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» La Nacion
Fecha: 07/04/2026 17:45
La Justicia investiga a exfuncionarios del PAMI y empresarios de la salud por montar una red para facturar prestaciones inexistentes Operaban en filiales del conurbano bonaerense; se estima que entre 2016 y 2020 se hicieron con más de 500 millones de pesos; un fiscal pidió a la jueza Arroyo Salgado que los cite a declaración indagatoria - 7 minutos de lectura' Una estructura delictiva funcionó durante al menos cuatro años para desfalcar al PAMI. Actores privados, intermediarios operativos y funcionarios públicos formaron lo que la Justicia investiga como una asociación ilícita para, de forma sistemática, extraer recursos de la obra social de los jubilados, lavar el dinero y pagar coimas. Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, la maniobra tuvo lugar entre 2016 y 2020 en filiales del PAMI del Gran Buenos Aires. No fueron episodios aislados, sino que se montó un esquema sostenido que articuló la captación de pacientes, la manipulación de registros médicos y la facturación de prestaciones inexistentes o infladas. El entramado se encuentra bajo investigación en la Fiscalía Federal N.º 2 de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez. En sus últimas medidas, el fiscal se concentró en el grupo de personas involucradas en el Centro de Salud Norte de Villa Adelina y el Sanatorio Mariano Pelliza, clausurado en 2020 por acusaciones de propagación dolosa del Covid-19. Se trata de un caso que se repite casi idéntico -y se investiga- en otros municipios del conurbano. Los funcionarios imputados ya no forman parte de la estructura del PAMI, que realizó sus propias auditorías internas. A su vez, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado debe fijar las fechas de las indagatorias solicitadas por el fiscal Domínguez. En este caso, aparecen tres nodos de imputados: funcionarios del PAMI, los dueños de una empresa llamada Rophe S.A. (Benjamín Teitelbaum y Viviana Knhol) y el grupo familiar Cerezo (José, Alexis y Mónica Bertoni). Las fuente consultadas precisaron que dos de los exjefes del PAMI imputados formalmente son Pablo Lera, en ese entonces director de la Unidad de Gestión Local (UGL) VIII de San Martín y Nicolás Siseles, asesor del organismo. Todos están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado mediante la simulación de prestaciones médicas y sobrefacturación de días de internación inexistentes. Esta maniobra, que operó entre 2016 y 2020, incluía una oficina de derivación paralela para captar pacientes y el lavado de activos a través de la firma de fachada Rafael Arcángel S.R.L. y el uso de facturas apócrifas, destinando además una porción de las ganancias al pago de sobornos o retornos millonarios a funcionarios públicos para garantizar la continuidad del esquema. Cómo operaban La defraudación se materializaba principalmente a través de la sobrefacturación y la carga de conceptos ficticios en el sistema interactivo de PAMI. Es decir, se indicaba que un paciente había recibido tratamientos o medicamentos inexistentes. Para facilitar este proceso, la familia Cerezo diseñó un sistema informático denominado SIRA (Sistema Interactivo Rafael Arcángel), que permitía migrar datos de forma masiva y cargar prestaciones que nunca se habían realizado. Las auditorías posteriores revelaron inconsistencias alarmantes en las historias clínicas de los pacientes. En una muestra de 188 casos analizados de un universo de más de 2500, se detectaron 123 expedientes con irregularidades graves en la facturación de días de internación en terapia intensiva (UTI) o unidad coronaria (UCO). Los pacientes figuraban internados en camas de alta complejidad cuando, en realidad, se encontraban en salas comunes con costos operativos mucho menores, o incluso ya habían sido dados de alta. La operatoria requería una capa intermedia que permitía intervenir sobre los circuitos administrativos y garantizar volumen en la derivación de pacientes. Ese rol lo cumplía la familia Cerezo, encargada de gestionar los vínculos con funcionarios, diseñar los mecanismos de carga de datos y coordinar la operatoria diaria. Uno de los dispositivos centrales fue la creación de una oficina paralela de derivación de pacientes que operaba por afuera de los canales formales del PAMI. Esta estructura funcionaba de manera permanente y permitía direccionar afiliados hacia los sanatorios involucrados, alterando el sistema de asignación. Las comunicaciones relevadas en la investigación más de 15.000 entre llamadas y mensajes evidencian que las decisiones sobre el destino de los pacientes no respondían a criterios médicos, sino a la conveniencia económica del esquema. A través del mecanismo SIRA, se registraban internaciones en unidades de terapia intensiva o coronaria que no se correspondían con la realidad clínica de los pacientes. Auditorías posteriores detectaron que, en una muestra de 188 casos, 123 presentaban irregularidades graves, con pacientes que figuraban en camas de alta complejidad cuando en realidad estaban en salas comunes o incluso ya habían sido dados de alta. La sobrefacturación no se limitó a internaciones. También incluyó estudios y prácticas médicas. Se documentaron casos en los que se facturaron decenas de electrocardiogramas, sesiones de kinesiología o procedimientos complejos sin respaldo en historias clínicas. La manipulación de estos registros era parte del funcionamiento regular: empleados administrativos, sin formación médica, modificaban los datos para ajustar la facturación mensual a los objetivos económicos de la organización. El tamaño del desfalco El volumen económico del esquema fue significativo. Solo en el concepto de días de terapia intensiva facturados en exceso, el perjuicio estimado supera los $512 millones a valores actualizados a enero de 2026. A esto se suman las prácticas individuales infladas o ficticias, lo que amplía el impacto total sobre los recursos del sistema de salud destinado a jubilados y pensionados. Para sostener la operatoria, la estructura incluía el pago de retornos a funcionarios del PAMI. Estos pagos, que representaban entre el 3% y el 5% de la facturación, garantizaban la continuidad de los contratos, la falta de controles efectivos y la validación de las prestaciones cargadas. La existencia de estos pagos quedó registrada tanto en comunicaciones como en anotaciones contables informales. El circuito se cerraba con el lavado de los fondos obtenidos. Para ello se utilizó una empresa de fachada, Rafael Arcángel S.R.L., a través de la cual se emitían facturas por servicios inexistentes para justificar el origen del dinero. También se incorporaban facturas apócrifas de otras firmas, con el objetivo de alimentar una caja paralela destinada tanto al pago de sobornos como al enriquecimiento de los integrantes de la estructura. La organización, además, contaba con cobertura legal interna. Una abogada vinculada al grupo intervenía en el diseño de estrategias para afrontar auditorías o eventuales investigaciones, lo que permitía ajustar la operatoria y reducir riesgos. Este componente evidencia que el esquema no solo estaba orientado a maximizar ganancias, sino también a sostenerse en el tiempo. En el plano judicial, el fiscal federal a cargo de la investigación solicitó la indagatoria de los principales involucrados y la ampliación de declaraciones para quienes ya estaban imputados. En su última medida, se solicitó sobre 29 personas. La acusación sostiene que existen elementos suficientes para considerar la existencia de una asociación ilícita orientada a defraudar al Estado mediante la simulación de prestaciones médicas y el desvío de fondos públicos. Los delitos imputados incluyen fraude a la administración pública, lavado de activos agravado, cohecho activo y pasivo e incumplimiento de deberes de funcionario público. La causa avanza ahora sobre la base de esa reconstrucción, con un volumen probatorio que incluye comunicaciones, registros contables, auditorías médicas y documentación administrativa, y con el objetivo de determinar las responsabilidades individuales de las personas investigadas por la Justicia.
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