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Concordia » Hora Digital
Fecha: 06/04/2026 22:44
El intendente de Morón, Lucas Ghi, advirtió sobre un grave deterioro social y económico en el conurbano bonaerense, afirmando que lo que veo es una situación de implosión más que de explosión. En una entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil, describió un escenario marcado por la crisis del empleo, una capacidad de consumo severamente restringida y un entramado productivo golpeado, donde son cada vez más los comercios que bajan las persianas. Ghi señaló que esta situación genera una crispación al interior de cada seno familiar, con episodios de angustia, violencia e incertidumbre cotidiana, subrayando que el impacto es tanto económico como social. Lucas Ghi es licenciado en Ciencias Políticas por la UBA, periodista, docente y político. Actualmente ejerce su segundo mandato consecutivo como intendente de Morón, tras ser reelecto en octubre de 2023. Anteriormente, ya había ocupado el cargo entre 2009 y 2015, sucediendo a Martín Sabatini. El intendente explicó que la crisis de empleo en el conurbano es más aguda que en otras regiones del país, afectando especialmente a la industria manufacturera. Destacó que la capacidad de consumo está severamente restringida y que la desregulación del comercio exterior, con un aumento en las importaciones, golpea aún más la producción local. Esta combinación genera un aumento de la conflictividad y la tensión social que se percibe día a día. En Morón, señaló que se revirtió una tendencia histórica positiva: ahora son más los comercios que cierran que los que se abren, y estimó que entre 280 y 300 pymes del distrito han dejado de producir o reducido significativamente su actividad. Ghi también analizó el impacto de las políticas sociales y laborales actuales, señalando que no hay medidas que defiendan el mercado interno ni la capacidad de consumo de los sectores populares. Destacó que, aunque existe un piso de protección social con asignaciones universales, jubilaciones y pensiones, la situación en términos de ingresos por trabajo registrado o no registrado es cada vez más preocupante. En este sentido, comparó la actualidad con la crisis de 2001-2002, cuando no existían estos mecanismos de protección social, y señaló que hoy la informalidad y el trabajo por aplicaciones funcionan como un amortiguador que antes no existía. En relación con el empleo a través de plataformas digitales, Ghi mencionó la inauguración reciente de un centro de descanso para trabajadores de aplicaciones en Morón, donde operan alrededor de 1.200 personas de una sola marca, mientras que a nivel nacional hay unas 250.000 personas esperando ingresar a estas plataformas. Sin embargo, advirtió que se está dando una situación compleja, con más demanda para trabajar y menos trabajo disponible, lo que genera que los algoritmos limiten la entrada de nuevos trabajadores para mantener la rentabilidad. Esta dinámica, junto con la caída del consumo, agrava la precarización laboral. Consultado sobre el riesgo de que se repitan situaciones similares a las crisis sociales de 2001 y 2002, Ghi afirmó que no descarta nada, aunque aclaró que no cree que los procesos se repitan de manera lineal. Definió la situación actual como una implosión social caracterizada por violencia familiar, angustia, depresión, consumo de sustancias y conflictos intrafamiliares y comunitarios. Sin embargo, advirtió que esta crisis social aún no encuentra una canalización política clara, y destacó la responsabilidad de los dirigentes en representar estas frustraciones y ofrecer alternativas programáticas para superar el actual rumbo en las próximas elecciones. Sobre el impacto de la caída de la recaudación provincial, que en algunos momentos llega al 8 o 10%, Ghi explicó que afecta significativamente la gestión municipal, ya que muchas políticas públicas dependen de recursos coparticipados. Indicó que tuvieron que reformular sus planes de gobierno debido a esta situación y a la convivencia con un gobierno nacional con concepciones opuestas. Señaló que la falta de respeto por el financiamiento de intervenciones garantizadas por ley, como seguridad e infraestructura, reduce la previsibilidad y dificulta la gestión. En particular, lamentó que la inversión en obra pública es mucho menor que en años anteriores, lo que complica aún más la situación para los municipios.
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