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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 08/04/2026 11:37
El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley de salud mental que estaría en línea con los cambios propuestos en la Ley Bases eliminados en aquel momento durante las negociaciones con la oposición. El texto está guardado de momento en el Ministerio de Salud, a la espera de la opinión del Ministerio de Justicia. Se espera que ingrese a Diputados esta semana o, a más tardar, la que viene. El anuncio lo hizo este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental. Fin, escribió el funcionario que afronta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Fue recién luego de ese mensaje que la cartera sanitaria dejó trascender algunos detalles. El primero es que no iría por la derogación de la ley N° 26.657, conocida como la Ley de Salud Mental, vigente desde hace 15 años. En cambio, buscará modificar los artículos más cuestionados de esta norma, como la internación involuntaria, el cierre de los hospitales especializados o el financiamiento de los servicios de atención y rehabilitación. Como también se proponía en la Ley Bases, el Órgano de Revisión (OR) un cuerpo de abogados que monitorea el cumplimiento de la ley sería reemplazado por un Equipo Interdisciplinario de Salud Mental con mayor presencia de la cartera sanitaria. En la práctica, profesionales se quejaban de que la intervención de los abogados sin conocimiento de los tratamientos ni del manejo de las emergencias o los diagnósticos terminaba por exponer a los pacientes a un mayor riesgo. El proyecto propone ampliar la participación del Ministerio de Salud en el OR al incorporar áreas técnicas, como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar), para fortalecer la supervisión, explicaron fuentes del equipo de Mario Lugones. Otro reclamo al que apuntaría el proyecto tiene que ver justamente con las dificultades para que la población encuentre los servicios que necesita más allá de los principales centros urbanos. Uno de los principales problemas es la falta de aplicación homogénea [de la ley actual] en el país. Solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente. De las 23 provincias, 18 cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación. Esto genera desigualdades en el acceso, especialmente en regiones con menos recursos. La reforma busca garantizar atención en todo el territorio, comunicó la cartera sanitaria. El ministro Lugones ya tenía agendado un encuentro con Adorni en la Casa Rosada. Era este martes por la tarde y la agenda incluía terminar de delinear el proyecto oficial. A media mañana, el jefe de Gabinete se anticipó en redes sociales y Salud debió apurar sus respuestas. En el encuentro se iban a revisar los avances de gestión y el panorama para 2026/2027, incluida la propuesta para salud mental. Según publicó este miércoles La Nación, mientras en el ministerio se atribuyen la redacción, el texto contemplaría propuestas de ONG de familiares, asociaciones profesionales y un proyecto de la exdiputada Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) en el que Salud había mostrado interés. Se relevaron aportes de familiares, pacientes, profesionales y actores del ámbito judicial y legislativo, lo que nos permitió detectar dificultades concretas en la práctica diaria, deslizaron desde Salud. El resultado iría en línea con lo propuesto en la Ley Bases y un proyecto del diputado Álvaro Martínez (La Libertad Avanza; Mendoza). Intervenciones oportunas La ley actual impulsa el cierre de los hospitales psiquiátricos y el traslado a los hospitales generales, pero ese modelo no siempre es viable por las limitaciones de infraestructura, personal y seguridad, señalaron en la cartera sanitaria. Hay 30 instituciones monovalentes públicas y, al menos, 139 privadas, lo que evidencia la necesidad de sostener la internación especializada. Episodios graves en hospitales generales, como el Posadas, Clínicas, Mi Pueblo y El Carmen, reflejan esas limitaciones en casos complejos. En lugar de cerrar instituciones, la propuesta es reforzar una red de atención en salud mental por niveles de complejidad con los hospitales especializados, los servicios en los hospitales generales, los dispositivos ambulatorios, comunitarios y las residencias asistidas, dijeron. En lugar de padecimiento mental, se hablará de trastornos mentales o del comportamiento, como en la Clasificación Internacional de Enfermedades, por precisión diagnóstica y para agilizar la respuesta, sobre todo en las urgencias. El criterio de riesgo alcanza a una situación en la que haya posibilidad de daño para la vida o la integridad física de la persona o terceros. Esto, para Salud, habilitará intervenciones más oportunas y preventivas que con la norma actual. La internación se mantiene como un recurso excepcional, pero un psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria en una urgencia y un equipo interdisciplinario tendrá que ratificarla en no más de 24 horas, con una ventana de notificación judicial de 10 horas y una prórroga de hasta 24 horas. Si la internación es voluntaria, el alta dependerá de la evaluación de la capacidad del paciente. Si no procede, con notificación judicial previa se podrá convertir en involuntaria. Una queja recurrente de los familiares es que no siempre se da esa evaluación y que lo que el paciente quiere no siempre es lo mejor para su bienestar o su recuperación. Expectativa en el Congreso En el Congreso, tras el anuncio, el oficialismo confía en que, con los bloques aliados, se aprobará la modificación de la Ley de Salud Mental. Hasta ahora, cualquier intento de cambio tropezaba en la Comisión de Acción Social y Salud Pública. La mayoría entendemos que es un proyecto necesario porque la ley actual tiene muchas falencias y un Estado que llega tarde, dijo el diputado Martínez. Consideró que hay que darle agilidad a la ley y ampliar los centros de atención con los hospitales generales y especializados. Más del 45% de la población tiene algún tipo de trastorno emocional o psicológico, con una demanda de atención psiquiátrica y psicológica que no para de crecer, argumentó la exdiputada Campagnoli en junio del año pasado al proponer la declaración de la emergencia nacional en salud mental. Hace una semana, ingresó a la Legislatura bonaerense un proyecto de tres legisladores con la misma propuesta para la Provincia. Fue a los pocos días de que un alumno ingresara con un arma a una escuela de San Cristóbal, en Santa Fe, causara la muerte de un compañero e hiriera a otros dos. Hugo Cohen, autor del libro Al margen de la ley de salud mental: crónica de su implementación en Argentina, opinó ante el anuncio oficial que el problema no es la norma, sino las dificultades en su aplicación. Puso, como ejemplo, la demora en la organización de servicios de salud mental de segundo nivel, su integración al primer nivel de atención y los hospitales generales, con el reemplazo progresivo de los hospitales monovalentes o de especialidad. La ley careció de presupuesto; faltaron datos, cifras e indicadores que reflejen de manera básica y continua la situación de la salud mental en el país (solo hubo un censo de las personas internadas en instituciones psiquiátricas y se hizo uno solo en 208) o, recién a finales de 2023, se constituyó un grupo de universidades para cumplir con la obligatoriedad de la actualización en la formación del equipo de salud y de especialistas, enumeró ante la consulta. Muchos profesionales desconocen cómo proceder ante una persona en crisis, lo que colaboró con el falso concepto de que la ley no permite internar, agregó el psiquiatra, que fue asesor subregional en salud mental de la OPS/OMS para América latina entre 2000 y 2015. Atribuyó a esas fallas que muchas familias se encuentren sin respuesta, que no encuentren dónde pueden ser atendidos sus hijos. Una suma de falta de recursos materiales (atención en las guardias, camas en los hospitales generales, centros de rehabilitación y hospitales de día y de noche) y carencias en la actualización de la formación profesional por ley que alcanzan a diversos sectores de la comunidad, como al personal de la salud en general, maestros, fuerzas de seguridad e iglesias, que requieren de apoyo psicosocial y no lo reciben, finalizó Cohen.
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