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» Clarin
Fecha: 29/03/2026 19:46
A diferencia del ámbito judicial donde toda persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario, en la administración pública todo funcionario sospechado de corrupción es responsable hasta que demuestre su honestidad, porque la sociedad ha sido testigo demasiadas veces del recurrente robo al Estado. Ese mandato fue aplicado en agosto del 2016 por el gobierno de Mauricio Macri, que separó transitoriamente de su cargo como titular de Aduana a Juan José Gómez Centurión tras denuncias por supuesta corrupción y contrabando. El objetivo, que aclare su situación para volver a su cargo. No le pidió que renuncie y le dio su apoyo, pero dio un mensaje de cambio hacia aquélla sociedad. Algo diametralmente opuesto fue el manejo de la Casa Rosada del escándalo -viral en las redes sociales- que envuelve al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Comenzó con un episodio de ribetes éticos al subir a su esposa al avión presidencial y permitir que se aloje con la comitiva presidencial, ahorrándose pasaje y estadía, y se convirtió en el caso del más alto funcionario libertario en ser investigado por los posibles delitos de dádivas y enriquecimiento ilícito. Aquella gestión de Cambiemos también prohibió que ministros y funcionarios de alta jerarquía pudieran nombrar a sus familiares en el Gobierno. Esa medida fue eliminada por Javier Milei al asumir. El macrismo hizo en aquél entonces lo que habitualmente hace un nuevo gobierno al hacerse cargo del Ejecutivo: auditar las distintas áreas a través de organismos como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) o la Oficina Anticorrupción y, al encontrar irregularidades o hechos de corrupción, denunciarlas ante la justicia. Es lo que ocurrió cuando Javier Iguacel, al hacerse cargo de Vialidad; denunció a ex funcionarios del kirchnerismo empezando por la ex presidente Cristina Kirchner. Esa causa, iniciada por una presentación de Elisa Carrió y que Iguacel profundizó presentando la documentación, culminó con la actual condena de Cristina Kirchner. El Gobierno libertario no ha hecho prácticamente denuncias contra el kirchnerismo, pese a los calificativos de chorros, "ladrones" o delincuentes que el propio Milei utilizó contra los legisladores K en la reciente apertura de sesiones ordinarias. Salvo las causas iniciadas por la ministra Sandra Pettovello contra dirigentes y organizaciones piqueteras sumándose a alguna de las presentadas por Maximiliano Ferraro, Reyes, Juan Manuel López y Toty Flores de la Coalición Cívica; en la causa Seguros denunciada por Clarín o contra Juan Grabois, no hay presentaciones judiciales contra el gobierno anterior por irregularidades, ni tampoco contra quienes eran las caras visibles: Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, último ministro de Economía. Algunos exfuncionarios han apuntado la existencia de irregularidades en algunas áreas, detectadas por la SIGEN durante el traspaso de Gobierno. ¿Por qué motivo no se denunciarían? Fuera de control No es un secreto que cualquier gobierno que pretenda ostentar honestidad y transparencia real en sus actos, solo necesita activar mecanismos y organismos de control independientes y sin ataduras. Días atrás se oficializó la partida de Alejandro Melik de la Oficina Anticorrupción, un hombre del exministro Mariano Cúneo Libarona, reemplazado por la jueza porteña Gabriela Zangaro. Melik se fue denunciado por la oposición de abuso de autoridad y encubrimiento por haber exonerado inmediatamente de toda responsabilidad, al Presidente en el caso LIBRA. En sus argumentos, señaló que cuando Milei utiliza la red X no lo hace como Presidente sino que ejerce sus derechos civiles y políticos garantizados por la Constitución y tratados internacionales. A 26 años de su creación en el gobierno de Fernando de la Rúa, cabría preguntarse para qué sirve contar con una Oficina Anticorrupción dentro del Poder Ejecutivo. En sus inicios en la gestión de la Alianza UCR-Frepaso, fue utilizada para investigar la corrupción de la década menemista, es decir, hacia atrás. Nunca interpela ni marca incumplimientos de los funcionarios actuales, salvo alguna rara excepción. Hasta sería ilógico, en términos políticos, que un organismo denuncie a un miembro del gabinete de su propio gobierno. Una brisa de aire fresco El fallo a favor del Gobierno en el juicio por la estatización que el kirchnerismo hizo de YPF y que le evita pagar de unos US$ 18 mil millones, es un remanso desde de 18 días de una agenda que tiene a Manuel Adorni en el centro. Pese a las disputas que prosiguieron al fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, con la expresidente buscando forzar la interpretación de que aquélla reestatización fue adecuada, el tribunal estadounidense no avaló aquélla decisión del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, expropiando el 51% de las acciones de la española Repsol. Dijo que la definición del conflicto con los accionistas minoritarios, los demandantes, debe hacerse en función del sistema jurídico argentino. La duda es, desde el punto de vista comunicacional, sí el logro respecto de YPF puede ser sostenido en el tiempo u opacar la repercusión sobre el caso Adorni y dar vuelta la página. El principal escollo es que la causa judicial evolucione rápidamente como hasta ahora y derive en la citación del Jefe de Gabinete. Tampoco la microeconomía acompaña, pese a las permanentes declaraciones del ministro Luis Caputo y de su equipo, poniendo énfasis en el aumento de las exportaciones, del consumo, las inversiones en el sector energético y el reacomodamiento de precios para justificar el incremento de la inflación. En el programa por streaming del Gordo Dan de la semana pasada, Caputo le dio el pie al ex jefe del ARCA Juan Pazo para que usara como ejemplo lo que le pasaba a su hijo: Antes te quemaban los pesos y se compraba 200 pares de zapatillas y salía a comer todos los días, (pero) hoy se compra un auto. Días atrás en un llamativo posteo en X, el Presidente ironizó con que la casta tiene miedo al señalar que quienes habían tenido el peor desempeño salarial, en un gráfico sobre sus dos años de gobierno, fue el sector público con -17,9%, mientras que el privado cayó -2,3% y remarcaba el incremento de los que trabajan en negro de +28,2%. Días atrás, cerró un acuerdo salarial el mayor gremio del país con 1,2 millones de afiliados, el de empleados de Comercio. Para contener la inflación, el Gobierno ya había avisado que no aceptaría ningún acuerdo que supere el 2%, pese a que la inflación de enero y febrero fue de 2,9% y la de marzo superaría los 3 puntos. Así, Comercio firmó 5% por tres meses: 2 puntos en abril, 1,5 en mayo y 1,5 en Junio. Para maquillar el recorte salarial, consiguió un bono de $120 mil por ese trimestre. Si el recorte salarial que viene de arrastre persiste, ¿por qué debería aumentar el consumo en ese segmento, al igual que el empleo? Mirá también Mirá también Sobre la firma Newsletter Clarín
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