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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 26/03/2026 06:08
Luego de que el ministro de EconomÃa, Luis Caputo, ratificara la decisión de privatizar Intercargo, la empresa que brinda servicios de rampas en los aeropuertos argentinos, esta madrugada se autorizó la celebración de una licitación de alcance nacional e internacional de etapa múltiple para vender el 100% de las acciones que, actualmente, se encuentran en manos del Estado. Por medio de la publicación de la Resolución 282/2026 en el BoletÃn Oficial, las autoridades informaron que la convocatoria también se publicarÃa en el sitio web oficial del Ministerio de EconomÃa y en la plataforma internacional DGMARKET del Banco Mundial durante diez dÃas. Además, el anuncio se realizará con una anticipación mÃnima de cuarenta y cinco dÃas corridos antes del vencimiento para la presentación de ofertas. A pesar de esto, aclararon que el concurso se realizará mediante la plataforma CONTRAT.AR. Por este motivo, será necesario estar registrado para poder seguir el avance del proceso. Mientras que la consulta de las bases y condiciones estará disponible hasta el 27 de abril de 2026 a las 16:00 horas, subrayaron que las solicitudes serán aceptadas hasta el 7 de mayo de 2026 a las 09:30 horas. AsÃ, la apertura de las ofertas se ejecutará ese mismo dÃa, a las 10:00 horas. Según explicaron, se realizará en forma electrónica y automática, por medio de la generación de un documento oficial que acredite la participación del interesado en la primera etapa. En paralelo, oficializaron la conformación de una Comisión Evaluadora de Ofertas ad hoc designada para analizar, calificar y dictaminar sobre las propuestas que se presenten, garantizando la evaluación técnica y legal requerida. Además, facultaron a la SecretarÃa de Transporte para resolver cualquier duda formal o técnica que surja en las distintas etapas. El equipo evaluador estará integrado por Enrique Juan Eiras, Patricio Ezequiel Jaccoud Girart y Micaela Renée Lapuente como miembros titulares, mientras que Betina Verónica Duré, MarÃa Fernanda Castellano y Simón Vazquez Taretto actuarán como suplentes. Por otro lado, desde el Gobierno subrayaron que todo aquel que desee participar de la licitación pública deberá respetar el precio mÃnimo fijado por las acciones de Intercargo: USD 45.120.000. Por este motivo, se estableció una serie de requisitos para quienes se encuentren interesados en el proceso. Quiénes estarán habilitados para participar de la licitación En el caso de las personas jurÃdicas que deseen participar como oferentes, las autoridades indicaron que estarán habilitadas únicamente si cuentan con capacidad legal para asumir obligaciones según el Pliego Único de Bases y Condiciones (PUBC) y la normativa vinculada. Además, deben tener su domicilio o sede principal de negocios en la República Argentina. Para las sociedades extranjeras, la legislación exige que solo podrán presentar ofertas si lo hacen a través de un vehÃculo societario constituido en la República Argentina. También se permite iniciar el trámite de constitución bajo la condición de que dicho vehÃculo esté debidamente registrado e inscrito ante la autoridad pública pertinente antes de la firma del contrato de compraventa de acciones. Otra de las opciones aceptadas incluye la posibilidad de que dos o más sociedades presenten una oferta conjunta, con la condición indispensable de que todas asuman la responsabilidad solidaria e ilimitada frente al Ministerio de EconomÃa (MECON) por los compromisos adquiridos durante la licitación. Esta deberá mantenerse vigente hasta la ejecución del contrato y tendrá que ser reflejada en un convenio de vinculación donde se precise el porcentaje de aporte de cada participante. De la misma manera, exigieron que dicho convenio deberá estar debidamente firmado, certificada la personerÃa por vÃa notarial y, de corresponder, apostillado. Asimismo, deberán unificar la representación y designar un administrador legitimado dentro del sistema electrónico CONTRAT.AR, a fin de garantizar la coordinación y ejecución adecuada de las obligaciones asumidas. Cuáles serán las entidades que no podrán formar parte de la venta de las acciones de Intercargo Por el contrario, no podrán participar como oferentes las personas o entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artÃculo 8° de la Ley N° 24.156, ni los organismos centralizados, descentralizados o autárquicos provinciales o municipales, ni aquellos controlados, directa o indirectamente, por provincias o municipios. Esta restricción fue delimitada en la normativa para evitar situaciones de conflicto de intereses en el proceso de adjudicación. Las sociedades que incurrieran en alguno de los supuestos de inhabilitación establecidos por la Disposición N° 29/2025 de la Oficina Nacional de Contrataciones quedarán excluidas del proceso. Además, se evaluará si los directivos o accionistas estuvieran procesados por delitos contra la propiedad, la Administración Pública Nacional, la fe pública o infracciones contempladas en la Convención Interamericana contra la Corrupción. La presencia de sanciones firmes por incumplimiento en servicios públicos o actividades reguladas, asà como antecedentes de incumplimientos graves en contrataciones previas o con empresas estatales, también constituyen motivos de inelegibilidad. En este sentido, serán declaradas inhábiles las empresas o personas jurÃdicas cuyos responsables estén suspendidos por condena penal firme conforme a la Ley N° 27.401, o que hayan recibido sanciones administrativas motivadas por faltas graves en la presentación de rendición de cuentas de subsidios o aportes estatales. Por este motivo, indicaron que la acreditación de la no inhabilitación se realizará mediante la presentación de declaraciones juradas solicitadas a los interesados en participar del concurso público. De la misma manera, advirtieron que las ofertas podrÃan ser eliminadas, en caso de que se recolectaran pruebas suficientes sobre la comisión de un acto de corrupción. Esto incluirÃa ofrecimientos de dinero, dádivas, coacciones o presiones destinadas a influenciar la actuación de funcionarios o empleados con competencia en la licitación o en el contrato. Si se constatara cualquier conducta irregular susceptible de constituir un ilÃcito, una práctica contraria a la ética pública o a la transparencia institucional, se dará inmediato aviso a la Oficina Anticorrupción y se denunciarán los hechos ante las autoridades competentes.
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