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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 26/03/2026 01:42
A más de dos meses del femicidio de Érika Antonela Álvarez, la Justicia de Tucumán reconstruyó cómo fue la ruta tomada por el principal acusado, Felipe Sosa, para deshacerse de su cadáver en un basural de la localidad de Yerba Buena. Además de identificarse una camioneta para el trasladado, plantearon la posibilidad de que el ex militar hubiera contado con la colaboración de uno de los detenidos. A partir de los avances que hubo en la causa por medio de los peritajes, videos de seguridad y testimonios, se ordenó la detención de un total de cuatro personas que habrían estado involucradas en el hecho. No obstante, las autoridades evaluarían la posible participación de funcionarios vinculados al ámbito judicial que habrían encubierto la trama. Hasta el momento, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (Ecif), dependiente del Ministerio Público Fiscal, elaboró un informe clave basado en el análisis minucioso de registros fílmicos y declaraciones. En el documento, indicaron que la ventana horaria en la que se habría cometido el crimen iría desde la noche del 6 de enero hasta la madrugada del 7. Según reveló la autopsia, la víctima sufrió varios golpes en la columna vertebral, la cabeza y el rostro. Aunque, bajo el punto de vista de los forenses, la lesión letal fue producida en las vértebras del cuello. El contexto del ataque todavía estaría bajo evaluación por parte de los investigadores. No obstante, las maniobras propias para poder deshacerse de su cuerpo habrían comenzado durante las primeras horas de la mañana. Un testigo clave, identificado como Navarro, declaró ante la Fiscalía que recibió una llamada urgente de Sosa a las 06:50 horas. Se me clavó una chica, le habría manifestado, previo a pedirle que fuera a su vivienda ubicada en la calle Santo Domingo al 1100. De acuerdo con la información publicada por La Voz del Interior, el conocido de Sosa arribó al domicilio cerca de las 09:00 horas y aseguró que el acusado se encontraba nervioso. Además, tenía una pala en la mano y le mostró un cuerpo que estaba en el interior de la casa. A pesar de esto, no manifestó haber reconocido a la víctima, ni siquiera verle el rostro. A partir de esto, el ex militar habría puesto en marcha un plan para deshacerse del cuerpo de la joven. Para el Ecif, el acusado diseñó un trayecto pensado para eludir calles y zonas, en donde hubiera cámaras de seguridad activas. Sin embargo, hubo algunos registros captados que permitieron trazar el recorrido que habría hecho esa mañana desde su vivienda hasta el basural. La maniobra habría comenzado a las 10:33 horas, cuando una cámara documentó a un individuo colocando una bolsa en una camioneta Volkswagen Amarok frente a la vivienda. Posteriormente, el vehículo desaparece de los registros durante casi 23 minutos, periodo en el que se presume que Sosa habría bordeado la propiedad para acceder por la calle Guyanas, evadiendo zonas vigiladas y cargando finalmente el cuerpo en la caja del vehículo. A las 10:57, la misma camioneta pasó nuevamente frente al domicilio; a las 11:09 se la registró en la Avenida Mate de Luna; a las 11:37 en la confluencia de las avenidas Colón y Roca; y a las 11:47 ingresó al barrio Manantial Sur, donde permanece brevemente en la ubicación donde el cuerpo sería posteriormente hallado. Se calculó que el acusado solo habría requerido de unos 10 a 15 minutos para abandonar el cadáver de Erika. El regreso del vehículo también quedó documentado en otro set de cámaras. Luego de que abandonara la zona descampada, un nuevo avistamiento se realizó del vehículo en el Camino de Sirga a las 12:08. Minutos más tarde, es decir, a las 12:11, volvió a ser visto por la Avenida Aconquija, tras lo cual retorna a las inmediaciones de la vivienda original. Frente a esto, el Ministerio Público Fiscal apuntó que los movimientos registrados reforzarían la hipótesis de planeamiento deliberado para ocultar evidencias, aportando elementos clave al avance del proceso penal. Además de Sosa y Navarro, hay otras dos personas detenidas. Una de ellas sería J. G., una empleada de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. De acuerdo con la causa, la funcionaria pública aparece mencionada por presuntamente haber estado presente en el domicilio la noche de los hechos. Incluso, fue señalada como la supuesta responsable de haberle entregado las llaves de la camioneta Amarok, facilitando el escape de Sosa hacia la provincia de Buenos Aires, lo que abriría nuevas líneas de indagación sobre el posible encubrimiento institucional.
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