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Parana » Informe Digital
Fecha: 21/03/2026 13:37
La principal sospecha del gobierno de Santa Fe es que un arsenal fusiles Colt 5.56 mm y Norinco, la versión china semiautomática del AK47 oculto dentro de tambores de plástico y cubierto por una loza, estaba destinado a atentar contra el gobernador Maximiliano Pullaro, por lo que se reforzó su custodia y las medidas de seguridad. La información con la que cuenta la provincia, procedente de tres fuentes diferentes, indica que ese poder de fuego podría perforar la protección de un vehículo blindado. Una de las hipótesis es que los fusiles provendrían de Bolivia, donde algunas fuentes sitúan a Matías Gazzani, líder del grupo narco Los Menores. Hace pocos días fue detenido en Santa Cruz de la Sierra Sebastián Marset, extraditado a Estados Unidos, quien era uno de los narcos que controlaba el tráfico por la hidrovía Paraná-Paraguay. Altas fuentes del gobierno santafesino advirtieron al diario La Nación que la maniobra que podría tramar Los Menores la organización que hoy ocupó el espacio territorial que dejó Los Monos para generar un hecho de extrema conmoción estaría ligada a la finalización prevista en octubre de este año de la cárcel que la administración de Pullaro calificó como El Infierno. Ese nuevo penal, ubicado en Piñero, a 25 kilómetros de Rosario, tendrá capacidad para 1.100 internos de alta peligrosidad. Allí serán trasladados los integrantes de las bandas narco que hoy se encuentran distribuidos en distintos pabellones del penal de Piñero. Aún no está definido qué ocurrirá con los líderes de las bandas como Ariel Guille Cantero y Esteban Alvarado, entre otros que permanecen alojados en Marcos Paz y en Ezeiza bajo régimen de aislamiento. La mayor inquietud recae, entre otros, sobre los presos del pabellón 25 de Piñero. En ese pabellón está uno de los referentes de Los Menores, Lisandro Limón Contreras, detenido en diciembre de 2024 en el country San Sebastián, en Buenos Aires. El hallazgo de las armas apunta a ese grupo criminal por una razón concreta, además de la inteligencia provincial. El 4 de marzo pasado, cuando agentes de la TOE y de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales acababan de hallar un arsenal escondido en tambores de plástico dentro de un pozo en un terreno de Roldán, se toparon con otra sorpresa. Frente al portón se detuvo una camioneta Amarok con dos ocupantes que querían saber qué se hacía en la propiedad. Al ver a los agentes vestidos de civil y desplazados en autos no identificados supusieron que los ocupantes intentaban robar el arsenal, según dedujeron los investigadores presentes aquel día en Roldán. Al identificar a los ocupantes de la camioneta VW Amarok, la pesquisa confirmó que el rastro de las armas ocultas conducía a Los Menores, una de las principales organizaciones narco de Rosario en expansión, que opera como una suerte de Unión Transitoria de Empresas. El jueves de la semana pasada, el fiscal Ignacio Hueso imputó por asociación ilícita a Rodrigo Gabriel Cappelletti, de 27 años, y a Lautaro Noriega, de 35, quienes aparecieron aquella tarde del 4 de marzo en Roldán. Fue una detención casi casual: los agentes no los buscaban; ellos surgieron en el terreno, donde los efectivos debieron usar una retroexcavadora para desenterrar las armas de asalto que estaban perfectamente acondicionadas. Ambos están acusados de custodiar el armamento y de participar en negocios inmobiliarios ilícitos. Uno de ellos vive junto al terreno, consignó el diario La Nación. La propiedad donde se encontró el arsenal está vinculada a Enzo Benítez, identificado en la causa por asociación ilícita contra Los Menores en un viaje a Pinamar con Lisandro Contreras, Matías Gazzani el prófugo más importante de Santa Fe y Jonatan Garraza, expolicía, en octubre de 2023. Benítez, conocido como Gordo Enzo, tiene actualmente un pedido de captura. ¿Para qué tenían ese tipo de armamento de guerra? La sospecha es que fueron adquiridos para un eventual enfrentamiento con otra banda, aunque generó alarma otra línea de investigación que surgió en los días previos al operativo: la posibilidad de un atentado contra algún miembro