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Parana » AIM Digital
Fecha: 31/03/2026 11:14
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, Oscar Muntes, valoró el reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia que hizo lugar a una acción de amparo presentado por el sindicato para restituir el empleo a una trabajadora del Consejo General de Educación (CGE). Este fallo es una victoria fundamental para la clase trabajadora y para la defensa de los derechos de las mujeres en el ámbito estatal, porque pone un freno al abuso de la precariedad contractual frente a derechos humanos básicos, afirmó a AIM. La presentación la realizó el sindicato en defensa de Florencia Jacqueline Fabre, una trabajadora que se desempeñaba como suplente en la Dirección Departamental de Escuelas de Paraná y que había sido desvinculada de su cargo a pesar de haber notificado su estado de gravidez. La resolución judicial revocó una sentencia de primera instancia y ordenó al Estado provincial y al CGE que en un plazo de cinco días adopten las medidas necesarias para asegurar la continuidad de la relación laboral y el pago de haberes durante todo el período de embarazo y de protección por maternidad, tras considerar que el cese dispuesto de manera verbal e inmotivada resultaba arbitrario y violatorio de los derechos constitucionales de protección a la madre gestante. La decisión de los vocales Gisela Schumacher Laura Soage y Daniel Carubia subrayó que si bien la trabajadora no gozaba de estabilidad propia por su carácter de suplente el Estado tiene un deber de tutela reforzada en casos de maternidad que impide la interrupción del vínculo laboral mientras persista dicha condición de vulnerabilidad evitando así que la amparista quede sin salario y sin cobertura de obra social en un momento crítico de su vida por lo que el tribunal también dispuso el pago inmediato del salario del mes de febrero que había sido retenido ilegalmente por la administración educativa Al respecto, Muntes manifestó a esta agencia que este fallo es una victoria fundamental para la clase trabajadora y para la defensa de los derechos de las mujeres en el ámbito estatal, porque pone un freno al abuso de la precariedad contractual frente a derechos humanos básicos y sienta un precedente de justicia social para que ninguna compañera vuelva a ser castigada Al respecto, Muntes denunció que este caso no es un hecho aislado sino que se inscribe en una política sistemática de ajuste y achique del Estado ejecutada por el gobernador Rogelio Frigerio que busca recortar derechos mediante el despido de trabajadores bajo diversas modalidades contractuales desmantelando áreas críticas de la administración pública y dejando a cientos de familias en la calle con el único objetivo de cumplir con metas fiscales que asfixian a la clase trabajadora entrerriana. En ese sentido, señaló que el sindicato no permitirán que el gobierno avance con esta ola de cesantías que bajo la excusa de la modernización esconde una brutal quita de derechos laborales y sociales por lo cual señalaron que la justicia puso un límite claro a la arbitrariedad de una gestión que pretende tratar a los trabajadores como variables de ajuste ignorando las leyes vigentes y la protección especial que merecen sectores vulnerables como las mujeres embarazadas o quienes atraviesan problemas de salud.
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