21/03/2026 23:28
21/03/2026 23:23
21/03/2026 23:20
21/03/2026 23:10
21/03/2026 23:10
21/03/2026 22:59
21/03/2026 22:50
21/03/2026 22:48
21/03/2026 22:44
21/03/2026 22:39
Parana » Informe Digital
Fecha: 21/03/2026 21:55
La disputa por la instalación de una planta de combustibles sintéticos de la empresa HIF Uruguay SA en Paysandú a pocos kilómetros de Colón sumó en las últimas horas un capítulo judicial que modifica el cuadro del conflicto ambiental binacional. La causa, caratulada como Expediente 3276/2026, avanza ahora en el fuero federal argentino impulsada por legisladores entrerrianos que buscan prevenir eventuales afectaciones al río Uruguay. El punto de inflexión ocurrió el 18 de marzo, cuando la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de la fiscal María José Minatta, dictaminó a favor de la competencia del fuero federal local. Con ese pronunciamiento, el expediente quedaría radicado en el Juzgado de esa jurisdicción y se habilita la posibilidad de adoptar medidas preventivas concretas, como inspecciones judiciales en las costas y estudios sobre la calidad del agua del río. La presentación fue promovida por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador Adán Bahl. Según los representantes entrerrianos, el proyecto incumple los estándares jurídicos fijados por el Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia derivada del caso Botnia-UPM ante la Corte Internacional de Justicia. La acción se encuadra en la figura de prevención del daño ambiental prevista en el Código Civil y Comercial argentino y busca anticiparse a posibles consecuencias de una iniciativa industrial que, por su escala y ubicación, reactiva tensiones históricas entre ambas márgenes del río compartido. No es menor el dato geográfico: la planta proyectada estaría a apenas tres kilómetros de territorio argentino, en un corredor donde turismo, biodiversidad y economías regionales dependen estrechamente de la salud del ecosistema fluvial. El pronunciamiento de la Fiscalía adquiere así relevancia jurídica y política. La eventual orden judicial de peritajes ambientales o relevamientos in situ incorpora al Poder Judicial en un conflicto que hasta ahora se había desarrollado fundamentalmente en clave diplomática y administrativa. Las declaraciones de Guillermo Michel, en tono crítico hacia el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, ponen en evidencia la dimensión política interna del conflicto. La inacción y falta de gestión llevó a esta situación de tener que recurrir a la Justicia, afirmó el legislador, frase que muestra cómo la controversia trasciende lo estrictamente ambiental. En Uruguay, el proyecto permanece en evaluación ambiental bajo la órbita del Ministerio de Ambiente, que solicitó a HIF la presentación de la Autorización Ambiental Previa (AAP), el instrumento central para habilitar la iniciativa. Ese requerimiento incluyó de manera explícita la evaluación de impactos en territorio argentino algo poco habitual pero clave en este caso transfronterizo, y la obligación de relevar ecosistemas (ríos, montes nativos, áreas protegidas), centros poblados como Colón y actividades turísticas y recreativas. El propio Estado uruguayo reconoció así el carácter binacional de los efectos y las consecuencias del proyecto. Desde la presidencia de Yamandú Orsi se planteó la necesidad de evitar una escalada diplomática y canalizar las diferencias por vías institucionales, es decir, institucionalizar el conflicto antes que judicializarlo plenamente a nivel interestatal. La posición del Estado argentino resulta, en cambio, confusa y contradictoria, y conviene distinguir niveles de gobierno. A nivel nacional, la Cancillería no se opone formalmente al proyecto y esa postura ha sido expresada tanto en términos diplomáticos como públicamente. En el plano provincial y legislativo de Entre Ríos, en cambio, los diputados Michel y Marclay y el senador Bahl fueron los impulsores de la denuncia judicial por posible violación del Estatuto del Río Uruguay y riesgo de daño ambiental irreparable. El gobernador Rogelio Frigerio