del gobierno provincial. La mayor preocupación residía en que los fusiles Colt calibre 5.56 mm pueden perforar la protección de un vehículo blindado. La semana anterior al hallazgo, Rosario sufrió al menos cinco ataques a tiros vinculados entre sí por un denominador común: notas amenazantes junto a casquillos, referencias cruzadas entre la cárcel de Piñero y la calle, y una disputa territorial que viene acumulando tensión desde hace meses en el barrio Toba. En uno de los ataques, dos hombres en moto dispararon nueve veces en el estacionamiento de un supermercado del barrio República de la Sexta; junto al herido dejaron un papel: no fue un tiroteo al azar, fue un mensaje. La violencia en Rosario dejó de buscar precisión para privilegiar volumen y visibilidad. En esa escalada emergió la figura de Víctor Sleyner Acevedo Figueroa, un colombiano de 33 años conocido como El Colombianito o el Nene, deportado a Colombia en 2023 tras cumplir condena por narcotráfico y tenencia de armas de guerra. Regresó sin ser detectado, presumiblemente por un paso clandestino, y desde un departamento céntrico a tres cuadras del Monumento a la Bandera coordinaba la confrontación entre los remanentes de Los Monos y la expansión de Los Menores. Salía solo de noche, cubría su rostro en la vía pública y se ejercitaba en el departamento en vez de ir a parques: no era paranoia, era el protocolo de alguien acostumbrado a operar desde las sombras. Desvío de armas El arsenal enterrado en Roldán es la manifestación más visible de una cadena cuyo origen está en el desvío del mercado legal de armas hacia estructuras criminales. Los investigadores del Equipo de Abordaje Estratégico de Armas de Fuego del Ministerio Público de la Acusación (MPA) documentaron con creciente preocupación un patrón reiterado: ciudadanos sin antecedentes penales, pero con perfiles socioeconómicos incompatibles con quienes suelen comprar armamento, adquieren legalmente pistolas, revólveres y escopetas de alto calibre. Al menos dos sujetos vinculados al narcomenudeo en barrios vulnerables de Santa Fe registraron más de veinte armas en apenas dos años. El mecanismo se conoce como testaferros de armas. En Rosario, hace dos años, una fiscalía investigó un caso en el que una armería del sur vendía armas nuevas con documentación a nombre de titulares formales que en realidad eran prestanombres; las armas terminaban en el mercado negro. En la capital provincial, un operativo de la Policía Federal que incluyó 17 allanamientos simultáneos desarticuló una red de este tipo y secuestró dos escopetas calibre 12, una carabina, cuatro revólveres y diez pistolas, junto a documentación clave: tarjetas y cédulas de tenencia de armas que habilitaban compras legales. La aparición de fusiles sofisticados en manos de soldaditos encendió alertas adicionales. En un operativo contra la banda del clan Romero, que actúa en la zona noroeste de Rosario, la policía secuestró un fusil AR-15 de origen estadounidense junto con pistolas, escopetas y revólveres. En otro procedimiento se incautaron tres fusiles M4 en un departamento céntrico vinculado al prófugo Andrés Plin Acosta, hombre del narco Francisco Riquelme. Y en julio de 2024, en San Justo, aparecieron dos fusiles automáticos Colt calibre 7.62 x 51 mm junto a 464 kilos de cocaína de la banda del mayorista Fabián Calavera Pelozo. Lo que hasta hace pocos años era excepcional armamento de nivel militar en manos de mandaderos del narcomenudeo empieza a normalizarse. Más allá de los fusiles, existe otro mercado que los investigadores llaman fantasmagórico: el de las municiones. En Rosario se secuestra un promedio de 1.646 municiones por mes, lo que equivale al 56,8% de lo incautado en toda la provincia de Santa Fe. Esa cifra representa 23 proyectiles por kilómetro cuadrado, una densidad que cuadruplica la de la ciudad de Santa Fe capital y que revela la concentración de la violencia armada en un territorio relativamente pequeño. El circuito de abastecimiento de municiones rara vez queda identificado en las causas judiciales. Se sabe, eso sí, que en los últimos años se amplió la venta de balas recargadas: proyectiles ya disparados cuyas vainas se reutilizan. La recarga