir un seguimiento activo por parte del Estado. Si se toma una decisión de este tipo, tiene que haber un acompañamiento con asistentes sociales, explicó. El debate por la Ley Lucio En paralelo, el caso reavivó la discusión sobre la Ley 27.709, conocida como Ley Lucio, sancionada en 2023 tras el crimen de Lucio Dupuy y orientada a fortalecer la detección temprana de situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes. La norma, cuyo nombre formal es Ley de Creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece la capacitación obligatoria, continua y permanente para agentes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que forman parte del sistema de protección de derechos. El objetivo central de esta ley es que el Estado pueda actuar de manera preventiva, formando a quienes tienen contacto cotidiano con niños para detectar señales de vulneración de derechos, intervenir a tiempo y evitar que situaciones de violencia escalen. Entre sus principios, la ley promueve el respeto a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Ley 26.061, el buen trato, la escucha activa de niños y adolescentes en procesos administrativos y judiciales, y la incorporación de perspectiva de género y diversidades. También impulsa campañas de concientización y mecanismos de seguimiento sobre su cumplimiento. La autoridad de aplicación es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), que puede articular acciones con provincias, municipios y organizaciones sociales para ampliar el alcance de las capacitaciones. Sin embargo, especialistas coinciden en que la Ley Lucio no reemplaza la actuación judicial ni resuelve por sí sola las fallas del sistema, sino que busca evitar la omisión estatal mediante la detección temprana y la intervención oportuna. Un reclamo que vuelve a instalarse La muerte de Ángel vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad del Estado en la protección de la infancia y la necesidad de que las herramientas legales existentes se apliquen de manera efectiva. En ese marco, Aguerrido fue contundente al señalar que el accionar judicial debe ser revisado y no descartó la posibilidad de avanzar en mecanismos institucionales para evaluar la conducta de los funcionarios intervinientes. Finalmente, el abogado subrayó que el problema no radica en la falta de legislación, sino en su cumplimiento. No hay ausencia de leyes, hay ausencia de cumplimiento, concluyó.
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