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Concepcion del Uruguay » Uruguayenses.com
Fecha: 22/03/2026 14:30
En la política contemporánea, muchas discusiones ya no se ganan en el terreno de los datos, sino en el de las percepciones. Uno de los grandes teóricos de este cambio fue Frank Luntz, asesor político estadounidense, quien sostenía que no es necesario modificar la realidad para cambiar la opinión pública: alcanza con modificar el lenguaje con el que esa realidad es interpretada. El principio es simple, pero poderoso. No se trata de explicar mejor una medida, sino de reencuadrarla. Así, un recorte puede convertirse en orden, un derecho en privilegio y un ajuste en equidad. Cuando el marco cambia, cambia también la reacción social. Esa lógica, que en Argentina se volvió visible a nivel nacional, comienza a replicarse con precisión en el plano provincial. El debate sobre la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos es un ejemplo claro. El gobernador parte de una afirmación que, en apariencia, resulta contundente: un millón y medio de entrerrianos sostienen jubilaciones que no van a recibir. La frase tiene fuerza, pero su potencia no está en lo que dice, sino en cómo lo dice. Porque transforma un sistema previsional solidario en una relación de abuso entre grupos. Deja de ser un esquema colectivo para convertirse en una carga injusta. El problema no es que el dato sea completamente falso, sino que es incompleto. Todos los sistemas previsionales (provinciales o nacionales) funcionan bajo un principio básico: la solidaridad intergeneracional, donde los trabajadores activos financian a los pasivos. Sin embargo, el financiamiento no se agota en ese esquema: en Argentina, una parte sustancial del sistema se sostiene también con impuestos, tanto de afectación específica como generales. Así opera ANSES, y así opera cualquier sistema jubilatorio del mundo. Esto implica que todos los ciudadanos, independientemente de si son empleados públicos, privados o incluso si trabajan en la informalidad, contribuyen al sistema previsional nacional cada vez que consumen o realizan una actividad económica. El IVA, el impuesto a las Ganancias, los débitos y créditos bancarios, los impuestos sobre los combustibles, entre otros, tienen afectaciones directas o indirectas al financiamiento de ANSES. En otras palabras: no existe un grupo que no paga jubilaciones. Todos, de una u otra forma, participan en su sostenimiento. La idea de que unos pagan y otros reciben es, en este contexto, una simplificación que recorta el funcionamiento real del sistema. Y ese recorte no es neutro: cumple la función de instalar una percepción de injusticia. A partir de ahí, el conflicto se desplaza. En lugar de discutir cómo se financia y se mejora un sistema previsional, se construye una tensión entre entrerrianos. Trabajadores contra trabajadores. Activos contra pasivos. Públicos contra privados. El resultado es una fragmentación que debilita cualquier análisis estructural y facilita la aceptación de medidas regresivas. En ese contexto aparece otro elemento clave del discurso: el 82% móvil. Se lo presenta como una garantía de continuidad, como una bandera que no se negocia. Sin embargo, lo que no se explicita es que el cambio no está en el porcentaje, sino en la base de cálculo. Actualmente, el haber inicial se determina sobre el promedio de los últimos años de la carrera laboral, donde los salarios suelen ser más altos. La propuesta de extender ese cálculo a un período mucho más amplio incorpora remuneraciones significativamente menores, propias de las etapas iniciales. El resultado es claro: el promedio baja, y con él, el haber jubilatorio. En términos concretos, el 82% deja de ser un porcentaje del salario real del trabajador para convertirse en un porcentaje de un promedio artificialmente reducido. No se elimina el 82% móvil; se lo vacía de contenido. Así, una medida que implica una reducción efectiva del ingreso se presenta como un acto de responsabilidad y equilibrio. Y aquí es donde la lógica comunicacional se vuelve determinante: la pérdida material se resignifica como una corrección moral. El debate previsional es complejo y requiere soluciones sostenibles. Pero esa discusión no puede darse sobre la base de simplificaciones que enfrentan a la sociedad consigo misma ni sobre consignas que, bajo apariencia de justicia, encubren recortes. Porque cuando se cambia el lenguaje, se cambia también la forma en que entendemos lo que ocurre. Y en ese terreno, muchas veces, las decisiones ya están tomadas antes de empezar a discutirlas.
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