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Fecha: 01/04/2026 07:19
Un operativo policial en un remate ganadero realizado en Comandante Fontana, en la provincia de Formosa, desató una fuerte polémica política y dejó consecuencias concretas sobre la actividad, con una marcada caída en el ingreso de hacienda y denuncias de persecución por parte de productores y dirigentes rurales. Según denunció el senador nacional Francisco Paoltroni, el despliegue incluyó al menos cuatro móviles y unos 25 efectivos que ingresaron al predio de la Sociedad Rural de Comandante Fontana en pleno desarrollo del remate. Leé también: Esto es común acá: tensión en Formosa durante una recorrida de Federación Agraria De acuerdo a su testimonio, el procedimiento se realizó sin una denuncia previa y derivó en la interdicción de unas 300 cabezas de ganado. El impacto sobre la actividad fue inmediato. De las aproximadamente 2200 cabezas previstas para la subasta, finalmente ingresaron solo unas 1100, lo que implicó una reducción cercana al 50% de la oferta. En un esquema donde estos remates representan una vía central de comercialización, la caída generó preocupación entre los participantes habituales. Cruces, impacto económico y trasfondo judicial Paoltroni calificó el operativo como un acto de persecución política y sostuvo que se trató de un accionar arbitrario. Según afirmó, la hacienda contaba con la documentación correspondiente y, tras varios días de controles, no se detectaron irregularidades. Fue como un secuestro de la hacienda, señaló en declaraciones radiales, al tiempo que cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad. El legislador también puso el foco en las consecuencias para los pequeños y medianos productores, quienes según indicó fueron los principales perjudicados. Se genera miedo y muchos terminan desistiendo de participar, advirtió, al describir un escenario en el que la incertidumbre afecta directamente la dinámica comercial del sector. Leé también: Proteger y cuidar: desafectaron a los policías de Formosa tras el operativo en una reunión del agro Además del impacto inmediato en el remate, el episodio derivó en presentaciones judiciales. Según indicó el propio senador, se iniciaron acciones por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, junto con reclamos por daños económicos. Entre las consecuencias mencionadas, se destacan pérdidas de peso en los animales e incluso mortandad en algunos casos. En sus declaraciones, Paoltroni apuntó directamente contra la gestión provincial encabezada por Gildo Insfrán, a la que acusó de impulsar este tipo de intervenciones. Cumplen órdenes, no cumplen la ley, afirmó, y pidió que la Justicia avance en la investigación para determinar quién dio las directivas del operativo. Leé también: Adorni recibió al presidente de la Sociedad Rural para evaluar el aumento de los costos del campo Por otro lado, el trasfondo del conflicto se da en un contexto de tensión política creciente. Días atrás, trascendió que la Justicia de primera instancia falló en contra de Paoltroni en una causa por desmonte ilegal en la provincia, rechazando sus planteos de inmunidad parlamentaria y estableciendo una condena económica superior a los $100 millones. Si bien ambos episodios no están formalmente vinculados, el cruce de denuncias y decisiones judiciales profundiza el clima de confrontación entre el legislador y el gobierno provincial. En ese marco, el sector ganadero local observa con preocupación el impacto que estos conflictos pueden tener sobre la actividad. Leé también: Un fallo ordena reliquidar la tasa vial en Daireaux y abre un nuevo frente en la provincia de Buenos Aires Finalmente, Paoltroni planteó la necesidad de establecer reglas más claras en materia de controles sanitarios y administrativos. Según sostuvo, la aplicación de criterios dispares por parte de distintos organismos genera incertidumbre y deja margen a interpretaciones que, en situaciones como la ocurrida en Fontana, terminan afectando el normal desarrollo de la actividad ganadera.
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