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» Nova Entre Rios
Fecha: 09/04/2026 19:24
La reforma aprobada en Diputados modifica la protección de hielos y áreas periglaciares y otorga más margen a las provincias en la aplicación de la Ley de Glaciares. El Congreso de la Nación sancionó definitivamente la reforma de la Ley de Glaciares, marcando un cambio de paradigma en la protección de los recursos hídricos estratégicos del país. Con 137 votos a favor en la Cámara de Diputados, la normativa otorga a las provincias una mayor autonomía para decidir sobre la explotación de zonas periglaciares. El punto más polémico de la reforma es que limita la cobertura legal exclusivamente a aquellas formaciones que posean una función hídrica comprobada o relevante, lo que flexibiliza las restricciones para proyectos productivos, especialmente en el sector minero. Uno por uno, los puntos claves de la Ley de Glaciares que aprobó Diputados. Con esta modificación, el Inventario Nacional de Glaciares deja de ser el estándar científico de prohibición absoluta para convertirse en una herramienta de consulta. El IANIGLA ve desplazado su rol central, mientras que las provincias asumen la facultad de acreditar si un área protegida cumple o no con funciones hídricas vitales. Si bien se mantiene el principio precautorio, la protección de los glaciares de escombro y otras geoformas ahora es condicional: si la autoridad local dictamina la ausencia de beneficios hídricos, el área puede ser habilitada para actividades extractivas que antes estaban vetadas por la ley federal. Impacto en el federalismo y riesgos ambientales. El Gobierno defendió la medida argumentando que fortalece el federalismo ambiental y termina con interpretaciones arbitrarias que frenaban inversiones estratégicas. Sin embargo, organizaciones ambientalistas y especialistas advierten sobre el riesgo de una mayor discrecionalidad provincial que podría poner en peligro las reservas de agua dulce en el contexto del cambio climático. Tras la inminente promulgación del Ejecutivo, se espera que el debate se traslade al ámbito judicial, mientras la sociedad civil y la comunidad científica mantienen la guardia alta sobre cómo cada provincia interpretará la función hídrica de sus montañas.
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