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Parana » AIM Digital
Fecha: 22/03/2026 18:34
La decisión de limitar la participación en las audiencias públicas por la modificación de la ley de Glaciares generó fuertes cuestionamientos políticos y judiciales, en medio de acusaciones por restricciones al debate ciudadano en el Congreso. La medida fue impulsada desde la conducción de la Cámara de Diputados y establece que solo podrán ingresar legisladores miembros de las comisiones, un número reducido de expositores y dos asesores por bloque, dejando afuera a la gran mayoría de las más de 70.000 personas que se inscribieron para participar del proceso. El esquema definido prevé que menos del uno por ciento de los inscriptos pueda exponer de manera presencial, mientras que el resto deberá enviar sus opiniones por escrito o mediante videos. Esta modalidad generó críticas por limitar el sentido de las audiencias públicas, cuyo objetivo es garantizar la participación directa de la ciudadanía en debates de alto impacto ambiental. La magnitud de la convocatoria fue considerada inédita, con un nivel de participación que refleja el interés social en torno a la normativa. En ese contexto, organizaciones ambientalistas, académicas y jurídicas impulsaron acciones judiciales para exigir que se garantice la intervención oral de todas las personas anotadas. Los planteos apuntan a que la restricción vulnera estándares de participación establecidos en acuerdos internacionales vigentes, como el Acuerdo de Escazú, que promueve el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. En paralelo, sectores opositores evalúan avanzar con estrategias parlamentarias y judiciales frente a lo que consideran un intento de acelerar el tratamiento del proyecto sin el debido debate. La controversia también se trasladó al plano político, donde se discute el impacto de la reforma en las economías regionales y en la actividad minera. Datos oficiales sobre exportaciones y empleo en provincias mineras fueron utilizados para cuestionar los argumentos a favor de la modificación de la ley. En ese sentido, se señala que las exportaciones crecieron en provincias como Santa Cruz, San Juan y Jujuy en los últimos años sin cambios en la normativa, mientras que el empleo registrado en el sector minero pasó de 87.459 trabajadores en 2015 a 89.511 en 2025, lo que representa un incremento marginal en una década. El escenario abre un nuevo foco de conflicto en torno a la política ambiental y el rol del Congreso, en un contexto donde la participación ciudadana se posiciona como uno de los ejes centrales de la discusión.
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