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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 24/03/2026 02:03
Se cumple medio siglo del último golpe de Estado y 43 años de democracia, el período más largo de nuestra historia contemporánea desde la Ley Sáenz Peña de 1912. Dos hechos históricos y concatenados que marcan un antes y un después. En la perspectiva que el tiempo impone, cuando las pasiones tienden a desaparecer y las generaciones se suceden, vale traer a este presente un hecho que se prefiere negar o olvidar: el apoyo de una gran mayoría de la población argentina a cada uno de los golpes cívicos-militares que se sucedieron desde 1930 hasta el último de 1976. Todos los juicios que se llevaron adelante a partir de 1983 contra la última dictadura fueron por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el delito primario había sido la ruptura del orden constitucional. De haberse juzgado penalmente a los golpistas por este delito, hubiese sido un agravante para el resto de los ilícitos cometidos por el régimen. Lo cierto es que por acción militante, conveniencias u omisión cómplice, sectores sociales, económicos, judiciales, culturales y políticos apoyaron en las distintas épocas, las sucesivas rupturas del sistema democrático vigente. Y todo sin que, hasta el día de hoy, haya habido sanciones legales para los golpistas que se instalaron a la fuerza en el poder. Los militares inauguraron una cultura del pragmatismo que enseñó que las crisis institucionales podían solucionarse por vía de la ilegalidad y la fuerza. Tanto se instaló esto en la sociedad que, de hecho, la recuperación de la democracia en 1983 se debió más a la sangrienta secuela dejada por la última dictadura, nunca vivida antes, a una crisis económica permanente y a la derrota en la Guerra de Malvinas, que a una profunda convicción y compromiso democrático de defensa de la Constitución y de los derechos humanos. Estos temas estuvieron ausentes por décadas en agenda pública cuando la intolerancia era el lenguaje cotidiano y el aire olía a pólvora. Aquel fatídico 24 de marzo de 1976 fue el último capítulo de una larga pedagogía de la ilegalidad: casi medio siglo de violentas interrupciones institucionales convalidadas por la política y lo más grave por el propio sistema judicial que debía ser el último custodio y defensor del Estado de derecho. Hoy vale reflexionar por qué la sociedad argentina y sus instituciones nunca llevaron a juicio a los responsables de todos los golpes de Estado por violar aquello escrito taxativamente en el artículo 29 de la Constitución Nacional: Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticionen a nombre de éste, comete delito de sedición. Y sedición quiere decir: rebelión, levantamiento contra la autoridad. Es decir, todos los golpistas de todas las épocas cometieron ese delito y, por lo tanto, fueron delincuentes de uniforme, levita o de traje y corbata que asaltaron violentamente el poder destruyendo todo contrato político, social, económico e institucional acordado y validado por generaciones de argentinos en el texto constitucional. Y a partir de ese momento, se instaló como parte del ADN argentino la creencia de que siempre puede haber una solución por fuera de la ley, que el fin justifica los medios, que el pragmatismo mata al institucionalismo, que vale el más fuerte por sobre quien pretende ajustarse al marco de la ley que es igualador. En definitiva, que el poder es impunidad. El golpe de 1930, encabezado por el general José Félix Uriburu, no solo destrozó 70 años de continuidad constitucional, sino que fundó una cultura política. La Argentina, que había consolidado reformas sociales, ampliado derechos y alcanzado niveles de desarrollo comparables a los de los países más avanzados, quedó súbitamente sometida a un nuevo actor: el partido militar y sus socios civiles que desde ese momento intervino como árbitro y protagonista del poder hasta 1983. Lo decisivo no fue solo la irrupción militar sino la reacción del sistema institucional. Apenas cuatro días después del golpe, el 10 de septiembre de 1930, la Corte Suprema de Justicia legitimó a los golpistas mediante una acordada que les reconocía facultades de administración y legislación del Estado. Se creó la doctrina de los gobiernos de facto, que durante décadas otorgó validez jurídica plena a las dictaduras. En adelante, en la Argentina quien tomara el poder por la fuerza podría gobernar, legislar y ser reconocido. Una explicación leguleya dice que esa doctrina tuvo como objetivo darle continuidad jurídica al Estado. Pero bien pudo aquella Corte Suprema del 31 declarar inconstitucional al gobierno de Uriburu, restablecer la legalidad y adelantar las elecciones para darle sustento político a un nuevo gobierno y así sortear la crisis interna e internacional que por entonces se vivía. La