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Chajari » Tal Cual Chajari
Fecha: 27/03/2026 21:39
No es ningún secreto que dentro de las filas policiales, ya sea entrerrianas o de cualquier otro territorio del mundo, predomina lo que podríamos llamar, generalizando mucho, un pensamiento de derecha. Esto es, la filiación a un conjunto de premisas que caracterizan y articulan una organización social: instituciones verticalistas y coordinadas bajo el ejido de una autoridad legal (no siempre legítima), la defensa irrestricta de la propiedad privada y la noción de orden y normalidad como sostén del status quo. De acuerdo con las estadísticas nacionales, más del 80 % de las fuerzas del orden votaron a favor del gobierno actual, haciéndose eco de una presunta reivindicación de la labor policial y del uso de la fuerza para imponer un orden señalado como ausente. La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, desde su lugar en el gobierno de Macri y su posición en el gobierno actual, montó un discurso y una estrategia comunicacional sobre la defensa del personal de seguridad nacional y de las policías locales por sobre los presuntos delincuentes, prometiendo recursos, apoyo político y, sobre todo, un aval institucional y político a los agentes de seguridad. Es decir, un discurso que ponga en valor a los sujetos/policías como sujetos de derecho, del cual estarían privados por el garantismo kirchnerista zaffaroniano. A la vista de los resultados electorales, la estrategia ha sido un éxito. Sin embargo, a la fecha no se han registrado cambios significativos en ninguno de los aspectos esperados: la legislación permanece intacta, al igual que el poder judicial, el código procesal penal, la relación con la sociedad y con los medios de comunicación. En efecto, no se ha producido ni un solo cambio a favor de los supuestos problemas de las fuerzas, mientras que el salario y su poder adquisitivo se han visto considerablemente lesionados. La pregunta del inicio: ¿qué pasa en Entre Ríos? Los y las policías entrerrianos siempre debieron encontrar una segunda ocupación para alcanzar a cubrir sus necesidades básicas, y esto se ha visto profundizado por la gestión presente, encabezada por Rogelio Frigerio. Un pantallazo histórico sobre la evolución de los salarios policiales desde el regreso a la democracia demostraría que, aunque siempre insuficientes, luego de la crisis de 2001 y del cobro en bonos durante el gobierno de Sergio Montiel, los salarios de las fuerzas de seguridad de la provincia, lograron mejorar su capacidad adquisitiva, recomponer parte de las fallas estructurales en el acceso a la vivienda y alcanzar una no despreciable mejora en las condiciones de trabajo (móviles, dependencias, armamento, etc.). Podríamos decir, a puro pulso experiencial, que las condiciones materiales de trabajo y remuneración mejoraron. Incluso respecto de la conducción de la fuerza policial, este autor considera que hubo algunas mejoras en la relación de autoridad entre jefes y subordinados. El proceso democrático fue, muy de a poco, haciendo mella. El primer jefe de Policía de la democracia, bajo el primer gobierno de Montiel, Daniel Alcoba, se negó a reprimir a un grupo de trabajadores y eso le costó el cargo. Luego, Ojeda se encargó de mantener a la policía lo más alejada posible de la actualización, lo que será en los noventa tanto una estrategia de identificación institucional como de supervivencia en el marco de la desarticulación general de las fuerzas armadas producida por el desmantelamiento menemista. De aquellos rústicos y pétreos jefes policiales, más castrenses que dependientes de las autoridades legales civiles, pasamos a los acomodaticios tiempos de Marcelo Alejandro Marín, Ángel Ernesto Geuna y compañía, figuras ya ligadas estrechamente al gobernador de turno y claramente subordinadas a su autoridad, hasta llegar al sultanato de Roberto Massuh, una combinación de autocracia oriental con afinidad comercial y política con los poderes de turno. Respecto de esta somera lista, los jefes siguientes representaron un avance institucional al dejar de lado la arbitrariedad absoluta (guardando los márgenes de actuación que prevé el propio reglamento de policía respecto de la discrecionalidad) y gestionaron la institución con pros y contras. Ninguna de las administraciones peronistas hizo un esfuerzo por responder a un conjunto de demandas simbólicas de las fuerzas. No trabajaron de manera explícita para mejorar sustancialmente el salario, que es paupérrimo dadas las responsabilidades y riesgos de la tarea policial, ni tampoco buscaron estrategias políticas, culturales o comunicacionales para sostener una profesión que requiere cubrir distintas aristas. El discurso incendiario y amarillista sobre la inseguridad pone en primera plana el accionar de la policía, y los funcionarios quedan expuestos a críticas del sistema judicial y de las organizaciones de