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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 22/03/2026 16:59
La polémica por la planta de hidrógeno verde proyectada en Paysandú, sobre el río Uruguay, volvió a escalar este viernes cuando el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio (PRO), insistió en reclamar la relocalización del emprendimiento uruguayo. Si la van a hacer, que la hagan no justo enfrente de nuestras playas más concurridas. Puro sentido común, enfatizó en sus redes sociales. Días atrás, en Colón, Frigerio ya había marcado su posición con una frase que remite al conflicto binacional de los 2000: En Colón volví a dejar algo muy claro, no podemos permitir otra Botnia, sostuvo el lunes en esa ciudad entrerriana, frente a la cual se encuentra Paysandú, sobre la margen uruguaya del río. En ese sector del litoral, la empresa chileno-peruana HIF Global proyecta construir una planta de hidrógeno verde. Según la propia compañía, el emprendimiento en Paysandú contempla la generación de electricidad a partir de fuentes renovables y la transmisión de esta energía a la planta de e-Combustibles, destinada a producir combustibles sintéticos. Sin embargo, lejos de amainar, la controversia se intensificó hacia el final de la semana. Este viernes, el mandatario entrerriano volvió a utilizar sus redes sociales para fijar postura: Yo no combato inversiones que dan empleo. Lo único que pedimos es que relocalicen la planta y no la emplacen justo enfrente de nuestras playas más concurridas. Puro sentido común, escribió al mediodía. El mensaje de Frigerio llegó luego de ser interpelado públicamente por Rodolfo Llanos, presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina, quien lo acusó de oponerse al progreso productivo. Llanos le había recriminado, temprano este mismo viernes, que la exBotnia exporta U$S 2.000 millones en celulosa y que toda la provincia de Entre Ríos exporta 1.425 millones. Y agregó: Si se pondría a buscar más empresas que se radiquen Pero él las combate en nombre la contaminación. Siempre anti progreso, disparó el dirigente empresario. Recogiendo el guante, Frigerio volvió a pronunciarse y buscó despegarse de una postura antiinversión: Yo no cuestiono la contaminación del río por parte de esta planta de combustibles sintéticos (en Paysandú) porque no tengo elementos para hacerlo, aclaró. En ese marco, el gobernador introdujo una autocrítica sobre la situación ambiental del lado argentino: Además, hasta que no tratemos los efluentes cloacales e industriales de este lado, mucha autoridad moral no tenemos, reconoció. Y añadió: Y por eso las obras de saneamiento que estamos encarando a lo largo de nuestras costas en Entre Ríos, remarcó. Frigerio insistió en que su planteo se limita a la ubicación de la planta: Lo único que pedimos, desde el sentido común, es que si la van a hacer, la hagan unos kilómetros para cualquiera de los márgenes, y no justo enfrente de nuestras playas más concurridas, reiteró. Y fue más allá, al marcar un compromiso simétrico con el vecino país: Si alguna vez vienen para este lado inversiones industriales importantes que requieran estar sobre la costa del río y que generen muchos puestos de trabajo, prometo que no las vamos a instalar enfrente de Carmelo, amplió el mandatario provincial. En concreto, a comienzos de la semana Frigerio había sugerido que el emplazamiento se corra unos 30 kilómetros de la costa, como alternativa para morigerar el impacto visual y el conflicto político con las ciudades turísticas entrerrianas. En paralelo a la discusión política, la empresa presentó la documentación ante el Ministerio de Ambiente de Uruguay, en lo que constituye el último paso administrativo antes de iniciar la construcción de la planta. Frente a ese avance, un grupo de legisladores del PJ entrerriano, enfrentados con Frigerio, promovió una acción judicial preventiva contra el Estado uruguayo y la firma HIF Uruguay SA. El objetivo, afirmaron, es evitar un eventual daño ambiental derivado de la instalación de la planta. La presentación quedó a cargo de los legisladores nacionales del PJ Guillermo Michel, Adán Bahl (ex intendente de Gualeguaychú) y Marianela Marclay. Los tres apuntaron a presuntos incumplimientos del vecino país en materia de consulta bilateral. En su demanda, los legisladores reclamaron al gobierno uruguayo de Yamandú Orsi por entender que no se habrían respetado los artículos de consulta previstos en el Estatuto del Tratado sobre el Río Uruguay, administrado por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). La causa, presentada por Michel, Bahl y Marclay, tramita bajo el expediente 3276/2026 y solicita medidas de prevención de daños y perjuicios ante lo que consideran un posible impacto ambiental irreparable sobre el curso de agua compartido. El conflicto actual revive el antecedente de la planta de celulosa UPM-Botnia. El gobierno uruguayo renovó en 2013 la autorización para el funcionamiento de esa pastera, cuya instalación en la década del 2000 generó uno de los mayores litigios ambientales de la región. En aquellos años, la radicación de Botnia sobre la margen uruguaya del río, sin consulta previa a la Argentina, desató un duro enfrentamiento bilateral, con cortes prolongados en el puente internacional que une Gualeguaychú con Fray Bentos. El caso llegó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que terminó dándole la razón a la Argentina en cuanto a la violación del deber de informar y ordenó controles periódicos sobre el estado del río. Esos monitoreos, según ambientalistas de la zona, se realizan en forma esporádica. En medio de aquel conflicto, los pobladores denunciaron olores nauseabundos, cambios en la calidad del agua y mortandad de peces. Hubo intervenciones judiciales contra la empresa, que admitió al menos en un par de ocasiones haber tenido escapes tóxicos, hasta que la firma finlandesa atravesó un proceso de reconversión y fue vendida a otro grupo europeo.
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