decisión de aquella Corte Suprema no fue un hecho coyuntural o, si se quiere, de emergencia. El tiempo confirmó que se trató de un ejercicio de poder real que ubicó al máximo tribunal como un aliado funcional de los golpistas. Y esa actitud tuvo continuidad en el tiempo. La Corte Suprema del primer gobierno peronista ratificó esa línea y fue aún más allá. En agosto de 1947, sostuvo jurídicamente que lo legislado por un gobierno de facto era equiparable y sin límites a uno de iure (Caso Arrandini, Fallos de la Corte/Tomo 208, página 184). Y otra Corte Suprema de un período democrático ratificó doctrinariamente en julio de 1973 el fallo del 47 (Caso Díaz Reynolds/Fallos de la Corte/Tomo 286, página 62). De esta manera, desde el máximo tribunal judicial de la Nación se instauró un derecho especial de las Fuerzas Armadas y sectores civiles por sobre la ley suprema. En ese clima, no fue extraño que cada golpe no fuera vivido como un crimen contra la Constitución sino como una salida política, impulsada por sectores civiles, militares, empresariales e incluso judiciales. La historia contra fáctica suele ser una especulación alejada de la realidad, pero a veces sirve de espejo para comprender los hechos del pasado. No cabe duda de que, si se hubiese sancionado a los golpistas del 30, restableciéndose el orden constitucional en forma inmediata, otra hubiera sido la suerte del país. Por lo pronto, se habría fortalecido el proceso de esos setenta años anteriores de estabilidad institucional. No hubiese existido la Década Infame, menos aún el golpe de 1943, el surgimiento del peronismo y luego su contracara, el antiperonismo, que se enfrentaron en una lucha fratricida que dejó demasiados muertos y rotundos fracasos. A diferencia de 1930, la precaria democracia argentina de 1976 arrastraba una larga historia de interrupciones, enfrentamientos internos, proscripciones y un sistema judicial debilitado. La violencia política de los años 70 de origen estatal, paraestatal y de organizaciones guerrilleras armadas profundizó la sensación de que el orden constitucional era frágil y prescindible. Por eso la toma del poder de la Junta Militar no sorprendió a nadie: había sido anunciada públicamente, aceptada por la dirigencia política de los partidos mayoritarios, por las élites económicas y respaldada por actores sociales que veían en los militares un orden restaurador. El Videla democrático, como lo definió el comunismo criollo. Miles de argentinos salieron a las calles aplaudiendo a los tanques que se llevaba puesta a la Constitución al tiempo que perseguían y asesinaban a miles de ciudadanos sin derechos. Y en paralelo, destacados dirigentes políticos, diputados y senadores nacionales, gobernadores, ministros, dirigentes sindicales y demás funcionarios de la casta de entonces, volvieron a sus casas a la espera del próximo turno. El propio Julio González, secretario legal y técnico de la Presidencia de Isabel Perón, y quien acompañaba a la viuda al momento del secuestro en el helicóptero, contó cómo, ya preso, el ministro de Defensa, José Alberto Deheza, le confesó que sabía que se hacía el golpe pero que no había avisado por miedo a una pueblada. Muchos años después, la política reconoció el error histórico al incorporar en la reforma constitucional de 1994 el siguiente párrafo: Estas Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de pena. A medio siglo del último quiebre institucional que dejó un saldo de desapariciones, exilios, censura y destrucción del Estado de derecho, crisis económica y una guerra perdida, persiste una pregunta que atraviesa toda la historia política del país: ¿por qué la sociedad argentina y las instituciones de la democracia nunca enjuiciaron a los responsables de los sucesivos golpes de Estado desde 1930 hasta el último de 1976? Es decir, de Uriburu a Videla. ¿Por qué nunca hubo castigo si el código penal lo permitía? Por esa anomia zigzagueante y oportunista de la política nacional, es que desde 1930 hasta este presente la sociedad argentina fue incapaz de llevar a debido juicio y condena a los responsables de cada uno de los alzamientos, asonadas, rebeliones y golpes de Estado. El resultado de esa no justicia socavó por casi un siglo la credibilidad en la legalidad e institucionalidad del país. Y la conclusión es vergonzosa: ningún responsable preso, todo prescrito, borrado del recuerdo colectivo. Aceptar esta historia de impunidad es clave para entender el deterioro sistémico del país del último siglo. Y también para fortalecer a una democracia todavía a prueba evitando que la excepcionalidad vuelva a ser considerada una alternativa. La Argentina debe asegurar que nunca más un poder nacido por fuera de la Constitución sea tolerado, convalidado y, menos aún, indultado como sucedió de hecho.
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