05/04/2026 20:34
05/04/2026 20:34
05/04/2026 20:34
05/04/2026 20:34
05/04/2026 20:34
05/04/2026 20:34
05/04/2026 20:33
05/04/2026 20:33
05/04/2026 20:33
05/04/2026 20:33
» Clarin
Fecha: 05/04/2026 18:45
PASO sí, pero no para presidente El Gobierno puso en órbita un proyecto para eliminar las PASO a presidente, pero no las de legisladores nacionales. La idea que circula entre quienes tienen la tarea de formular el proyecto de reforma electoral sostiene que la fórmula presidencial es de interés de los partidos nacionales que tienen líderes que no necesitan someterse a examen en elecciones primarias. Hoy los dos únicos partidos que tienen candidatos presidenciales en carrera son el oficialismo de La Libertad Avanza, que lo tiene ya en carrera a Javier Milei, y el PRO, donde se ha anotado el exministro Esteban Bullrich. ¿Se animaría alguien en esos dos partidos a plantearles una PASO y sacarlos de la cancha? Los demás partidos, tan fragmentados como el oficialismo, están enredados en disputas que creen que podrían resolver con unas PASO. El peronismo, que en las últimas elecciones presidenciales ganó la primera vuelta, creó las PASO, pero nunca las ha practicado para la fórmula presidencial. Peronismo es sinónimo de lista única. Mantenerlas para diputados y senadores nacionales y del Mercosur podría convenirles a los partidos que creen que con unas PASO podrían ordenarse hacia adentro. Ojo que si hay desacople, la elección de presidente debería ser en los tiempos que establece la Constitución (60 días antes de la asunción), pero las de legisladores nacionales podrían ser en cualquier otra fecha del año. Puede convenirles a fuerzas provinciales que no quieren quedar enganchadas a la dialéctica nacional. Por lo menos, salvar la plata Que no haya PASO le interesa hoy primordialmente al oficialismo. Proponen que, en caso de quedar vigente, se incluya en la Boleta Única el tilde que le permite al sufragante votar la lista completa del partido. Es una manera de aprovechar el efecto arrastre de un frente prestigioso para ese partido. La idea del Gobierno es llevar a Diputados un proyecto de reforma electoral después de la aprobación de la ley de glaciares, que puede ocurrir entre miércoles y jueves de esta semana. Según ha dicho el ministro Diego Santilli, de cuya cartera depende esta materia, el proyecto del Gobierno es derogar definitivamente las PASO. Dudan de que haya votos suficientes para hacerlo, pero se conformarán con una suspensión o este desacople de categorías para eliminarlas para presidente y dejarlas para otras categorías. Es lo único que les interesa. Lo demás es conversable. Si siguieran existiendo las PASO para diputados y senadores, los partidos seguirán recibiendo los fondos para hacer las primarias. El Gobierno sabe que sin PASO no hay impresión de boletas y no hay fondos para los partidos. Pero con el desacople seguiría el flujo. La idea del Gobierno es que se levanten los topes para los aportes privados y que disminuya el gasto del Estado en estas cuestiones. Desacople, pero al revés El experto Alejandro Tullio, que fue director nacional electoral de varios gobiernos, sostiene la posibilidad de que el desacople sea al revés. Que se hagan PASO para presidente y que las listas de legisladores nacionales se hagan respetando por porcentajes que sacó cada agrupación según mayorías y minorías. Tullio, que tiene el cargo de secretario Electoral Permanente de la Provincia de Chubut, imagina que "la integración de la fórmula se haría después de las PASO y en función de sus resultados, y las listas de cada provincia serían en función del resultado obtenido por cada precandidato presidencial en la respectiva provincia". Y sigue: "Tendrían que participar todos los candidatos, aunque no tengan competencia interna y debería mantenerse la necesidad de obtener en esas primarias presidenciales un número mínimo de votos a nivel nacional para poder presentar candidatos como el actual 1,5%, lo que contribuiría a reducir el problema físico de una boleta en donde estén habilitados para competir potencialmente 45 