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Fecha: 09/04/2026 17:00
La discusión por el uso de los fondos destinados a la infraestructura rural sumó un nuevo capítulo en Baradero, donde la Justicia ordenó al municipio brindar información detallada sobre la recaudación y ejecución de la tasa vial, un tributo clave para el mantenimiento de los caminos rurales. La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata, que estableció un plazo de diez días hábiles para que la administración local presente documentación precisa. Leé también: Un fallo ordena reliquidar la tasa vial en Daireaux y abre un nuevo frente en la provincia de Buenos Aires El fallo obliga a desagregar los ingresos por período fiscal, detallar los gastos ejecutados en obras viales incluyendo contratos y facturas y explicitar los costos operativos vinculados a la recaudación del gravamen. El origen del conflicto se remonta al reclamo de productores agropecuarios del distrito, quienes denunciaron falta de transparencia en el manejo de los recursos. Según sostienen, pese a que la recaudación creció de manera sostenida en los últimos años, los caminos rurales continúan en condiciones críticas, afectando directamente la producción. Un reclamo del campo que llegó a la Justicia Las cifras en juego no son menores. De acuerdo a estimaciones presentadas en la causa, la tasa vial habría generado más de $1000 millones entre 2023 y 2025, con un pico en 2024 tras la suba de alícuotas que alcanzaron hasta el 1,5% del valor de la producción bruta. Este tributo es abonado por los productores de forma trimestral, ya sea mediante boletas municipales o a través de retenciones en acopios. Desde el sector rural aseguran que solo entre el 20% y el 30% de lo recaudado se habría destinado efectivamente a trabajos en caminos. El resto, afirman, habría sido redirigido a gastos generales del municipio, como combustible o sueldos, sin una vinculación clara con la red vial. En paralelo, advirtieron que más de 500 kilómetros de caminos terciarios presentan un estado deficiente, lo que impacta en unas 10.000 hectáreas productivas del partido, donde predominan cultivos como soja y maíz, además de la actividad ganadera. La respuesta del municipio fue rechazar el pedido de información, argumentando razones de reserva administrativa y seguridad fiscal. Sin embargo, la Cámara desestimó estos planteos y recordó que el acceso a la información pública es un principio constitucional. En ese sentido, subrayó que la rendición de cuentas sobre fondos provenientes de contribuyentes no solo es exigible, sino también esencial para garantizar el control ciudadano. El fallo no solo tiene implicancias locales. En distintos puntos de la provincia de Buenos Aires existen tasas similares y reclamos en torno a su utilización, por lo que la resolución podría sentar un precedente relevante. De hecho, no se descarta que el caso impulse nuevos pedidos de acceso a la información e incluso auditorías sobre la gestión de estos recursos. Leé también: Productores se quejan de la suba de los costos y le piden a Milei que siga bajando las retenciones Mientras tanto, el municipio adelantó que apelará la medida ante instancias superiores, lo que podría extender el conflicto en el tiempo. Sin embargo, la orden judicial ya fijó condiciones claras: la documentación deberá incluir no solo montos, sino también la trazabilidad de cada gasto, con detalles sobre contratos, facturas y ubicación de las obras realizadas. La ausencia de datos oficiales actualizados sobre la ejecución presupuestaria refuerza la expectativa en torno a la información que deberá presentarse. Para los productores, el objetivo es concreto: conocer con precisión el destino de cada peso aportado. Para la administración local, el desafío será demostrar que los fondos fueron utilizados conforme a su finalidad. Leé también: Señal exportadora: la carne argentina se muestra en EE.UU. con fuerte respaldo político y empresario En el fondo, la disputa excede a Baradero y pone en debate la transparencia fiscal en los gobiernos locales y el vínculo entre los recursos que aporta el sector productivo y su traducción en infraestructura. En territorios donde el estado de los caminos define costos, tiempos y competitividad, la rendición de cuentas deja de ser una formalidad para convertirse en una condición indispensable del desarrollo.
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