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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 24/03/2026 11:22
Los números son fríos, pero más que eso, son desgarradores. En los últimos dos años, más de mil menores de edad se vieron involucrados en causas judiciales en Entre Ríos, y la mayoría de ellos, según las estadísticas, no están escolarizados. Si esto no es una crisis, ¿qué lo es? Ocho de cada diez adolescentes arrestados en la provincia abandonaron la escuela antes de completar la secundaria, y gran parte de esos casos corresponden a chicos que vivieron en la miseria de la soledad y el abandono. La crisis económica, la falta de oportunidades y la descomposición de las estructuras familiares se conjugan para formar una tormenta perfecta, pero, sorprendentemente, parece que la única respuesta que se le da a este desastre es más cárcel, más represión y más medidas punitivas que no hacen más que perpetuar el círculo vicioso. Estos adolescentes no nacen delincuentes; se convierten en ellos porque el sistema los empuja hacia allí. Si uno se toma la molestia de analizar los datos, se dará cuenta de que la mayoría de los casos en los que los menores son involucrados no son delitos de gran envergadura, sino hechos como hurtos, robos y, peor aún, lesiones y delitos relacionados con el consumo de drogas. ¿Qué empuja a un adolescente a robar? No es la naturaleza humana, es la desesperación. La necesidad de obtener dinero para sostener adicciones, el vacío existencial que se les impone desde una edad temprana, y la falta de contención, ya sea en la escuela o en el hogar, son los factores que generan la delincuencia juvenil. Mientras el gobierno provincial parece perder el tiempo buscando soluciones mediáticas, como el convenio que se está negociando entre el Poder Judicial y el Consejo General de Educación (CGE) para reinsertar a estos chicos al sistema educativo, la situación continúa empeorando. La propuesta de ofrecer formación en oficios y reinsertarlos en la educación obligatoria está bien en el papel, pero en la práctica, la historia es otra. ¿Qué tipo de resultados podemos esperar de un sistema educativo que ya está colapsado y con el cual los jóvenes no se sienten identificados? Los miles de adolescentes que abandonan la escuela no lo hacen porque les guste la delincuencia, lo hacen porque el sistema les falló desde el inicio, dejándolos caer en un abismo que parece no tener fin. Y lo que resulta aún más alarmante es la tendencia de la capital entrerriana a concentrar más de la mitad de los casos de menores con causas judiciales en toda la provincia. Paraná, con su aparente desarrollo y prosperidad en comparación con otras ciudades, es el núcleo donde más se expande la descomposición social. Mientras tanto, el resto de la provincia parece quedar a la deriva, con ciudades como Concordia y Gualeguaychú registrando números ínfimos en comparación. ¿Qué está fallando en la estructura socioeconómica de Paraná? ¿Será la misma desidia política que permite que la pobreza siga en aumento, que los barrios más vulnerables se sigan marginando y que las oportunidades para estos jóvenes sigan siendo inexistentes? El perfil de los menores involucrados en estas causas no es nada nuevo: chicos de entre 12 y 17 años, en su mayoría con serios problemas de adicciones, en busca de una solución inmediata para sus necesidades. Y es ahí donde la sociedad se olvida de lo más importante: estos chicos están abandonados, despojados de todo futuro, empujados por una maquinaria que los convierte en presas fáciles para el crimen organizado. Los delitos más comunes, como hurtos y robos, se cometen en su mayoría para conseguir dinero para estupefacientes. Pero eso no es lo más preocupante. Lo que está realmente en juego es la violencia que se está extendiendo cada vez más entre los adolescentes. Los datos de abuso de armas, tenencia de armas de fuego y homicidios que involucran a menores son la clara evidencia de que no estamos ante una simple delincuencia juvenil, sino ante una generación que está perdiendo la capacidad de convivir sin violencia. Y aún así, la respuesta que nos venden desde la política es simple: más cárcel, más represión. Pero la realidad es que las cárceles no son la solución. El sistema penitenciario, por más que se invierta en personal, carece de la infraestructura necesaria para lograr la reinserción social de estos jóvenes. En lugar de apostar por políticas educativas, sociales y de reinserción efectiva, seguimos construyendo instituciones donde los adolescentes se convierten en meros números dentro de un sistema que no tiene ni la intención ni la capacidad de rehabilitarlos. El gobierno nacional, por su parte, se suma a esta tendencia con su nueva ley que baja la edad de imputabilidad de los adolescentes de 16 a 14 años. ¿Qué implica esto? Más encarcelamiento, más impunidad, más marginación. La solución nunca fue ni será más cárceles, sino más oportunidades, más educación y más inclusión social. ¿Por qué no invertir en programas que realmente prevengan la delincuencia? ¿Por qué no poner en marcha políticas públicas de acompañamiento social y familiar para evitar que estos jóvenes se conviertan en el reflejo de una sociedad que los abandonó a su suerte? El 2026 ya comienza a mostrar señales de un futuro sombrío, con 126 nuevos casos en los primeros meses del año. Y la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿qué hará el gobierno para frenar esta situación antes de que se convierta en una catástrofe aún mayor? Mientras tanto, los adolescentes de Entre Ríos seguirán siendo la cara de un abandono sistemático, condenados a un destino del que nadie parece querer hacerse responsable.
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