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Fecha: 05/04/2026 18:14
El Gobierno abrió una nueva discusión interna sobre el futuro de la reforma del Código Penal, lo que dilatará su envío al Congreso. El eje del debate en el Ejecutivo pasa por definir si avanzan con un paquete parcial de modificaciones centrado en nuevos delitos y endurecimiento de penas o si intentan llevar a la Cámara de Diputados una propuesta más amplia sobre el texto que quedó en revisión tras la salida de Mariano Cúneo Libarona y la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. La definición se terminará de ordenar en las próximas reuniones de la mesa política. El sector integrado por Mahiques, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y Eduardo Lule Menem, entre otros, empuja la idea de enviar una parte de la reforma y avanzar por etapas. La lógica es priorizar lo que consideran más viable en términos políticos y parlamentarios, sin abrir al mismo tiempo todos los frentes de discusión que arrastra una reforma completa. En esa alternativa acotada quedarían incluidos varios de los cambios que la Casa Rosada ya empezó a trabajar como transición sobre el código vigente. Entre ellos figuran la tipificación específica de delitos como las estafas piramidales, los crímenes de viudas negras, las salideras, las entraderas y los motochorros, junto con el endurecimiento de penas para grooming, abuso sexual infantil, picadas callejeras, tenencia de armas en cárceles y maltrato animal. También aparecen en ese paquete las modificaciones vinculadas a delitos migratorios, con figuras para castigar el ingreso ilegal, el fraude migratorio y la reincidencia de extranjeros deportados. En Balcarce 50 explican que la discusión no pasa solo por la cantidad de artículos, sino también por el tipo de temas y la secuencialidad de su envío. En el oficialismo reconocen que la idea de un esquema por partes busca concentrarse primero en delitos que entienden que tienen mayor consenso social y menor resistencia legislativa. La apuesta es mostrar una agenda de endurecimiento penal enfocada en seguridad urbana, protección de víctimas y nuevas modalidades delictivas, sin empantanar el trámite con debates más amplios. Del otro lado, sectores alineados con Santiago Caputo buscan que el envío al Congreso sea más ambicioso y reúna una mayor cantidad de modificaciones. Esa postura plantea que fragmentar demasiado la iniciativa puede licuar el impacto político de la reforma y extender indefinidamente la discusión de puntos que el Gobierno considera centrales. En ese lote más amplio aparecen temas sensibles, como el tratamiento penal de la corrupción, los cambios en lavado de dinero y otros capítulos que habían formado parte de los borradores previos. En ese plano se concentra una de las mayores tensiones internas. En los últimos días hubo ruido en el oficialismo por la supuesta falta de suba de penas para delitos de corrupción y por versiones sobre una posible reducción relativa del peso de esos delitos dentro del nuevo esquema. Leé también: El Gobierno lanzará dos bonos para cubrir US$1000 millones de la deuda que vence en julio La discusión también alcanzó a los cambios en lavado de dinero, donde algunos borradores bajo análisis elevan el umbral para que ciertos hechos sean punibles. En Nación aseguran que nada está cerrado, pero admiten que esos puntos están entre los más sensibles de la negociación política y técnica. La disputa también atraviesa otros capítulos que quedaron bajo revisión con el cambio de conducción en Justicia. En el oficialismo reconocen que fueron perdiendo prioridad, al menos por ahora, debates de alto voltaje político como el aborto, el femicidio, la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, los delitos de lesa humanidad o algunos aspectos penales vinculados al medio ambiente. La pulseada seguirá además en la Secretaría de Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzabal, el área que debe revisar la redacción final, habilitar la documentación y elevarla a la firma de Javier Milei. En esa área se terminará de ordenar qué texto avanza, bajo qué formato y con qué alcance. En sectores neutrales del oficialismo repiten que la definición se tomará en los próximos días y que todavía no hay una versión cerrada. Es por eso que mantienen en suspenso el envío de la reforma y siguen discutiendo no solo cuándo presentarla, sino también qué parte del Código Penal está dispuesto a poner en juego ahora.
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