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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 30/03/2026 11:43
El asesinato de un alumno en la escuela Escuela N°40 Mariano Moreno, del municipio santafesino de San Cristóbal, reabrió una herida que en la Argentina tiene pocos antecedentes, pero todos profundamente conmocionantes. Desde la masacre de Carmen de Patagones en 2004, cuando un alumno mató a tiros a tres compañeros dentro del aula, los hechos de estudiantes armados en escuelas fueron aislados y, en su mayoría, no terminaron en tragedia. Sin embargo, el crimen de un menor de 13 años ocurrido hoy revirtió esa tendencia y volvió a poner en discusión la violencia escolar, el acceso a armas y los mecanismos de prevención. En ese contexto, lo sucedido en Santa Fe no solo impacta por su brutalidad, sino también porque interrumpe una larga excepción: la de un país donde este tipo de ataques, a diferencia de otras partes del mundo, no se había repetido con consecuencias fatales en los últimos 22 años. La masacre de Patagones, la más trágica del país El 28 de septiembre de 2004 quedó marcado como una de las jornadas más trágicas de la historia reciente argentina. Esa mañana, minutos después de las 7.30, un estudiante de 15 años ingresó armado a su escuela en Carmen de Patagones y abrió fuego contra sus compañeros dentro del aula. En pocos segundos, tres adolescentes murieron y otros cinco resultaron gravemente heridos. El autor del ataque fue Rafael Juniors Solich, alumno de primer año del polimodal de la Escuela N° 202 Islas Malvinas. Utilizó una pistola Browning calibre 9 milímetros que pertenecía a su padre, suboficial de la Prefectura Naval Argentina. El arma había sido tomada de la vivienda familiar horas antes, junto con tres cargadores completos de municiones. De acuerdo con la reconstrucción judicial, el adolescente había preparado el ataque la tarde anterior, tras una fuerte discusión con su padre. Según consta en el expediente, la relación entre ambos estaba atravesada por episodios de violencia física y verbal que se remontaban a la infancia. Esa situación, sumada a conflictos escolares y un profundo aislamiento social, formó parte del contexto que luego fue analizado en la investigación. Aquella mañana, Solich llegó al colegio como cualquier otro día. Participó de la rutina habitual de ingreso y subió al aula junto a sus compañeros. No había docentes presentes en ese momento. Minutos después, se levantó de su banco, caminó hacia el frente del salón y, sin mediar palabra, comenzó a disparar. En menos de diez segundos vació el cargador del arma, moviendo el brazo de un lado a otro. Los disparos impactaron contra varios estudiantes. Como consecuencia, murieron Sandra Núñez, Evangelina Miranda y Federico Ponce. Otros cinco alumnos Nicolás Leonardi, Natalia Salomón, Cintia Casasola, Pablo Saldías y Rodrigo Torres sufrieron heridas de gravedad. Tras el ataque inicial, el agresor salió al pasillo, recargó el arma e intentó continuar disparando. En ese momento efectuó al menos un tiro más, aunque sin provocar nuevas víctimas fatales. Luego, el arma se trabó y la secuencia se interrumpió. La situación generó escenas de pánico dentro del establecimiento. Personal docente, padres y vecinos comenzaron a asistir a los heridos mientras se desplegaba un operativo de emergencia con ambulancias y fuerzas de seguridad. El atacante fue reducido poco después y trasladado a una comisaría de la zona. La investigación avanzó rápidamente bajo la intervención del Juzgado de Menores N° 1 de Bahía Blanca. En sus primeras declaraciones, el adolescente reconoció haber llevado el arma al colegio y haber disparado, aunque manifestó no tener un registro claro de lo ocurrido. Según quedó asentado en el expediente, describió el episodio como un hecho repentino, en el que perdió el control. Los peritajes psicológicos y psiquiátricos realizados durante la causa señalaron la existencia de un cuadro complejo, con indicadores de trastornos de salud mental y antecedentes de conflictos familiares y escolares. También se incorporaron testimonios que daban cuenta de situaciones de hostigamiento por parte de compañeros y de un vínculo violento con su padre. A partir de estos elementos, la jueza Alicia Georgina Ramallo declaró