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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 05/04/2026 08:23
Marcelo Colombo lava los pies de personas con discapacidad en el cottolengo de Mendoza. Sergio Rubin Si bien los obispos admiten la importancia del equilibrio fiscal en la lucha contra la inflación, demandan que el ajuste no recaiga en los sectores más débiles de la sociedad. Una súplica al ministro de Salud. Cuando en casi todo el mundo la inflación es un mal recuerdo, la Argentina lleva décadas tratando de vencerla. La constante pérdida del valor de la moneda no es sólo un problema económico, sino también social e incluso moral: porque, entre otras cosas, destruye el crédito -que es un pilar del funcionamiento económico-, genera pobreza y envenena las relaciones entre las personas, generando sobre todo en los procesos hiperinflacionarios un sálvese quien pueda. Muchos economistas dicen que la inflación es un fenómeno multicausal. Otros dicen que es exclusivamente monetario. Pero existe el extendido acuerdo de que para combatirla el Estado no puede gastar más de lo que ingresa. Especialmente, cuando el país no goza de la confianza internacional y nadie le presta dinero. En buena medida, es un logro del actual Gobierno haber establecido la premisa del equilibrio fiscal. Lo que le implicó llevar adelante un severo ajuste. Ahora bien: desde la Doctrina Social de la Iglesia -y del sentido común podría decirse- hay un principio a tener en cuenta: la equidad en el reparto de los costos de un ajuste. Dicho de otra manera: deben cargar con el mayor peso los que más tienen y no al revés. Es cierto que concretarlo es un gran desafío que exige mucha creatividad y que va más allá de aumentar determinados planes sociales, si bien estos ciertamente pueden ser una ayuda valiosa. El caso de los millones de jubilados que cobran el haber mínimo es una cuestión de larga data que clama al cielo y reclama un debate serio y profundo (en el Gobierno dicen que lo abordarán en un eventual segundo mandato). Pero hay otra realidad que -sin ánimo de hacer una competencia de dramas- está mostrando el rostro más cruel del ajuste: la demora en el pago y su falta de actualización de las prestaciones a las personas con discapacidad. Por la ley 24.901, sancionada en 1997, fue creado el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad con el fin de garantizar su atención integral. Ante los reclamos, en septiembre del año pasado el Congreso sancionó la Ley de Emergencia en Discapacidad, que el gobierno vetó argumentando el costo fiscal, veto que fue rechazado por los legisladores, siendo promulgada y finalmente reglamentada en febrero por orden de un juez. Sin embargo, la situación no se normalizó. El responsable del área de Personas con Discapacidad del arzobispado de Buenos Aires, el padre Adrián Molero, dice que los principales problemas se producen en el programa Incluir Salud que gestiona el ministerio de Salud de la Nación. Señala que algunas instituciones no reciben el aporte desde octubre y que dejaron de atender porque no pudieron pagar los sueldos ni el aguinaldo. Molero sostiene que las asociaciones que nuclean a quienes se ocupan de esta problemática calculan que la desactualización del monto de las prestaciones es del 40%. Todo lo cual -advierte- pone en riesgo el suministro de cuestiones tan elementales como alimentos y equipamiento, mientras que -por caso- quienes transportan a personas con discapacidad sufren el agravamiento de su situación ante el aumento de la nafta por la guerra. Por lo demás, Molero relativiza las acusaciones de fraudes masivos en el otorgamiento de pensiones por discapacidad que invoca el gobierno. Es cierto que hubo un crecimiento exponencial, pero se debió a la decisión del presidente Néstor Kirchner de otorgar pensiones a todas las personas con discapacidad en situación de pobreza, explica. No obstante, no descarta otorgamientos indebidos y reivindica el deber del Estado de auditar los fondos públicos. La crítica situación llevó esta semana a la cúpula de la Iglesia católica a dirigirle una carta al ministro de Salud, Mario Lugones, en la que los obispos le suplican la regularización y aumento de los pagos de las prestaciones por discapacidad ante la grave situación que atraviesan numerosas instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas con esta situación en el país. El presidente del Episcopado, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, y los vicepresidentes, el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, y el obispo de Jujuy, Daniel Fernández, sostienen en la misiva que esta problemática no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas. Muchas de ellas se encuentran hoy en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales, lo que ha generado déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad, advierten. Las obras que hoy se encuentran en peligro de continuidad, muchas de ellas nacidas del compromiso de comunidades religiosas y civiles, constituyen un verdadero patrimonio social de nuestra patria, destacan y señalan que el respeto de la vida humana y el cuidado de los más frágiles, en especial de las personas con discapacidad, son cimientos sobre los que se edifica toda sociedad. Ponen como ejemplos los cottolengos Don Orione, una obra con un profundo arraigo en la vida social y comunitaria, donde la continuidad del cuidado de 1200 personas con discapacidad se encuentra hoy en riesgo real e inmediato. Como un gesto, monseñor Colombo lavó este Jueves Santo los pies de doce personas con discapacidad del cottolengo de Mendoza, en el marco del tradicional ritual que evoca la actitud de Jesús con sus apóstoles en la Última Cena. La carta no parece haber caído en saco roto. Los obispos le terminaban diciendo al Ministro que quedaban a disposición para todo diálogo que pueda contribuir a una solución y Lugones prontamente les respondió que los esperaba en la semana entrante para analizar la cuestión. Lo que fue recibido con beneplácito por los prelados ante un gobierno que observan poco afecto al diálogo. Habrá que ver cuánto poder tiene Lugones para disponer de los fondos del Estado. En la Iglesia se mira especialmente al ministro de Economía, Luis Caputo, quien cree que es el que termina pisando los fondos para algo tan humanitario como lo es la asistencia a las personas con discapacidad. Aunque acaso los obispos deberían lograr que después de más dos años sin hablar con el presidente, Javier Milei, finalmente, los reciba y entonces le propongan que se esfuerce en buscar formas creativas para que el ajuste no sea cruel. (*): publicado este domingo en TN.
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