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Parana » Radio La Voz
Fecha: 29/03/2026 02:21
María Paula Armándola, en su carácter de expresidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, denunció ser víctima de una persecución sistemática, violencia institucional y difamaciones por parte de las nuevas autoridades del CCPIER desde agosto de 2025. Armándola señaló una campaña de desprestigio, hostigamiento personal y acciones arbitrarias, como el intento de removerla del Consejo de la Magistratura, la desaprobación de balances auditados y la utilización de canales oficiales para falsas acusaciones. La causa tramita en el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Paraná bajo el número de expediente 27025 con el objeto de promover una denuncia por violencia institucional y telemática contra la mujer (Ley 26485) y allí se solicitaron medidas preventivas de urgencia. Bajo el patrocinio de los abogados Andrea Saxer y Gabriel Borgetto, Armándola denunció a las actuales autoridades del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos: Germán Solari (presidente), Carolina Ledesma (vicepresidenta), Alcides Cogno (vocal primero), Juan Lanzi (secretario) y Luisina Prettis (tesorera) por hechos perpetrados de manera sistemática durante todo el año 2025. En el caso específico de ALCIDES COGNO, solicitó se dicte medida de prohibición de acercamiento y exclusión a un radio no menor a los 200 metros, así como el retiro inmediato de cualquier espacio público o privado donde Armándola se encuentre, fundamentándolo en la conducta hostil y el trato manifiestamente despectivo que ha mantenido de forma personal en ámbitos institucionales y espacios compartidos. Armándola fundamentó en la denuncia que los episodios atribuidos a ALCIDES COGNO por menosprecio y falta de respeto, lejos de ser incidentes aislados, constituyen una forma de violencia psicológica y simbólica que busca menoscabar mi dignidad en mi doble carácter de mujer y profesional, resultando indispensable esta medida para garantizar mi integridad y mi derecho a una vida libre de violencia en todos mis ámbitos de participación. Desde agosto de 2025 mi vida cambió. Al principio intenté convencerme de que eran "reglas del juego" del poder institucional, pero el traspaso de mando el 1 de enero de 2026 no trajo paz, sino un recrudecimiento de la violencia. Soy madre sola de tres niños y he trabajado siempre ad-honorem, ajustada a derecho, y sin embargo hoy mi carrera está bajo un ataque que utiliza incluso agresiones a mi entorno cercano para amedrentarme, se señala en la denuncia. Un hecho que refleja la impunidad con la que se mueven las actuales autoridades ocurrió con mi rol en el Consejo de la Magistratura. El Vocal Germán Meier me confirmó que el Consejo Directivo decidió el 09/01/2026 realizar una consulta técnica sobre mi permanencia allí. Sin embargo, el Presidente Germán Solari, actuando con una obsesión personal, envió por su cuenta una nota el 13/01/2026 exigiendo mi remoción para poner a alguien de su confianza. Al consultar al Secretario Juan Lanzi y a la Tesorera Luisina Pretis, ambos respaldaron este atropello, demostrando que se sienten impunes por las faltas institucionales que están cometiendo, agregó Armándola en la causa. La desaprobación de mi balance fue un acto de persecución política. Mi gestión fue auditada externa e internamente, y certificada por el Consejo de Ciencias Económicas sin una sola objeción técnica. Ante este absurdo, me vi obligada a recurrir a la justicia para solicitar una acción de certeza que ponga luz sobre esta oscuridad. No he cometido ningún delito; solo estoy defendiendo mi buen nombre ante una campaña de desprestigio sistemática. La violencia ejercida hacia Armándola se manifestó a través de diversas notas periodísticas con difamaciones que utilizan información interna filtrada y distorsionada para instalar en la opinión pública y en la matrícula una imagen de 'corrupción' y 'despilfarro' totalmente falsa ya que mientras desde la propia institución se alimentaba a la prensa con este relato de desprestigio, el Colegio le aseguraba formalmente a Armándola que no existía denuncia alguna en su contra, evidenciando que la nota fue una operación de prensa orquestada por las autoridades aquí denunciadas para aniquilar su reputación por fuera de los canales legales. La naturaleza de los datos publicados por los medios (montos específicos de facturación, detalles de actas de asamblea, resoluciones internas de la caja y movimientos contables antes de su aprobación) son de carácter restringido y solo eran conocidos por un círculo reducido en el cual se encontraban los denunciados. La publicación cronológica y detallada de estos datos demuestra que los denunciados actuaron como la "fuente" necesaria, rompiendo deberes de confidencialidad institucional con el único fin de alimentar el escarnio público, se indica en la denuncia. Los denunciados, valiéndose de su posición institucional, suministran información sesgada a la prensa para generar un clima de hostilidad que luego ellos mismos utilizaron dentro del Colegio para justificar pedidos de remoción e impugnaciones. Se evidencia así un circuito cerrado de violencia: los denunciados filtran, la prensa difama, y los denunciados utilizan esa difamación para "disciplinar" profesional y políticamente a nuestra patrocinada, señalaron los abogados de Armándola. Se dice además en la denuncia que: El balance fue desaprobado sin mediar objeción técnica alguna, sin explicaciones ni argumentos, en un claro acto de arbitrariedad y persecución política. El Colegio ha utilizado su poder de fuego comunicacional para difamar y exponer al escarnio público ante mis propios pares, vulnerando mi buen nombre y honor profesional de manera irreparable. Carolina Ledesma, no solo difamó a Armándola en programas de TV sino que recibía órdenes directas a la doctora Cecilia Pagés para "matar" (en términos políticos y profesionales) a nuestra patrocinada durante la asamblea del 22/08. Esta animosidad es de larga data, existiendo pedidos de sumario administrativo contra Ledesma que el Tribunal de Disciplina nunca tramitó, se indica en la denuncia. Además, Armándola tuvo participación activa y respetada en el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (COFECI), organismo que nuclea a los Colegios de todo el país. Sin embargo, el hostigamiento de los denunciados ha trascendido las fronteras provinciales. Las actuales autoridades del CCPIER han utilizado dicho foro federal para replicar el mismo relato de desprestigio y falsedades que instalaron en los medios locales. Se me ha difamado ante colegas de toda la Nación, dañando vínculos institucionales que construí durante años de trabajo serio y honesto. Esta maniobra busca no solo mi muerte civil y política en Entre Ríos, sino mi proscripción y descalificación profesional en el ámbito federal, afectando mi buen nombre ante el máximo organismo de representación del sector en el país.
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