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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 22/03/2026 01:48
La causa se originó en 2013 y después de casi trece años de tramitación no ha logrado salir del estadío en el que se depositó: está en el Juzgado de Transición, a cargo del juez dre Garantías Pablo Nicolás Zoff. Es el sexto magistrado que la tiene en sus manos. Involucra a la familia del exministro de Agroindustria de la Nación en los tiempos de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere; del excandidato a gobernador por La Libertad Avanza, Arturo Sebastián Etchevehere; del titular de la Delegación Entre Ríos de la Sociedad Rural, Juan Diego Etchevehere; y a la madre de los tres, Leonor María Magdalena Barbero Marcial. Están denunciados por estafa. Los denuncia Dolores Etchevehere, hermana de los tres, hija de la cuarta denunciada. El 6 de diciembre de 2013, el fiscal Ignacio Aramberry elevó al entonces juez de Instrucción Alejandro Grippo la denuncia presentada por la ciudadana Dolores Etchevehere ante esta Fiscalía a mi cargo: 20 carillas de mucha información que ponía contra las cuerdas a sus tres hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, y a su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial. El 20 de diciembre de ese año, Dolores Etchevehere ratificó ante el juez Grippo los términos de la denuncia formulada por escrito. Contó de qué modo, con qué maniobras, bajo qué paraguas su familia pretendió cometer una serie de hechos ilícitos en las empresas familiares que tendrían alto impacto social: en 2018, una de las firmas del holding familiar, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de El Diario, dejó en la calle a 80 trabajadores sin pagarles indemnización, e ingresó en concurso preventivo. Bajo el paraguas del urribarrismo, en 2010 había ingresado a SAER el empresario santafesino Walter Greón, que estuvo hasta 2012 cuando fue la incursión de otro santafesino, Ramiro Nieto: en la última década, el negocio periodístico de los Etchevehere y sus socios circunstanciales viró de tal forma que convirtieron a un medio clave en la Provincia en un libelo con ideario negociable. Pero en el génesis de la causa por estafa que involucra a los Etchevehere ocurrió lo impensado. Extrañamente, el 6 de febrero de 2014, la agente fiscal Evangelina Santana dictaminó lo que sigue: Atento a la entidad del hecho que diera inicio a las presentes y siendo factible que el conflicto suscitado en autos pueda ser resuelto mediante el proceso de mediación, ante la pronta implementación en nuestra jurisdicción del nuevo ordenamiento adjetivo, remítase las presentes actuaciones a la Delegada Judicial del Ministerio Público Fiscal, Dra. Paola Farinó, a fin de que consulte a las partes y en caso de que presten su consentimiento, celebre la mediación. El 24 de febrero, y tras entrevistarse con Dolores Etchevehere, Farinó informa que la mediación resulta inviable. El 6 de marzo, la agente fiscal Santana anoticia al juez Grippo de la continuación de la causa penal. La primera medida que dicta el magistrado es pedir a la Dirección de Personas Jurídicas de Entre Ríos información sobre la composición societaria de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario, y de Construcciones del Paraná SA. También, a los bancos Itaú y de Entre Ríos para que informen sobre líneas de crédito otorgadas a la firma Las Margaritas, también del holding de los Etchevehere. Dolores Etchevehere dice en un segundo escrito, presentado el 10 de abril de 2014: «Básicamente he denunciado la forma en la que abusivamente se ha obligado a la sociedad en beneficio de un grupo de accionistas (mis hermanos y mi madre) lo que posibilitó la extracción de fondos líquidos para ser aplicados a otra maniobra también de una tercera: Construcciones del Paraná, de la cual naturalmente no soy accionista (sí lo soy de SAER y Las Margaritas, como oportunamente explicara). De ese modo, la menor del clan Etchevehere contaba cómo se había «vaciado» a Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER). En la primera denuncia, la mujer habló de la toma fraudulenta de un crédito del Banco Itaú por la suma de $1.066.000 equivalentes a u$s 250.000 al cambio de entonces (año 2011, aproximadamente $4,24242 por dólar) cuyo importe fue retirado por los denunciados según así surge de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de aquel año. Los denunciados son, claro, sus tres hermanos y su madre. Después, abundó en las cifras y detalló que el fraude bancario fue mayor a los u$s 250.000. Hubo otros dos montos de u$s 360.000 y u$s50.000 que los denunciados tomaron de préstamos bancarios y se repartieron en provecho personal. Por eso, en 2014 Dolores Etchevehere pidió el allanamiento de la sede de la sociedad Las Margaritas SA, en Urquiza 1123, tercer piso, el mismo edificio donde funcionó la Redacción de El Diario, con el propósito de secuestrar los libros contables y toda otra documentación que tenga que ver con el hecho que se denuncia. También pidió allanamientos a las sedes de SAER, en la misma dirección, Urquiza 1123, tercer piso , dirección que corresponde a otra firma, Construcciones del Paraná, cuyo allanamiento también solicitó. Los préstamos, después se supo, fueron pedido por los Etchevehere a los bancos Itaú y Nación, a tasa subsidiada, en teoría para fines productivos, pero que en la práctica fueron a dar al bolsillo de la familia. Con su denuncia, Dolores Etchevehere procuraba establecer la ruta del dinero y la posible utilización de los fondos (o parte de ellos) de los préstamos tomados por Las Margaritas SA en la transferencia de los inmuebles propiedad de SAER. Desvío de fondos, vaciamiento, estafa: delitos gravísimos que una fiscal, más adelante, entendería como una simple peleíta familiar. Un dictamen del exfiscal y ahora juez Alejandro Cánepa y de la agente fiscal -hoy jubilada- Viviana Ferreyra dio un giro a la investigació y fue la base para que años después el clan Etchevehere quedaran procesado. Álvaro Piérola es el séptimo fiscal de la causa. En una audiencia que tuvo lugar en este mes de marzo ante el juez Pablo Zoff ocurrió un incidente que María Magdalena Barbero Marcial consideró un atrevimiento de parte del fiscal Piérola. «En cuanto al memorial presentado por la Dra. Leonor María Magdalena Barbero Marcial, en relación al trato que dice haber recibido del Sr. Fiscal Dr. Álvaro Piérola; póngasela en conocimiento de que el responsable de garantizar en todos los actos procesales sus derechos y garantías, es el suscripto, y que en caso de que no haya advertido de oficio alguna vulneración, debe efectuar una alusión concreta y formular la pretensión que entiende corresponda», dijo el magistrado. Y agregó: «Asimismo, hágasele saber que no advertí vulneración alguna a sus derechos en la intervención de ninguno de los letrados, sino, por el contrario, toleré en la audiencia intervenciones de la propia imputada completamente indebidas, para garantizar su derecho de defensa y en consideración a que se trata de una persona mayor e involucrada personalmente en el caso (y posiblemente atravesada emocionalmente por lo que ocurría); inconductas que de haber sido efectuadas por cualquiera de los demás letrados presentes hubieran acarreado alguna sanción, expulsión o medida similar». Trece años después de la apertura de la causa -que tuvo un archivo que fue anulado- no avanza de modo significativo, aunque suma mucha esgrima verbal entre las partes. De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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