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Fecha: 27/03/2026 18:10
El casamiento con invitados VIP en un área protegida de Cafayate sigue en medio de la polémica por un presunto documento apócrifo. Y en el centro del escándalo, además de la supuesta propietaria del lugar, están Nicole Pocoví y Federico Maran, los ahora esposos. Nicole Pocoví es hija del empresario Marcelo Pocoví, quien estuvo casado con Zulemita Menem. Leé también: Dramático operativo en el volcán Lanín: rescataron a un turista porteño que se descompensó por la altura La joven de 31 años es emprendedora y dueña de la marca de lentes de diseño Not Your Mona. Según detalla en su perfil de Linkedin, estudió Medios Electrónicos y Periodismo en la Universidad de Miami, y Administración de Empresas y Gerencia en Lynn University, en Boca Ratón, Florida. Según contó en una entrevista de Infobae, se mudó sola a Miami en 2012, pero decidió volver a Buenos Aires en 2016. Trabajó en relación de dependencia un tiempo y luego creó su primer emprendimiento, We Are Glit, una marca de maquillaje brillante. El segundo negocio es la marca de lentes, que lanzó en 2021. Por su parte, Federico Maran tiene 34 años y es socio en una concesionaria de autos de alta y media gama, según informó Clarín. La empresa tiene dos locales con la marca AutoMilano, uno en el barrio de Agronomía y el otro en Pilar. Cafayate Fantasy El casamiento del año se organizó en la Quebrada de las Conchas, una reserva natural famosa por sus formaciones rojizas y su valor geológico, pero que ahora quedó en el centro de una investigación judicial. El evento, que se llevó a cabo el lunes 23, tuvo a 110 invitados en un área protegida por la ley. La fiesta duró cuatro días y fue bautizada Cafayate Fantasy. El lugar del casamiento se mantuvo en secreto hasta último instante: los asistentes solo supieron el lugar exacto cuando subieron a las combis contratadas por los novios. Además, los novios crearon un sitio web exclusivo para informar a sus invitados sobre cada detalle del evento, desde la llegada a Salta el viernes 20 hasta el gran día. Elegimos mantener en secreto el lugar porque creemos que hay algo sagrado en esa espera y en dejarse sorprender, explicaron. El lunes, la Quebrada de las Conchas fue modificada para una fiesta a cielo abierto: carpas, DJ, luces led rojas, pistolas de burbujas y proyecciones sobre las rocas. Todo pensado para compartir en redes sociales, con imágenes que rápidamente se viralizaron y encendieron la polémica. Cuando cayó el sol, los organizadores repartieron mantas rojizas a tono con la tierra cafayateña y la zona protegida se volvió una postal instagrameable. La fiesta, que incluyó música, tragos, pistolas de burbujas, y se extendió hasta la noche, mientras los invitados disfrutaban del paisaje único de la reserva. La polémica estalló cuando se supo que la celebración se realizó en un área protegida. Sin embargo, una mujer identificada como Lucía Grajales Soriano aseguró ser la propietaria de una vivienda en el lugar y defendió la legalidad del evento: Mi propiedad está dentro de la reserva de las Conchas y se han tenido en cuenta todos los permisos pertinentes. ¿No puedo festejar una boda en el fondo de mi casa?, escribió en redes sociales. Sin embargo, según alertó El Tribuno de Salta, los especialistas advierten que un evento masivo como este puede provocar daños al ecosistema. El sonido, las luces y la presencia de tantas personas afectan la fauna y la flora, y aceleran la erosión de las formaciones rocosas, que tienen hasta 500 millones de años y guardan vestigios del pasado marino de la región. El dato más grave lo aportó el secretario de Ambiente de Salta, Alejandro Aldazábal, quien denunció que su firma habría sido falsificada en el supuesto permiso presentado por los organizadores. No autoricé nada, ese documento es falso, afirmó el funcionario. Leé también: Por qué se demoró el regreso a la Argentina de la abogada acusada de racismo en Brasil Por este motivo, se radicó una denuncia penal por presunta falsificación de instrumento público. La causa quedó registrada el 23 de marzo en la Fiscalía Penal de Cafayate, que ahora deberá determinar las responsabilidades en el hecho. Aldazábal remarcó la gravedad institucional del caso, no solo por la posible adulteración documental, sino por la realización de una actividad sin control ambiental en un área protegida. La autorización tiene un sentido, proteger un recurso que es de todos, sostuvo. Mientras tanto, se inició un sumario administrativo, se aplicó una multa y se evalúan medidas de recomposición ambiental. La idea es que la multa sea lo suficientemente dura como para que no vuelva a suceder, advirtió el funcionario.
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