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» Clarin
Fecha: 07/04/2026 17:35
El abismo político que separa a Axel Kicillof de Javier Milei obstruye hasta los proyectos que -en un principio- asoman como ventajosos y con beneficios extendidos. La restauración de más de 1.300 kilómetros de las rutas nacionales más transitadas (y deterioradas) de la Provincia quedó en medio de estos tironeos y un plan que contempla más de $ 170.000 millones de inversión puede terminar en un litigio que demore o postergue obras que impactarían sobre millones de bonaerenses. En febrero de este año, el Gobierno Nacional llamó a licitación pública para concesionar 2.500 kilómetros de rutas nacionales, como parte del proceso de privatización de la Red Federal de Concesiones. La medida quedó registrada en la Resolución 112/2026 publicada en el Boletín Oficial y alcanza a corredores estratégicos en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis. Kicillof encontró una veta para una jugada de casín, una carambola a dos bandas. Presentó a la empresa vial estatal Aubasa, que administra casi 1.000 kilómetros de autopistas y carreteras (la Autovía 2 y la Buenos Aires-La Plata) como una de las oferentes. El Estado no se retira de su rol de sostener la infraestructura provincial, fue el argumento que contrapuso al slogan libertario que sostiene el lema obra pública Cero. Y completó los formularios para competir con una decena de empresas privadas del sector construcción/vialidad. Si la oferta resulta ganadora, la Provincia tendrá que constituir una nueva Aubasa o una Aubasa II, según explicó a Clarín, el presidente de la compañía, José Arteaga. Pero en el medio pasaron cosas. Para las autoridades nacionales y para el ministro de Economía, Luis Caputo, a cargo del proceso, no resultaría conveniente que una firma estatal se hiciera cargo de una concesión que otorga el Estado. Contradice los principios del relato oficial. El Gobierno trabaja para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos, difundió en redes Caputo cuando se llamó al concurso. En territorio bonaerense, la licitación incluye tramos de alto tránsito y relevancia regional: la ruta nacional 5, desde Luján hacia el límite con La Pampa; la ruta 205, entre Cañuelas y Bolívar; y la ruta 3, desde Cañuelas hasta Bahía Blanca. También figura la ruta 226, entre Bolívar y Mar del Plata, y el denominado Acceso Sur, que comprende las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas. Esos tramos quiere incorporar Kicillof a la administración de Aubasa. Se hicieron las propuestas técnicas, se compraron los pliegos y se presentó en tiempo y forma. Sin embargo, la Provincia denuncia que cambiaron las reglas en medio del partido. Según una presentación realizada por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, entre diciembre y febrero se emitieron al menos cuatro circulares que alteraron las condiciones originales, incluida una modificación sin consulta a pocos días del cierre que incorporó nuevas exigencias técnicas y económico-financieras. El Gobierno nacional modificó las condiciones de la licitación a una semana del cierre. Introdujo nuevas exigencias. Es un proceso que presenta arbitrariedades, afirmó, y remarcó que se cambiaron las reglas de juego en un plazo que obligó a reformular ofertas en tiempos exiguos. Katopodis plantea que no es un proceso transparente y sugiere que podría haber intenciones de favorecer a algún grupo económico. El gobierno provincial envió una nota a Caputo en la que pide la intervención de la Defensoría del Pueblo de Nación y bonaerense para garantizar la transparencia del trámite. Buscan un arbitraje para evitar desvíos. En la Gobernación incluyen esta maniobra en el contexto de hostilidad política y financiera que ejerce el gobierno de Milei. Katopodis reiteró que Aubasa cumple con todos los requisitos, tiene experiencia comprobada y presenta la mejor propuesta técnica y operativa. Desde hace un año y medio (cuando Kicillof permitió actualizar tarifas) la empresa tiene superávit con indicadores de servicio de primera calidad y que reinvierte todos sus ingresos en obras, según el ministro. Compite con consorcios liderados por actores históricos del negocio: Benito Roggio, José Chediak, Vial Agro, Supercemento S.A. IEB-Dycasa o Clear Petroleum, que se expandió a partir de inversiones en Vaca Muerta. La propuesta de Nación prevé la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de corredores. Además, la prestación de servicios al usuario y el desarrollo de explotaciones complementarias para generar ingresos bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, tal como lo establece la Ley 17.520. Antes de habilitar cabinas de peajes (y de definir el valor de los tickets) el ganador debería invertir, en los primeros dos años, más de U$s 120 millones. A cotización de hoy, más de $ 170.000 millones. La Provincia tiene autorizado un endeudamiento en dólares para financiar obras que ejecuta Aubasa. Debería salir al mercado a buscar esos fondos. La controversia por la concesión de rutas bonaerenses excede el litigio administrativo. Es un capítulo más de la disputa en todos los frentes que tiene en rincones opuestos a Milei y Kicillof. Sobre la firma Newsletter Clarín
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