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Fecha: 20/03/2026 08:47
La discusión sobre las patentes farmacéuticas puede sonar lejana, pero toca un tema muy concreto: cuánto cuestan los medicamentos y qué tan rápido llegan al país los nuevos tratamientos. En la Argentina, el Gobierno derogó la resolución conjunta 118/2012 y puso en marcha un nuevo esquema para evaluar las solicitudes de patentes de invenciones químico-farmacéuticas. La medida quedó formalizada en la Resolución Conjunta 1/2026 y establece que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), organismo argentino, analizará cada pedido caso por caso según los criterios generales de la ley. Qué cambió con la nueva resolución La norma derogada había fijado pautas más restrictivas para conceder patentes en medicamentos. Con el cambio, el Gobierno sostiene que la Argentina se acerca a estándares internacionales y elimina trabas que podían desalentar la innovación y la llegada de terapias nuevas. En la comunicación oficial se indicó que el nuevo sistema busca garantizar el acceso a mejores tratamientos mediante un esquema más alineado con la legislación vigente y con evaluación individual de cada solicitud. Desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), entidad argentina que reúne a laboratorios de origen internacional, respaldaron la medida. En un comunicado señalaron: La actualización del marco normativo es un paso fundamental para generar un entorno más previsible para la inversión, la investigación, el desarrollo y la incorporación de avances en salud. Y agregaron que será importante asegurar una implementación adecuada de esta normativa y consolidar un esquema que contribuya a fomentar la innovación en beneficio de la salud de las personas. Por qué hay preocupación por los precios La mirada opuesta pone el foco en el acceso. La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), que representa a empresas de capital nacional, advirtió que la flexibilización puede facilitar el otorgamiento de patentes secundarias, una práctica conocida como evergreening. Se trata de extensiones solicitadas sobre cambios menores de productos ya conocidos, algo que, según sus críticos, puede prolongar exclusividades sin aportar mejoras terapéuticas relevantes. Ese punto importa porque, cuando una empresa mantiene exclusividad por más tiempo, se retrasa la entrada de competidores, como genéricos o biosimilares, y eso puede sostener precios más altos. Según cifras difundidas por CILFA en base a un estudio de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), institución argentina, la política anterior habría generado ahorros millonarios para el sistema de salud entre 2021 y 2025. Innovación versus acceso, la pelea de fondo En el fondo, lo que se discute es qué se prioriza. Un sector cree que una mayor protección de la propiedad intelectual mejora la previsibilidad, favorece inversiones y acelera la llegada de terapias innovadoras. El otro teme que esa protección se convierta en una barrera para la competencia y termine perjudicando a pacientes, obras sociales, prepagas y al Estado. Leé también: La dura advertencia de la OMS sobre el retiro de Argentina: Será menos segura Para quienes no siguen de cerca estos debates, la clave es simple: las patentes buscan premiar la innovación, pero si se extienden demasiado o se aplican sin suficiente rigor, también pueden encarecer los medicamentos. La nueva etapa abre un escenario distinto y el punto decisivo será cómo actúe el INPI argentino al evaluar qué merece protección por ser una innovación real y qué no.
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