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» Clarin
Fecha: 27/03/2026 14:10
El llamado juicio del siglo contra la Argentina por la expropiación de YPF no fue solo una disputa judicial de alto monto, sino que se convirtió en un caso testigo sobre cómo decisiones de política económica pueden derivar, años después, en litigios internacionales de enorme impacto fiscal y reputacional. Un primer capítulo de la historia tiene lugar en la privatización de la petrolera en los años noventa, durante el gobierno de Carlos Menem. En 1993, el Estado vendió casi la totalidad del capital de la empresa y listó sus acciones en Nueva York. En ese proceso, el estatuto de la compañía incluyó una cláusula clave: cualquier actor que tomara el control debía realizar una oferta pública de adquisición (OPA) por el total de las acciones, a un precio fijado por una fórmula preestablecida. Esa disposición, pensada para proteger a los accionistas minoritarios, sería el eje del conflicto décadas más tarde. El segundo capítulo se abrió en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández impulsó la expropiación del 51% de YPF, entonces en manos de la española Repsol. La medida fue aprobada por el Congreso bajo la Ley 26.741 y marcó el regreso del control estatal sobre la principal petrolera del país. Sin embargo, el Estado no lanzó una oferta por el resto de las acciones, lo que, según los demandantes, implicó el incumplimiento del estatuto. Ahí aparece en escena Burford Capital, un fondo especializado en financiar litigios. En 2015, a través de una subsidiaria, compró en España los derechos de quiebra de las sociedades del Grupo Petersen vinculadas a la familia Eskenazi que habían adquirido el 25% de YPF entre 2008 y 2011. Esas empresas habían financiado la compra con deuda, bajo un esquema que dependía del cobro de dividendos. Cuando el Estado argentino tomó el control y suspendió esos pagos, las compañías entraron en default. Con esos derechos en su poder, Burford inició la demanda en Nueva York en abril de 2015. El planteo central fue que la Argentina violó el estatuto de YPF al no extender la oferta al resto de los accionistas tras quedarse con el control. La defensa argentina, a lo largo de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, sostuvo dos argumentos principales: que la operación del Grupo Petersen había sido fraudulenta por su esquema de financiamiento y que la jurisdicción del caso debía ser la Argentina, no Estados Unidos. La cuestión de la jurisdicción fue uno de los primeros grandes hitos del expediente. En 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó que el caso debía tramitarse en Nueva York, lo que implicó un revés clave para la estrategia local. A partir de allí, el proceso avanzó en esa plaza, con la jueza Loretta Preska al frente. El fallo de primera instancia se conoció en marzo de 2023. la magistrada concluyó que la Argentina había incumplido una obligación contractual al no ofrecer comprar la parte accionaria de todos los participantes, y así dio la razón de esa forma a los demandantes. De todas formas, eximió de responsabilidad a YPF como empresa, cargó el peso sobre el Estado nacional. Meses más tarde, en septiembre, fijó la indemnización en US$16.100 millones, una cifra que la convirtió en una de las mayores condenas contra un país en tribunales internacionales. Tras la sentencia, se abrió otra etapa igual de delicada: la ejecución. Burford avanzó con pedidos de discovery para identificar activos argentinos embargables en el exterior, lo que sumó presión financiera y diplomática. Hace dos semanas, la Casa Blanca también ejerció su propia presión. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones en respaldo de la moción de emergencia que había interpuesto Argentina para suspender el proceso de "discovery". La reciente decisión de la Corte de Apelaciones de frenar esas acciones y revertir el fallo de primera instancia reconfiguró el escenario. Quedará, como última alternativa para los demandantes, la opción de la Corte Suprema norteamericana. SN Newsletter Clarín
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