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Fecha: 24/03/2026 13:56
Desde la entidad señalaron que, si bien el municipio tiene competencia para intervenir, el tratamiento sobre tablas careció de debate institucional. "En temas de esta magnitud, la legalidad formal no alcanza por sí sola: también se exige responsabilidad institucional", advirtieron los referentes del espacio. La emergencia como "consigna vacía" Para los equipos jurídicos y contables de la agrupación, no existe una fundamentación técnica que justifique el estado de excepción. El documento subraya que una deficiencia en la gestión no se traduce automáticamente en una emergencia jurídica."La emergencia no puede ser una consigna vacía ni una excusa genérica para desplazar los mecanismos ordinarios de contratación, control y transparencia", afirma el comunicado. Además, advirtieron que, al no estar debidamente fundada, "la excepcionalidad se cae, y con ella queda jurídicamente debilitado todo el andamiaje que se montó sobre esa declaración". Cuestionamientos por $28.800 millones y contrataciones directas La ordenanza remarca el comunicado- habilitaría un régimen de contratación directa para disponer de casi $28.800 millones con controles mínimos."La contratación directa, en derecho público, es siempre una herramienta excepcional, de interpretación restrictiva y aplicación limitada", explicaron, criticando que se pretenda utilizar una emergencia de un año para proyectar una reorganización del servicio por seis años sin licitación. "Una concesión de seis años sin licitación es jurídicamente vulnerable y los contratos firmados bajo ese paraguas podrían ser declarados nulos", sentenciaron. Sospechas sobre la empresa prestataria El espacio político fue más allá al denunciar que una empresa privada ya estaría operando en la ciudad de Concordia sin la formalización correspondiente. "La empresa ya estaría prestando servicios en la ciudad sin que se conozca públicamente la formalización completa de la contratación directa", sostuvieron.Para Compromiso por Concordia, esta situación representa una "extrema gravedad administrativa" que podría comprometer la legalidad de los pagos y la responsabilidad de los funcionarios involucrados. Ante esto, instaron al municipio a suspender cualquier prestación privada que no cuente con una contratación "legalmente perfeccionada". Seis interrogantes para el Ejecutivo Hacia el cierre del documento, el grupo planteó seis preguntas concretas dirigidas al Departamento Ejecutivo Municipal para echar luz sobre el procedimiento:1. Fecha exacta de la formalización de la contratación. 2. Acto administrativo concreto de la disposición. 3. Funcionarios intervinientes en cada etapa. 4. Identidad de quienes firmaron autorizaciones, imputaciones y pagos. 5. Si la empresa operó antes de la firma legal. 6. Documentación respaldatoria completa. "La emergencia no puede ser un cheque en blanco" Finalmente, los referentes aclararon que su postura no responde a una cuestión ideológica sobre la gestión pública o privada. "No somos ni estatistas ni privatizadores", afirmaron, remarcando que el eje del reclamo es la transparencia y la legalidad."La basura no se resuelve con improvisación. Y la emergencia no puede ser un cheque en blanco", concluye el texto firmado por el Cr. Álvaro E. Sierra, la Lic. Silvia Dri, el Dr. Pablo Lapiduz, el Cr. Guido Longo, la Dra. Victoria Gallo, el Dr. Carlos Ruiz Díaz y la Dra. Ana Carolina Sigot.
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