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Concordia » Diario Junio
Fecha: 19/03/2026 22:09
Los trabajadores, identificados como Ramos y Grigolato, se desempeñaban como personal de seguridad en el barrio cerrado y fueron detenidos a partir de un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías N° 2, mediante mandamiento N° 583, con fecha 11 de marzo de 2026. Ambos recuperaron la libertad el viernes 13. Según explicó Cavallo, la diferencia en su situación procesal responde a decisiones de distintos jueces de Garantías. Intervinieron dos jueces diferentes. En el caso de Ramos, el juez de Garantías Edwin Bastián dispuso una medida de coerción que le impide acercarse a menos de 50 metros del domicilio de Lombardo. En cambio, la doctora Gabriela Sero entendió que en el caso de Grigolato no corresponde ninguna medida, ya que no tiene relación alguna con el delito denunciado. En ese sentido, el letrado fue contundente al afirmar que no existen elementos que vinculen a sus defendidos con el robo. No hay ninguna prueba dentro de la denuncia de Lombardo y fueron detenidos únicamente porque se encontró un arma en cada una de las viviendas de mis clientes, las cuales, ya se confirmó, son muy antiguas y no les pertenecen. Además, cuestionó el procedimiento policial: Destrozaron las instalaciones de las viviendas durante los allanamientos. En cuanto a si Lombardo radicó una acusación puntual contra los agentes de seguridad, Cavallo aclaró que no tuvo acceso a la denuncia, por lo que desconoce si señaló a alguno de sus clientes como partícipe del hecho. No obstante, indicó que la casa cuenta con un importante sistema de alarmas: Se habla de 17. Pero, de acuerdo a lo que dijeron mis clientes, cuando Lombardo llamó a seguridad esas alarmas estaban desactivadas y luego, al llegar, las activó. También aclaró: La vivienda donde ocurrió el robo está alejada del resto, a unos 400 o 500 metros del lugar donde se encuentra el puesto de seguridad, y limita con el exterior del barrio. Trabajadores en situación irregular Pero el conflicto no se limita a lo judicial. Según Cavallo, los empleadores ya iniciaron gestiones para despedir a ambos trabajadores. Me llamaron del estudio vinculado a la administración de La Lomada para negociar los despidos, pero ya me negué. Mis clientes quieren seguir trabajando, en razón de haber cumplido con eficacia y honestidad su tarea, afirmó. En ese sentido, precisó que los empleados fueron contratados directamente por quién inicialmente administraba el barrio La Lomada, José Luis Fernandez, y no por una empresa de seguridad. Según denunció, esas contrataciones presentan múltiples irregularidades: Hay inconsistencias en la fecha de ingreso, figuran como personal de maestranza cuando en realidad cumplen funciones de seguridad. Están mal inscriptos, remarcó. Además, indicó que uno de los trabajadores cuenta con cinco años de antigüedad, percibe parte de su salario en negro y se encuentra registrado como empleado de media jornada. En consecuencia, «si lo que pretenden es echarlos, están ante un despido discriminatorio y deberán afrontar la totalidad del daño que les provocan», advirtió. «Se los está tratando como responsables sin pruebas. Son los famosos perejiles, concluyó.
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