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  • Cuando la denuncia sin pruebas pone en jaque la credibilidad

    Concordia » El Heraldo

    Fecha: 04/04/2026 08:12

    Cuando la denuncia sin pruebas pone en jaque la credibilidad Está circulando profusamente por redes y con llamativa velocidad un informe televisivo que mezcla supuestos mensajes de un narcotraficante detenido desde hace años conocido como Tavi Celis con acusaciones de extrema gravedad contra el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, la ministra Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia. El material, presentado como una investigación, introduce además un elemento puntual: señala que la presunta salida de cargamentos de droga tendría como eje la zona portuaria del sur entrerriano: la sacan por el puerto de Ceibas, ni siquiera saben que allí Entre Ríos no tiene puerto de ultramar, es Ibicuy el lugar por donde sale la maderal, un dato que demuestra la nada credibilidad de las versiones. Sin embargo, más allá de la espectacularidad de la denuncia, el problema de fondo es otro: la liviandad con la que se toman como ciertas las palabras de un delincuente condenado, con antecedentes de haber generado consecuencias institucionales concretas a partir de sus dichos. No es un dato menor. Ya ocurrió, y sus efectos fueron reales. Hoy, nuevamente, ese mismo personaje aparece en escena y, otra vez, sus declaraciones son amplificadas sin el rigor mínimo que exige el ejercicio del periodismo. El informe sostiene que desde Entre Ríos podrían estar saliendo entre dos mil y tres mil kilos semanales de cocaína hacia Europa, una afirmación de una magnitud extraordinaria que, de ser cierta, implicaría una estructura criminal de escala internacional. Pero una acusación de ese calibre no puede sostenerse en transcripciones, interpretaciones ni relatos de terceros. Requiere pruebas concretas, verificables e irrefutables. De lo contrario, no solo se apunta a funcionarios, sino que se instala una sospecha generalizada sobre toda una provincia. El impacto de este tipo de versiones trasciende a las personas mencionadas. También pone en cuestión el trabajo del periodismo local, como si se estuvieran ignorando hechos de enorme gravedad, cuando en realidad lo que falta son evidencias que respalden semejantes afirmaciones. Ampararse en que se trata de información aportada por la audiencia no exime de responsabilidad. El periodismo no puede convertirse en una simple caja de resonancia. Exige verificación, contraste de fuentes y, sobre todo, responsabilidad frente al daño que puede ocasionar la difusión de versiones no comprobadas. Informar no es repetir: es confirmar. Las diferencias políticas o las críticas a la gestión forman parte del debate democrático. Pero hay un límite que no debería cruzarse: convertir declaraciones de origen dudoso en verdades instaladas. Cuando eso ocurre, el daño no solo alcanza a los dirigentes señalados, sino también a la credibilidad de los medios, a la confianza pública y al conjunto de la sociedad. Si existen pruebas, deben presentarse en los ámbitos correspondientes y con el respaldo necesario. Si no existen, la difusión de estas versiones solo contribuye a confundir, a instalar sospechas infundadas y a deteriorar la calidad del debate público. El periodismo tiene como principal capital la credibilidad. Y esa credibilidad se construye o se pierde con cada palabra que se publica. Si apenas una mínima parte de lo que se afirma fuera cierto, entonces no estaríamos ante un escándalo mediático, sino frente a un fracaso profundo de todos los que ejercemos esta profesión en Entre Ríos. Y en ese caso, sería imprescindible detenerse y replantear el sentido mismo de lo que hacemos todos los días en El Heraldo.

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