partidos". Cambiar la reglas no te cambia el destino La incertidumbre alimenta las fantasías estratégicas, algo muy a la mano en la Argentina. Es un país acostumbrado a que los gobiernos toqueteen las normas electorales para acomodarlas al oficialismo de turno. Sin embargo, es un prejuicio creer que el reglamento, o las campañas, o los mensajes periodísticos, pagados por algún protagonista o una célula dormida rusa, pueden torcer el rumbo del voto. La grilla electoral de la Argentina suele repetir, década tras década, que la intención del electorado se concentra en bloques más o menos inamovibles. El peronismo y el no peronismo -sea donde se ubique esta familia política- se dividen el porcentaje más alto de votos, comparten una agenda moderada, y huye de los extremismos, aunque el sistema padece de la tormenta de la polarización que irradia a la vida pública de todo Occidente. Un gobierno que busque modificar el reglamento produce más incertidumbre, y eso lo debilita, porque transmite el mensaje de que cree que puede perder si no amaña las normas electorales. La oposición, por su lado, cuando quiere exhibir las debilidades del oficialismo, también pone en circulación leyendas sobre cambios electorales. Pueden ser las amenazas de sacar por esta vez o para siempre las primarias PASO, juguetear con el financiamiento del Estado, o manipular las fechas electorales. La fantasía de adelantar las fechas La prueba más reciente que tiene la Argentina sobre esto último la dieron las elecciones de 2009. El gobierno de Cristina adelantó las elecciones legislativas, puso a Néstor a la cabeza de la lista de diputados por Buenos Aires, y recibió una paliza a manos de Francisco de Narváez, un chango más que venía de la nada política y después disparó de vuelta a la nada política. Solo quedó en la historia como uno de los pocos empresarios que le pudo sacar votos a la plata, otra excepcionalidad del planeta político argentino. ¿Qué buscaba el adelantamiento de los Kirchner en 2009? Aprovechar un momento que creían de bonanza, pero que podría disiparse con el paso del tiempo hasta la fecha de las elecciones. No es lo que le pasó a Néstor Kirchner ese año. Creyeron que el buen momento los haría ganar, y les salió el tiro por la culata. ¿Es imaginable que eso le ocurra al actual gobierno? Difícil, porque si adelanta con ese criterio no solo habilitaría una relojería resbaladiza e incontrolable; también estaría admitiendo que el tiempo que viene es peor que el actual y estaría cavándose la propia fosa. Según la Constitución, las elecciones a presidente se hacen en una fecha determinada e inamovible. Deben hacerse dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio (art. 95°). Ninguna ley y mucho menos un decreto podría ordenar que se haga antes de esa fecha, prevista en 2027 para el 10 de diciembre. Lo único que podría hacer cambiar esa fecha sería que el presidente y la vicepresidente renunciasen al cargo y asumiese alguno de los altos cargos de la línea de sucesión (presidente provisional del Senado, de la Cámara de Diputados o de la Suprema Corte). En este caso deberían llamar a elecciones. Un escenario muy fantasioso. Glaciares: gobernadores pasan a cobrar En medio de las albricias pascuales, uno de los ministros encargados de atender el final de la ley de glaciares la definió en estos términos: "Es una ley que todos quieren que salga, pero nadie quiere aparecer votándola". Encierra una característica del debate político, que es armonizar la contradicción y lograr un imposible matemático como la cuadratura del círculo. Los gobernadores de las provincias con intereses mineros pasan esta semana a cobrar la factura pendiente por el apoyo que le dieron al gobierno para aprobar la ley de reforma laboral. Este martes el oficialismo aspira a dar dictamen al proyecto de reforma de la ley de glaciares, que les traslada a las provincias las facultades para resolver qué proyectos se pueden desarrollar en zonas de glaciares. Es una ley en beneficio de las provincias con recursos mineros cordilleranos, que están comprometidos en una