al adolescente inimputable por ser menor de edad. En consecuencia, no enfrentó un proceso penal como adulto, sino que quedó sujeto a medidas de seguridad y tratamiento. En una primera etapa fue alojado en una dependencia de Prefectura Naval en Ingeniero White. Luego fue trasladado al Instituto de Menores El Dique, en Ensenada. Durante ese período, se evaluó de manera permanente su estado de salud mental y su nivel de peligrosidad, tanto para terceros como para sí mismo. Con el paso del tiempo, los informes médicos derivaron en nuevos traslados. El joven fue derivado a una institución neuropsiquiátrica, donde continuó bajo tratamiento especializado. Años más tarde, al alcanzar la mayoría de edad, su situación pasó a la órbita de la Justicia de Familia de La Plata, que mantuvo el seguimiento del caso. Actualmente, según los últimos registros, reside en la provincia de Buenos Aires bajo un régimen de control judicial y tratamiento ambulatorio, con evaluaciones periódicas de profesionales de la salud. El crimen de un alumno de 14 años en Burzaco, el primero del país El 9 de mayo de 1997, una escena impensada hasta entonces en la Argentina ocurrió dentro de un aula de la localidad bonaerense de Burzaco, partido de Almirante Brown. Un estudiante de 14 años llevó a la escuela el arma reglamentaria de su padre, integrante de la Gendarmería Nacional, y un disparo terminó con la vida de un compañero de la misma edad. El episodio, que en su momento conmocionó a la comunidad educativa, es considerado el primero de este tipo en el país y en América Latina. El hecho se produjo en la Escuela Media N° 2 durante el horario de clases y frente a otros alumnos. Según la reconstrucción que realizaron distintos medios a partir de testimonios y actuaciones judiciales, el adolescente había sustraído el arma de su casa y la llevó al establecimiento educativo sin que nadie advirtiera la situación. Ya dentro del aula, mientras manipulaba la pistola, se produjo un disparo que impactó en el cuerpo de Cristian Fernández, también de 14 años. La víctima fue asistida de inmediato, pero murió poco después a causa de la herida. La secuencia ocurrió en cuestión de segundos y dejó en estado de shock a compañeros y docentes. Las primeras investigaciones descartaron que se tratara de un ataque planificado. La principal hipótesis que surgió en ese momento fue que el disparo se produjo de manera accidental mientras el adolescente manipulaba el arma, presuntamente con la intención de mostrarla o intentar descargarla. Sin embargo, el caso puso en evidencia un aspecto que comenzaría a repetirse en otros episodios posteriores: el fácil acceso de menores a armas de fuego dentro del ámbito familiar. Algunas versiones recogidas en la causa también señalaban que el joven atravesaba conflictos fuera del ámbito escolar y que había llevado el arma como forma de defensa personal, en un contexto de violencia barrial. Ese dato, aunque no modificó la calificación del hecho, sumó elementos para comprender el entorno en el que se produjo la tragedia. Desde el punto de vista judicial, el autor fue considerado inimputable por su edad, lo que implicó que no enfrentara un proceso penal como adulto. El expediente avanzó en el fuero de menores, con intervención de organismos especializados. Más allá de su resolución judicial, el impacto del caso fue profundo. Hasta ese momento, no existían antecedentes en la región de un alumno que ingresara armado a una escuela y provocara la muerte de un compañero. El hecho marcó un punto de inflexión y comenzó a instalar en la agenda pública una problemática que hasta entonces parecía ajena: la violencia con armas de fuego en el ámbito escolar. El caso Pantriste en Rafael Calzada Tres años después del crimen en Burzaco, la violencia volvió a interrumpir de manera brutal en la puerta de una escuela secundaria de la localidad bonaerense de Rafael Calzada, también en el partido de Almirante Brown. El 4 de agosto de 2000, Javier Ignacio Romero, de 19 años, sacó un arma de fuego y disparó contra un grupo de compañeros en la Escuela de Educación Media N° 9 de San José. El ataque dejó un adolescente muerto y otro herido, y sumó otro trágico antecedente. Romero, que años más tarde sería conocido como Pantriste por el apodo que le atribuían sus compañeros, llegó al establecimiento armado con un revólver calibre 22. El arma, según distintas reconstrucciones, había pertenecido a su padre, aunque en su versión posterior sostuvo que se la había facilitado otro joven. El episodio ocurrió al finalizar la jornada escolar, cuando un grupo de alumnos se encontraba en la puerta del colegio. Allí, en medio de una situación confusa y de tensión, Romero extrajo el arma y efectuó varios disparos a corta distancia. