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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 30/03/2026 15:52
La llegada de la Semana Santa marca uno de los periodos de mayor intensidad en las carreteras españolas, con millones de desplazamientos previstos en pocos días. En este contexto, el uso de aplicaciones de navegación y la proliferación de avisos en redes sociales y grupos de mensajería instantánea sobre la ubicación de radares y controles de tráfico se ha convertido en una práctica habitual entre conductores. Sin embargo, no todo lo que se comparte es inocuo ni está exento de consecuencias legales. Una de las funciones más extendidas de estas aplicaciones es alertar sobre la presencia de radares, tanto fijos como móviles, así como de controles policiales. A ello se suma la difusión constante de este tipo de información en grupos de WhatsApp, donde miles de usuarios comparten en tiempo real la ubicación de dispositivos de control o patrullas. Aunque a simple vista pueda parecer una práctica útil para evitar sanciones, las autoridades advierten de que no siempre es legal ni recomendable. Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se recuerda que existe una diferencia clave entre los radares fijos y los móviles. En el caso de los primeros, su localización es pública y está debidamente señalizada en carretera. Además, la propia DGT facilita su ubicación exacta a través de canales oficiales, por lo que compartir esta información no supone ningún problema legal. Sin embargo, la situación cambia de forma significativa cuando se trata de radares móviles o controles aleatorios. En estos casos, la DGT únicamente informa de los tramos de carretera en los que pueden situarse, pero nunca del punto exacto. El objetivo es mantener el carácter imprevisible de estos dispositivos, una herramienta clave para garantizar el cumplimiento de las normas de tráfico. El riesgo de difundir controles en tiempo real Tanto la Dirección General de Tráfico como la Guardia Civil han alertado en numerosas ocasiones sobre los riesgos asociados a la difusión precisa de estos controles. Compartir la ubicación exacta de un radar móvil o de un control puede facilitar que determinados conductores adapten su comportamiento únicamente en ese punto, evitando ser detectados mientras cometen infracciones en otros tramos. Las autoridades advierten de que esta práctica no solo afecta a infracciones menores, como el exceso de velocidad, sino que puede tener consecuencias mucho más graves. Entre ellas, permitir que conductores circulen bajo los efectos del alcohol o las drogas, que lo hagan sin seguro obligatorio o incluso que utilicen las carreteras para actividades delictivas sin ser detectados. Este fenómeno, cada vez más extendido, ha sido bautizado como el método gallego. La denominación tiene su origen en las primeras sanciones impuestas en España por este motivo, que se produjeron en Galicia tras varias investigaciones centradas en grupos locales que compartían información de manera sistemática. Base legal y primeras sanciones Aunque la ley de tráfico no sanciona directamente el hecho de avisar sobre radares, el marco legal cambia cuando entra en juego la ley de seguridad ciudadana. En concreto, el artículo 36.23 contempla como infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando dicho uso pueda comprometer su seguridad, la de sus familias, las instalaciones o el éxito de una operación en curso. Este precepto ha servido de base para las primeras sanciones en España relacionadas con la difusión de controles. El Sector de Tráfico de Galicia aplicó este artículo en varios casos, considerando que la publicación masiva de la ubicación exacta de controles en tiempo real podía interferir directamente en su eficacia. Las sanciones más destacadas recayeron sobre una empresa encargada de gestionar una aplicación y sobre un particular de A Coruña que administraba varios grupos de WhatsApp. En conjunto, estos grupos sumaban más de 15.000 usuarios y compartían de forma constante la localización de controles desplegados en la zona de la Costa da Morte. La resolución, emitida por la Subdelegación del Gobierno de A Coruña, concluyó que la difusión continuada de estos avisos comprometía el éxito operativo de los controles policiales. Como consecuencia, tanto la empresa como el administrador particular fueron sancionados económicamente. Este precedente ha servido para reforzar el mensaje de las autoridades en periodos de alta movilidad como la Semana Santa. Aunque compartir la ubicación de radares fijos sigue siendo completamente legal, hacerlo con controles móviles o dispositivos en tiempo real puede acarrear consecuencias si se considera que pone en riesgo la eficacia de los operativos o la seguridad de los agentes implicados.
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