reduce el costo en más del 70%: una caja de 50 municiones calibre 9 mm en una armería vale alrededor de $15.000, mientras que una caja de recargadas puede comprarse por entre $3.500 y $5.000. Con una máquina doméstica como la Dillon X650 pueden hacerse unas 800 balas por hora, el equivalente a 16 cajas de 9 mm en ese lapso. La tenencia de estas recargadoras está regulada por el Registro Nacional de Armas (Renar), pero el control sobre su uso es limitado, destacó el diario La Nación. En mayo de 2021 quedó al descubierto uno de esos nodos. En una sodería del barrio La Tablada de Rosario, los fiscales Valeria Haurigot y Pablo Socca comprobaron mediante la figura del agente revelador que el local funcionaba como punto de acopio y distribución de armas y municiones ilegales. Entre las herramientas del negocio había fusiles, pistolas y más de 50 cajas de balas de recarga. La organización, integrada por ocho personas entre ellas tres policías, uno experto en balística adquiría municiones en armerías a través de testaferros con credenciales de legítimo usuario emitidas por ANMAC (hoy Renar). En la casa del sodero secuestraron 14 credenciales de legítimo usuario y otras tantas de control de consumo de municiones: el andamiaje burocrático de un mercado ilegal montado sobre las estructuras del mercado legal. Hay una tercera fuente de armamento cuya dimensión resulta aún más inquietante: las propias instalaciones militares. El Batallón de Arsenales N°603, en Fray Luis Beltrán, a unos 20 kilómetros de Rosario, fue escenario de uno de los casos de tráfico de armas más graves registrados en la Argentina. Hace dos semanas, la Sala B de la Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento de siete militares por la sustracción de 43 fusiles FAL completos y 2.500 partes de esos fusiles calibre 7.62 mm. Se estima que con esas piezas podrían haberse ensamblado hasta 400 fusiles. La causa tuvo un origen revelador: no partió de una denuncia interna, sino de un hallazgo externo. El 11 de febrero de 2011, la Policía Federal de Brasil secuestró en Aracatuba, San Pablo, un fusil FAL con el escudo argentino y la inscripción Ejército Argentino. El arma presentaba partes con cuatro numeraciones distintas práctica habitual entre organizaciones criminales para dificultar la trazabilidad. Interpol alertó a la Justicia argentina. El mismo día en que se detectó el faltante en el Batallón 603, el sargento Hernán Diego Solís, jefe de la sección Armamento, se suicidó con un disparo en la cabeza en Buenos Aires. Los militares imputados deslindaron sobre él todas las responsabilidades. Solís no pudo defenderse. Desde entonces, los FAL argentinos comenzaron a aparecer con regularidad en manos del crimen organizado brasileño. En septiembre de 2011 se secuestraron tres fusiles en el estado de Paraná durante un operativo antidroga. En junio de ese año, en Asunción, la policía paraguaya se enfrentó a un grupo fuertemente armado tres paraguayos y tres brasileños y confiscó dos FAL argentinos con las numeraciones limadas. Las investigaciones señalaron al Primer Comando Capital (PCC) como destinatario de parte del armamento. La historia no es nueva. Hace treinta años, la policía de Río de Janeiro encontró en una favela el primer FAL con el escudo del Ejército Argentino y número de serie: fue el primero de más de 300 fusiles FAL y subametralladoras FMK3, PAM-1 y PAM-2 salidas de las plantas de Fabricaciones Militares que formaron parte de incautaciones en los morros cariocas entre 1993 y 2001. Desde 1987 ya habían aparecido en manos del hampa brasileño más de un centenar de pistolas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y de seguridad argentinas. La causa del Batallón 603 permaneció paralizada catorce años en el juzgado del juez Marcelo Bailaque, hoy imputado con prisión preventiva en tres causas y bajo investigación del Consejo de la Magistratura por presuntas facilidades al narco Esteban Alvarado. Fue el fiscal federal Javier Arzubi Calvo quien encontró el expediente cerrado en cajones y lo reactivó. La defensa de los militares imputados intentó alegar la prescripción; el tribunal federal rechazó ese planteo.
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