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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 21/03/2026 10:12
La FAA Entre Ríos sigue de cerca la situación de productores afectados por amparos vinculados con las aplicaciones agrotóxicas. En un escenario donde la producción agropecuaria vuelve a tensarse con el entramado judicial, la dirigencia de la Federación Agraria Argentina (FAA) en Entre Ríos activó una señal de alerta en el Departamento Diamante. Convocados por la filial Puiggari del Distrito III, referentes técnicos, legales y productores analizaron el impacto de los amparos vinculados a las distancias de aplicación de productos agrotóxicos en Colonia Ensayo y Aldea Salto, dos territorios donde la incertidumbre comienza a condicionar decisiones productivas. El encuentro reunió al director Matías Martiarena, al ingeniero agrónomo Alfredo Bel, al presidente de la filial, Carlos Bender, y a un equipo de abogados que sigue de cerca la evolución de las causas. Según se detalló, existen actualmente tres amparos judiciales en curso, uno de ellos de carácter colectivo, en el que la FAA se presentó como tercero interesado, una figura clave para respaldar institucionalmente a los productores involucrados. Más allá del encuadre legal, la preocupación que sobrevuela en el territorio tiene raíces más profundas: la percepción de que el marco normativo vigente -producto de años de consensos técnicos y políticos- se ve erosionado por decisiones judiciales que, en algunos casos, redefinen las reglas de juego. La situación es compleja: los productores aseguran que no se hizo nada fuera de regla. Existe una ley provincial que cuenta con respaldo científico y que fue fruto de un amplio acuerdo. Queremos trabajar con tranquilidad, sostuvo Bender, sintetizando el malestar del sector. En la misma línea, Martiarena subrayó la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica y avanzar en un ordenamiento territorial que otorgue previsibilidad. La defensa de la Ley Provincial de Fitosanitarios aparece, en este contexto, como una bandera compartida por la dirigencia agraria, no sólo por su contenido técnico, sino por el proceso participativo que le dio origen. El trasfondo de la discusión excede los límites de Diamante. Lo que está en juego es la capacidad del sistema productivo para operar bajo reglas claras, en un equilibrio siempre delicado entre la sustentabilidad ambiental, la salud pública y la viabilidad económica. En esa encrucijada, el reclamo por previsibilidad no es menor: constituye, para el agro entrerriano, la condición indispensable para sostener inversiones, planificar campañas y evitar que la incertidumbre judicial se convierta en un nuevo factor de riesgo estructural.
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