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» Clarin
Fecha: 29/03/2026 23:33
Todo tiene que ver con todo. La política y la justicia se entrelazan habitualmente, pero la coyuntura actual hace recordar a más de un memorioso a una historia -no tan- reciente. La Semana Santa de 2012, en el inicio del quinto año de mandato de Cristina Kirchner, fue escenario de un polvorín político-judicial, que se llevó puesto al procurador Esteban Righi después de una acusación pública de Amado Boudou. El entonces vicepresidente denunció en ese momento una suerte de persecución del jefe de los fiscales y de la justicia federal en los albores de la causa Ciccone por la que terminaría siendo condenado a prisión. Catorce años después, en los tribunales de Retiro siguen vigentes muchos de los jueces que investigaron, y condenaron en muchos casos, la monumental corrupción kirchnerista de esos años. Ariel Lijo, Daniel Rafecas, María Servini de Cubría y Julián Ercolini ya estaban al frente de sus juzgados, y tiempo después, con la aprobación del Ejecutivo, se sumaron Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Casanello y Sebastián Ramos. Todos ellos tienen muy fresco en la memoria ese recuerdo. Y, dicen, no quieren volver a pasar lo mismo con el actual ejecutivo de Javier Milei. "Los polos se atraen, no es tan diferente la situación a la de aquellos años", describe una fuente tribunalicia. Las decisiones que cayeron mal en Py Quienes analizan el minuto a minuto de la relación entre el Gobierno y los jueces describen una situación de tensión, que se acentuó desde las elecciones de octubre del año pasado, y que empeoró en los primeros meses de 2026 a partir de una serie de decisiones ejecutivas que cayeron mal y, en paralelo, del avance de expedientes comprometedores para la Casa Rosada que tienen que definirse en Comodoro Py. El cambio de ministro de Justicia, con la designación de Juan Bautista Mahiques, no cayó bien internamente en algunos despachos de Py, más allá de la relación sanguínea entre el funcionario, hijo de un histórico camarista de Casación, y la denominada "familia judicial". El preferido de ese sector era Guillermo Montenegro, también surgido desde la Justicia y actual senador bonaerense. Su nombre circuló, pero finalmente no prendió y quedó devorado por la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo, quien lo proponía para el puesto. El asesor presidencial, valorado internamente en Retiro y en diferentes sectores del Estado, hace equilibrio actualmente dentro del Gobierno. Lo sostienen Javier Milei, con quien se aseguró una reunión semanal privada que no venía teniendo, y la presencia de funcionarios propios de peso en áreas clave como la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy y el procurador del Tesoro Sebastián Amerio. Pero su vínculo con la hermana presidencial sigue siendo crítico. Eso repercute en el mundillo judicial. Pero hay más motivos de malestar. La semana pasada desde el Ejecutivo se enviaron al Senado 62 pliegos para cubrir vacantes de jueces y fiscales. Aseguran que desde la Rosada nadie levantó el teléfono para consultar en Comodoro Py 2002. En un sector de la Corte Suprema también tenían motivos para expresar malestar con el Gobierno. El año pasado, cuando se impulsaron los pliegos de Lijo y Manuel García-Mansilla -que finalmente quedaron trabados en el Senado-, nadie les preguntó a los jueces. Esto, sumado a históricas discusiones -que trascienden a este Gobierno- por el presupuesto del Consejo de la Magistratura, hace que el vínculo entre ambos poderes tampoco sea el mejor, más allá de la foto de ocasión reciente con el nuevo ministro Mahiques. El futuro de Adorni, $Libra y Andis Un referente judicial, en charlas privadas, reconoce que la relación entre el Gobierno y Comodoro Py puede terminar afectando el curso de causas sensibles como $ Libra y Andis, y la actual que investiga al jefe de Gabinete Manuel Adorni por su viaje a Punta del Este en un avión privado. Aunque, a la vez, lo relativiza. "Esto puede joder a la gente que está en una situación jodible", resume, dando a entender que los expedientes judiciales que salpican a los Milei y a sus funcionarios tienen complicaciones propias que van más allá del juego político-judicial. En los próximos días la Justicia seguirá trabajando sobre los avances que hubo en la causa $ Libra en las últimas semanas, con revelaciones a partir de las pericias hechas al celular de Mauricio Novelli, el nexo entre los hermanos Milei y los creadores de la criptomoneda que el Presidente promocionó a través de X en febrero de 2025. Entre otros hallazgos, se reveló un paper en el que Novelli habla de la existencia de un presunto acuerdo por US$ 5 millones con el propio Milei. La causa la tramitan el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano. El caso Andis, que llevan adelante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, también podría tener novedades. Se trata de la causa que tiene como procesado, entre otros, al ex titular de la Agencia de Discapacidad Diego Spagnuolo, y que investiga una maniobra para direccionar las compras de medicamentos a cuatro empresas y presuntos sobreprecios en esas operaciones, un daño al Estado estimado en más de $ 30.000 millones. Finalmente, el caso que más avanzó en los últimos días fue el que se lleva adelante contra Manuel Adorni por su controvertido viaje a Punta del Este en un avión privado. Todas las denuncias quedaron a cargo del juez Ariel Lijo, que la semana pasada indagó de manera testimonial al broker aeronáutico Agustín Issin Hansen y a su secretaria Vanesa Tossi. Los dos, factura que lo comprueba mediante, confirmaron que el viaje en cuestión lo pagó Marcelo Grandío, amigo personal de Adorni y dueño de una productora que firmó contratos con la TV Pública. El jefe de Gabinete asegura que se lo pagó él a Grandío. Es el único que sostiene esa hipótesis, cada vez más frágil. Sobre la firma Newsletter Clarín
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