advirtió, por su parte, que no se puede permitir otra Botnia. La apertura de la vía judicial en Argentina no implica por ahora la paralización del proyecto, pero sí marca un precedente al introducir la lógica precautoria en un escenario en que la memoria del conflicto por las pasteras aún pesa como telón de fondo. La causa podría volver a ser un espacio de tensión o de articulación entre derecho ambiental, política y diplomacia. No puede soslayarse un antecedente: en la demanda contra la pastera UPM (ex Botnia, proyecto Orión), que se tramita ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú a cargo del juez Hernán Viri, el gobierno uruguayo ha impedido por decreto que los directivos de esa empresa sean notificados por la Justicia. Según la presentación, esa actitud vulnera el Acuerdo de San Luis del Mercosur y niega a las poblaciones ribereñas un acceso elemental a la Justicia. Con el expediente ahora disponible públicamente a través de una plataforma digital impulsada por los propios legisladores, la disputa suma otra arista: la controversia por la transparencia y el acceso a la información. En un tema donde el río no reconoce fronteras, la información como el agua también se vuelve un bien en disputa. Contextos y perspectivas El Ministerio de Ambiente de Uruguay exigió a HIF la presentación de la Autorización Ambiental Previa (AAP), el instrumento central del Estado uruguayo para habilitar el proyecto. En ese marco se instruyó incluir impactos en territorio argentino, relevar ecosistemas y centros poblados (incluida Colón), además de evaluar la actividad turística y recreativa afectada. En términos políticos, para Uruguay el conflicto no está negado sino incorporado como variable técnica dentro del estudio ambiental. Ambos Estados reconocen que el proyecto se emplaza sobre el río Uruguay, por lo que debe regularse por el Estatuto del Río Uruguay y atender la obligación de cooperación ante efectos transfronterizos. El Gobierno uruguayo afirmó que el proyecto se encuentra en etapa de análisis ambiental con equipos técnicos trabajando y que se han incorporado las preocupaciones argentinas. Desde la presidencia uruguaya se busca evitar la escalada diplomática y canalizar el conflicto por vías institucionales. La postura del Estado argentino, en cambio, aparece fragmentada: la Nación mantiene una actitud moderada y permisiva, mientras que actores provinciales adoptan una posición más confrontativa. En ese esquema, la oposición impulsó la vía judicial federal y el oficialismo provincial alterna entre gestiones políticas cuyo resultado aún es incierto. El conflicto plantea, al menos, cuatro desafíos o tensiones: 1) impacto ambiental transfronterizo en aire, agua, biodiversidad y áreas protegidas; 2) uso del río Uruguay, incluido el consumo de agua y eventuales descargas, bajo la regulación del Estatuto del Río Uruguay; 3) impacto socioeconómico indirecto, con Uruguay destacando la inversión estratégica y la generación de empleo y Entre Ríos advirtiendo riesgos para el ambiente y el turismo; y 4) el antecedente histórico del conflicto por la pastera UPM-Botnia (20052010), todavía con efectos no resueltos. El Estado uruguayo impulsa el proyecto como estratégico y lo somete a evaluación ambiental formal incorporando explícitamente la dimensión argentina. El Estado argentino no bloquea la iniciativa y delega en la provincia la activación de controles políticos, mientras la oposición promovió la instancia judicial. El desenlace está abierto. Si se mira en espejo el conflicto pastero, puede ocurrir que el oficialismo y la oposición uruguaya se alineen detrás de la empresa, mientras que en Entre Ríos se profundicen las grietas entre oficialismo y oposición, sin que eso necesariamente detenga a HIF Uruguay SA de Paysandú. El río Uruguay permanece en medio de la disputa. El escrito de la Fiscalía El expediente y el dictamen de la Fiscalía pueden consultarse en la documentación pública disponible en la plataforma digital donde fue incorporado el material de la causa.
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por