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Parana » InfoParana
Fecha: 08/04/2026 00:05
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) formalizó ante la Justicia provincial una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 500/26 del Poder Ejecutivo. El gremio denuncia que la norma incluye sumas «en negro» en la pauta salarial, una práctica explícitamente prohibida por la Constitución de la provincia. La presentación judicial busca que se declare la invalidez del carácter «no remunerativo» de los incrementos dispuestos bajo los conceptos de FOPID y Conectividad. Según el sindicato, esta maniobra del Gobierno desvirtúa la estructura salarial y desprotege el sistema de seguridad social. Los puntos clave del reclamo La demanda de AGMER no se limita únicamente al blanqueo de los montos, sino que exige el cumplimiento de las obligaciones patronales y el respeto a la movilidad jubilatoria: - Aportes a la Seguridad Social: Se demanda el envío inmediato de los fondos correspondientes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y a la obra social OSER en concepto de aportes patronales. - Defensa del 82% móvil: El gremio exige que se abone a los trabajadores pasivos los montos proporcionales por movilidad sobre los rubros FOPID y Conectividad (CPC), garantizando el derecho constitucional de los jubilados. - Rechazo a la unilateralidad: El Decreto 500 fue emitido por el Ejecutivo luego de que las propuestas salariales fueran rechazadas por todos los sindicatos en el ámbito paritario. Un decreto bajo la lupa constitucional Desde la AGMER señalaron que la decisión de fijar aumentos de manera unilateral no solo ignora la negociación colectiva, sino que incurre en una ilegalidad manifiesta. »La inclusión de montos en negro contradice lo establecido por la Constitución provincial y se encuentra lejos de brindar una respuesta real a la urgente necesidad de recomposición salarial de la docencia», afirmaron desde la conducción gremial. Con este movimiento judicial, el conflicto docente escala un nuevo peldaño, trasladando la disputa de las mesas de negociación y las calles a los despachos del Poder Judicial, donde se deberá determinar la legalidad de la ingeniería salarial propuesta por el gobierno de la provincia.
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