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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 25/03/2026 02:03
Aunque en la actualidad la mayoría de la sociedad argentina no vivió la dictadura, creció bajo la sombra de sus consecuencias, y se heredaron relatos entrecortados como en ciertos casos tan contradictorios o paradigmáticos; y si bien continúan persistiendo silencios dolorosos, también hubo para que perdure la memoria ejemplos de perseverancia, solidaridad, compromiso con la justicia y la democracia. Esa distancia generacional no implica olvido. Las historias transmitidas, los constantes recordatorios de organismos de Derechos Humanos, los juicios por delitos de lesa humanidad y la búsqueda de familiares fueron lo que permitió construir y mantener una memoria colectiva que se renueva cada año. Para muchas generaciones más jóvenes, la dictadura aparece como un conjunto fragmentado de relatos de distintos colores que están atravesados por lecturas diversas del presente. Asumir esa complejidad, sin simplificarla ni descalificarla es también parte del desafío de sostener la memoria. Es por eso que, cada 24 de marzo, nos interpela no solo a recordar y honrar el legado, sino a defender la democracia frente a la impunidad, el negacionismo y el relato fragmentado a conveniencia de quién lo cuente. Durante años, la exigencia de conocer la verdad de lo sucedido durante esos años, dieron paso a distintas estrategias. La búsqueda de las personas desaparecidas y el terrorismo de Estado se tradujo en hitos fundamentales, como el trabajo de la Comisión Interamericana en su visita al país en plena dictadura, la pionera Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y los Juicios por la Verdad, que mantuvieron viva la investigación de lo que había ocurrido aun en los años aciagos de impunidad. En ese contexto, Argentina fue también un escenario clave para construir y consolidar una idea que hoy resulta fundamental: el derecho a la verdad. Los reclamos de los familiares en Argentina y toda América Latina traducidos por las y los abogados en conceptos jurídicos dieron lugar a reconocer que las víctimas y la sociedad tenían derecho a saber qué había ocurrido. Este reconocimiento y la persistencia de los reclamos contribuyeron activamente a que Naciones Unidas reconociera el derecho a la verdad así como a consolidar una jurisprudencia interamericana que hoy es referencia global. De este modo, la experiencia argentina no sólo se nutrió de los desarrollos internacionales, sino que también brindó un aporte sustancial para moldearlos afirmando el derecho a la verdad. El camino de la justicia no solo se ha limitado a buscar respuestas, sino que se ha consolidado como una herramienta clave para la rendición de cuentas. El Juicio a las Juntas en 1985 y la decisión de juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad marcó un precedente inédito y reafirmó la idea que hoy parece evidente, pero en su momento fue extraordinaria: que incluso frente a los peores crímenes, el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar. Sin embargo, el camino no fue lineal. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, seguidas por los indultos presidenciales en los años noventa marcaron un retroceso en la búsqueda de justicia. La experiencia de la dictadura y las luchas por reivindicar los Derechos Humanos consolidaron en la sociedad argentina un consenso amplio sobre la inaceptabilidad de la violencia estatal, que exige ser protegido y sostenido frente a prácticas y discursos que buscan relativizarlo o, incluso, negarlo. Por ello, la verdad, la memoria y la justicia, no debe ser un slogan demagógico ni agotarse en los tribunales. La memoria debe asumirse como una herramienta para la defensa democrática que nos sirve para entender los límites del poder estatal, el valor de la vida, de los derechos y el lugar de las víctimas. El legado de estos 50 años se erige en una forma de resistencia, no contra el pasado, sino contra su repetición y de sostener de manera concreta, tras todos estos años, el compromiso colectivo con el Nunca más.
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