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Mauricio Salvador, de 16 años, quien cayó gravemente herido. Fue trasladado de urgencia al Hospital Fiorito, en Avellaneda, donde murió dos días después como consecuencia de la lesión. En el mismo ataque, Gabriel Ferrari, de 18 años, resultó herido en una oreja y logró sobrevivir. Tras los disparos, el agresor escapó del lugar. Durante la huida, recorrió varias cuadras y logró evadir a otros estudiantes que intentaron detenerlo. Horas más tarde, fue entregado por su madre en la comisaría quinta de Rafael Calzada. El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa y en la sociedad en general. No solo por la violencia del ataque, sino también por el perfil del agresor y las circunstancias que rodearon el hecho. Durante la investigación, Romero declaró que había sido víctima de hostigamiento sistemático por parte de sus compañeros. Según su relato, era objeto de burlas, agresiones físicas y amenazas desde hacía tiempo. Aseguró que le quitaban pertenencias, lo golpeaban y lo intimidaban dentro y fuera del ámbito escolar. El apodo Pantriste, tomado de un personaje de animación, era utilizado de manera despectiva para referirse a él. De acuerdo con su testimonio, ese sobrenombre se sumaba a una serie de situaciones que lo habían llevado a aislarse y a evitar el contacto con otros alumnos. También sostuvo que había sufrido episodios de violencia más graves, incluyendo amenazas con armas blancas y de fuego. En ese contexto, afirmó que comenzó a sentirse acorralado y sin protección, y que no encontraba respuestas en las autoridades escolares. El día del ataque, según su reconstrucción, se encontraba en un estado de extrema tensión. Había ingresado al colegio con el arma en su poder y, durante la jornada, manifestó temor por posibles agresiones. Incluso refirió haber advertido a un preceptor sobre la situación, sin obtener una respuesta que modificara el escenario. Al finalizar las clases, el conflicto se desató en la puerta del establecimiento. La secuencia posterior quedó marcada por la violencia de los disparos y el caos que generó entre los estudiantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, Romero sostuvo que no recordaba con claridad lo sucedido. En distintas declaraciones, aseguró que su memoria se interrumpía en el momento en que tenía el arma en la mano y que volvía a registrar lo ocurrido recién horas después, ya en la comisaría. Las pericias psicológicas y psiquiátricas realizadas durante el proceso judicial fueron determinantes para la resolución del caso. Los informes concluyeron que el joven presentaba una personalidad esquizoide y que, al momento del hecho, había atravesado un episodio psicótico caracterizado por una intensa carga de ira. A partir de esas evaluaciones, el Tribunal Oral N° 6 de Lomas de Zamora lo declaró inimputable. Los jueces Rodolfo Goerner, Claudio Fernández y Daniel Obligado dispusieron su absolución en términos penales y ordenaron su internación en un centro especializado, donde debía recibir tratamiento hasta que los profesionales determinaran su evolución. Con el paso de los años, la historia de Romero siguió bajo seguimiento judicial y médico. Su situación quedó sujeta a evaluaciones periódicas, en función de su estado de salud mental y del riesgo que pudiera representar. El caso Pantriste quedó registrado como uno de los episodios más graves de violencia escolar en la Argentina antes de la masacre de Carmen de Patagones, ocurrida en 2004. A diferencia de ese hecho posterior, el ataque de Rafael Calzada no tuvo múltiples víctimas fatales, pero sí evidenció una problemática que comenzaba a emerger: la combinación de bullying, acceso a armas de fuego y ausencia de mecanismos eficaces de contención.
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