norma anterior de protección de esas zonas como proveedoras de agua. La Nación está interesada de manera simbólica, porque es una norma pronegocios que aparece en el book de la Argentina como destino de inversiones. Si existen más facilidades para la actividad minera, mejora la calificación. Cordilleranos vs. Hídricos Pero los intereses concretos de los gobernadores están por encima de lo simbólico. Hay provincias como Mendoza o San Juan cuyas administraciones creen que les cambiaría la vida si les dejan decidir por las suyas en dónde se puede explotar la minería y dónde no. Este martes las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Medio Ambiente han citado para dar dictamen, de manera de llevar el tema al recinto este miércoles o jueves. Esas convocatorias están rodeadas de misterio. Se espera que en ese plenario hagan su aparición los gobernadores que quieren las reformas porque pertenecen al espacio de las provincias cordilleranas. Deberían ir, como han prometido, a dar sus argumentos. Pero pueden aparecer los contradictores que pertenecen a las provincias con cuencas hídricas, que podrían verse afectadas por la contaminación de la actividad. Por eso las dos convocatorias no mencionan la agenda que tratarán. El temor de Martín Menem es que este asunto convoque a ligas ambientalistas y que se complique el orden público. El cálculo más optimista del oficialismo dice que la puede sacar por 134 votos, pero ese número depende de que no se complique el equilibrio que cubre el pacto de base: las provincias cordilleranas, algunas de ellas peronistas, apoyaron la reforma laboral a cambio de que les concedieran la reforma ambiental. Última parada, Tribunales Toda cuestión ambiental está rodeada siempre de extremismo. Luchar por el medio ambiente es luchar por la vida y los debates ambientales fomentan siempre los maximalismos. La prudencia de los gobiernos se pone en juego cuando se discuten estos temas. Ya costó bastante que saliera la actual ley, cuando gobernaba el peronismo extractivista del matrimonio Kirchner. Si el Gobierno nacional estaba interesado en que se amplíen las inversiones mineras, pudo eludir el replanteo de esta ley y redactar una reglamentación más laxa para la actividad. Pero prefirió monetizar el asunto canjeándolo por el voto para la reforma laboral. El Gobierno nacional la sacaba barata, porque esta ley no será de fácil aplicación. Se prevé que, como la reforma laboral, termine hundiéndose en los tribunales. La Suprema Corte de Justicia tiene antecedentes y jurisprudencia en la protección de los recursos naturales y especialmente del agua, que es lo que defienden los ambientalistas y las provincias con cuencas hídricas contaminables, como Buenos Aires y La Pampa. El juez Ricardo Lorenzetti ha desarrollado una carrera como experto en derecho ambiental y ha acuñado consignas como el "in dubio pro aqua", latinajo que expresa que lo primordial no es cuidar la minería, sino asegurar el agua y sus fuentes, que son los glaciares. Sobre este destino judicial advirtió la exdiputada peronista Graciela Camaño, experta también en derecho ambiental, cuando expuso en la audiencia convocada por la comisión de Diputados en la última semana de marzo: Este proyecto -advirtió- cuyo objeto no es la minería, sino el ambiente, claramente viola el artículo 41 de la Constitución Nacional. Pretende transformar una ley que tiene características científicas, de protección mínima uniforme para todo el territorio de los reservorios de agua dulce, en una ley de carácter político donde cada provincia va a definir qué ambiente periglaciar va a proteger o no, conforme a su explotación minera. El principal negociador del Gobierno con los gobernadores dijo en la noche del domingo: "Va a salir aprobada, ajustado, pero sale". Pero ojo, la exdiputada Camaño ha estado instruyendo a diputados de varios bloques que confían en su predicamento en estos temas, que llegan a la sesión del miércoles o jueves sin tener decidido el voto. Sobre la firma Newsletter Clarín
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por