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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 27/03/2026 19:49
Las críticas a la app ORI del gobierno de Entre Ríos, ya cuestionada por ATE, el Colegio de Psicólogos y la Asociación de Psiquiatras, se profundizaron con el rechazo de una facultad de la UADER. Según informó el gobierno, la aplicación es "una herramienta innovadora que funciona como un chat conversacional diseñado para brindar orientación ante situaciones cotidianas vinculadas a la escuela, los vínculos, las emociones, la convivencia, la salud mental integral y la detección temprana de señales de malestar en adolescentes". Desde la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) expresaron su preocupación por la iniciativa oficial. En un comunicado señalaron: "Desde la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER manifestamos nuestra preocupación ante la presentación de la aplicación de inteligencia artificial ORI por parte del Gobierno de Entre Ríos. Como institución universitaria pública comprometida con la formación, la investigación y la producción de conocimiento científico y particularmente con la formación de profesionales en el campo de la salud mental señalamos que una iniciativa de estas características no puede desarrollarse sin la participación de las universidades, los colegios profesionales y los organismos competentes en la materia". La unidad académica también planteó reparos sobre el uso de este tipo de herramientas en el abordaje de problemáticas complejas: "En este sentido, resulta imprescindible advertir que las problemáticas de salud mental no pueden ser delegadas en sistemas de inteligencia artificial aplicados a la atención en salud mental. El sufrimiento psíquico, tanto en su dimensión individual como comunitaria, requiere intervenciones situadas, sostenidas en el tiempo, con presencia profesional, escucha calificada y construcción de lazo social. La utilización de sistemas de inteligencia artificial aplicados a la salud mental podría constituir un recurso complementario, pero no puede reemplazar las prácticas profesionales ni las obligaciones indelegables del Estado en materia de políticas públicas de salud mental. Cabe recordar que, de acuerdo con la normativa vigente y las incumbencias profesionales, constituyen actividades reservadas a las y los licenciados en psicología la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento psicoterapéutico, así como las acciones de orientación, asesoramiento e intervención en procesos de promoción de la salud. Del mismo modo, les compete la planificación de acciones de prevención en salud mental y el desarrollo, validación y aplicación de métodos e instrumentos de evaluación psicológica. Asimismo, la Ley Nacional de Salud Mental establece la responsabilidad indelegable del Estado en garantizar dispositivos adecuados de atención, así como instancias de control y revisión que resguarden los derechos de las personas usuarias del sistema". En el mismo documento, la facultad pidió precisiones sobre el funcionamiento de la aplicación: "En este marco, surgen interrogantes que consideramos centrales y que deben ser esclarecidos públicamente, en particular en relación con quién sostiene, regula y supervisa el funcionamiento de esta aplicación, cuál es el marco regulatorio y ético que respalda sus intervenciones, de qué modo se garantiza la confidencialidad y la protección de los datos personales, y qué organismos incluyendo el Órgano de Revisión en Salud Mental intervienen en su evaluación, fiscalización y eventual sanción.Entendemos que respuestas simplificadas a problemáticas complejas pueden derivar en procesos de precarización y deshumanización del cuidado, así como en formas de desplazamiento de la responsabilidad estatal". Finalmente, remarcaron la necesidad de fortalecer el sistema público de atención: "Por el contrario, consideramos imprescindible fortalecer las políticas públicas de salud mental mediante una mayor inversión en equipos profesionales interdisciplinarios, el desarrollo de dispositivos comunitarios territoriales y una presencia efectiva del Estado en el acompañamiento a infancias, adolescencias, familias y comunidades. Desde la Universidad Pública reafirmamos nuestro compromiso con una perspectiva profesional, ética y situada en salud mental, y nos ponemos a disposición para contribuir, desde el diálogo institucional, al diseño y evaluación de políticas públicas que garanticen derechos y promuevan el bienestar de la población". Cuestionamientos previos de gremios y profesionales Antes de este posicionamiento, distintos sectores ya habían manifestado reparos. El Colegio de Profesionales de la Psicología de Entre Ríos (Coper) sostuvo que las herramientas tecnológicas pueden ofrecer respuestas ágiles y ampliar el acceso pero que presentan limitaciones sustantivas en aspectos centrales como la contención subjetiva, la comprensión emocional y la toma de decisiones clínicas fundamentadas. En tanto, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron sobre el enfoque de la medida y señalaron: Crear una IA como respuesta a estas demandas evidencia la decisión de no poner los recursos en dónde hacen falta. En la misma línea, la Asociación de Médicos Psiquiatras de Entre Ríos expresó preocupación por la implementación de la aplicación, postura que también fue acompañada por el Colegio de Psicólogos de la provincia. Los profesionales remarcaron: Consideramos que el uso de una herramienta automatizada reduce la consulta a un proceso impersonal y técnico y esto nos preocupa porque está demostrado que la IA no evalúa de manera integral la complejidad de los problemas de salud mental, lo que puede llevar a sugerencias inadecuadas. De este modo, la aplicación ORI continúa generando cuestionamientos desde distintos ámbitos, que coinciden en advertir sobre sus alcances, su implementación y el rol del Estado en la atención de la salud mental.
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