derechos humanos, que muchas veces realizan diagnósticos con pocas variables y fuera de contexto. Utilizando el malestar acumulado por los salarios atrasados y enlazando hábil y falazmente las políticas progresistas y de derechos humanos con el deterioro de la imagen de la fuerza, el actual gobierno logró una mayoría de adeptos y seguidores. A la espera de modificaciones sustanciales, la Policía de Entre Ríos se resigna a cambios superficiales y marketineros (nomenclatura de direcciones, la fusión de dos direcciones Dirección de Inteligencia[1] e Inteligencia Criminal y la invención de las Departamentales del Paraná y del Uruguay, como para no perder cargos jerárquicos y sostener un par de comisarios generales), sin tocar artículos de la ley claramente inconstitucionales o vetustos y sin realizar una mejora salarial palpable. Los funcionarios están en crisis: los aumentos han sido microscópicos y en su mayoría en negro, y el escalonamiento por jerarquías es una mentira (la diferencia entre el salario de una agente con un año de antigüedad y un suboficial mayor con más de veinticinco años de antigüedad es de apenas 300.000 pesos, de igual manera en los sueldos de un Oficial Ayudante y Oficial Principal). El flamante ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, y su gobernador se jactan de la inversión en vehículos cuando el problema principal de un funcionario policial es llegar a fin de mes. El desgaste emocional de la tarea policial conlleva dejar a flor de piel la aparición de manifestaciones psicológicas y psiquiátricas que son imposibles de tratar con lo magro del sueldo. La institución no da abasto con la cantidad de profesionales de la salud mental y las tareas demandadas no muestran evidencias de disminuir. La angustia generada por tales condiciones dejó, en 2025, catorce suicidios en una fuerza que cuenta con menos de 15.000 miembros. Los ejemplos de los reclamos de las policías de Córdoba y Rosario solo sirvieron para poner un parche de pelopincho a una pileta rajada por los años. Aun así, ninguna de las variables aquí mencionadas se traduce en un malestar que pueda revertir dicha situación. Los funcionarios de la Policía de Entre Ríos son expertos en asimilar y trasladar el malestar a sus familias y a sus prácticas laborales. Profesionalización Bajo el concepto de profesionalización, el gobierno ha publicitado cursos de capacitación y la extensión de la carrera de oficiales en la Escuela Salvador Maciá[2], con la posibilidad de acceder a un título de grado Licenciatura en Seguridad avalado por la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde las tesinas de grado no guardan los recaudos universitarios estándar de la CONEAU. No es que no haya profesionales dentro de la fuerza. La Dirección General de Policía Científica posee un personal altamente capacitado; incluso sus directores y jefes producen y poseen conocimientos específicos que enaltecen la institución. Otros funcionarios realizan capacitaciones por medios propios y muchos de los cargos jerárquicos están ocupados por personas con conocimientos específicos y con vocación de servicio. Pero el grueso de la fuerza policial los funcionarios de a pie, los suboficiales y oficiales jóvenes no puede encarar dichos procesos. Sus días se evaporan entre recargos y adicionales, entre changas y otros trabajos. Profesionalizar las fuerzas implicaría duplicar un salario que permita dedicación exclusiva a la tarea policial, lo cual redundaría en diversos aspectos: funcionarios descansados física y mentalmente, reducción notable del ausentismo laboral producido por licencias médicas (cada vez más numerosas y relacionadas con patologías psiquiátricas), reducción de accidentes e incidentes dentro de la fuerza, una mejora en la relación con la comunidad y optimización del servicio debido a la predisposición del personal. Por el momento, en la Policía de Entre Ríos campea la resignación y una esperanza de mejora salarial que se parece mucho a la estupidez. [1] Con apenas nueve funcionarios entre director, sub director y tres choferes, quienes trabajan en esa Dirección se dedicaban -y lo siguen haciendo- a revitalizar el espionaje de los años setenta sobre las organizaciones sociales y sindicatos. Todavía se los puede ver parados sobre los laterales de casa de gobierno sobre sus abultados estómagos y raleados cabellos fotografiando docentes y cartoneros, esperando se cumplan sus fantasías de delación y/o represión. Algunos pocos de ellos aun poseen sueños húmedos con el retorno del terrorismo de Estado. [2] La gran mayoría de los ingresantes como cadetes de policía manifiestan tomar su decisión en base a una rápida y asegurada salida laboral. Las condiciones psíquicas e intelectuales para el ingreso son cuanto menos laxas, condición que se multiplica para el ingreso de agentes de policía, tanto en Villaguay como en Rosario del Tala.
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