19/03/2026 19:48
19/03/2026 19:48
19/03/2026 19:48
19/03/2026 19:47
19/03/2026 19:47
19/03/2026 19:46
19/03/2026 19:46
19/03/2026 19:45
19/03/2026 19:45
19/03/2026 19:45
Parana » ER 24
Fecha: 19/03/2026 18:15
Rosario Romero: sin autocrítica, defensa del sistema, ataque a opositores y amenazas contra La Caldera, medio integrante de UPEI | Romero denunciada penalmente por amenazas La intendenta habló de violencia en la política, pero evitó dar una respuesta de fondo sobre los sobreprecios en seguros, defendió al sistema y dejó un mensaje cada vez menos disimulado contra quienes investigan y denuncian. Rosario Romero eligió un tono moderado, casi pedagógico, para hablar de institucionalidad. Dijo que negar lo que hizo el otro también es violencia. Habló de respeto, de continuidad y de evitar los ánimos fundacionales. Pero detrás de esa puesta en escena no hubo autocrítica real, sino algo bastante más reconocible: una defensa del sistema, un ataque a sectores opositores y un mensaje indirecto aunque cada vez menos sutil contra quienes vienen exponiendo los negociados del poder. En ese punto, La Caldera aparece como destinatario evidente. Ademas sobre los CONTRATOS TRUCHOS, ENZOBRADO no solo la saco de toda responsabilidad sino que sabia que BAHL sera imputado, pero que ella no tenia nada que ver. Lo que no conto que ademas de su marido Jose Carlos Halle, y al entonces yerno de Daniel Carubia Alejandro Canepa, tenia entre los contratados a su yerno ALVARO PIEROLA quien desestimo la denuncia de CONTRATOS TRUCHOS antes del hecho policial del cajero, sin investigar y sin excusarse ya que hasta meses antes de esa intervencion era contratado de ROSARIO ROMERO.. Porque lo que molesta no es una opinión. Lo que molesta es que se haya investigado, publicado y denunciado acompañando decretos oficiales con montos exactos. No se trató de una insinuación genérica ni de una acusación lanzada al aire. Se habló con documentos en la mano. Se exhibieron decretos concretos y cifras precisas de contrataciones por más de 500 mil dólares en seguros. Y desde allí se abrió una discusión política que el oficialismo todavía no pudo cerrar con explicaciones convincentes. Ese es el núcleo del problema. Rosario Romero intenta correr el eje de la discusión. En lugar de responder sobre el fondo de las contrataciones, se refugia en un discurso de convivencia democrática, respeto institucional y condena de la violencia verbal. Pero esa supuesta mesura no revisa nada. No explica por qué se pagaron esos montos. No aclara por qué una cobertura oficial terminó siendo objeto de semejante escándalo. No da respuesta sobre el verdadero punto en debate: si se utilizó una obligación legal de contratar con un ente estatal como pantalla para pagar sobreprecios escandalosos. Porque nadie discute, en abstracto, que en Entre Ríos exista un régimen que obliga a contratar seguros con el instituto provincial. Ese no es el punto. Lo que sí está bajo cuestionamiento es la forma en que esa obligación fue utilizada para justificar erogaciones extraordinarias. Una ley puede imponer un canal de contratación. Lo que no puede hacer es habilitar cualquier precio. Mucho menos convalidar montos que, según la denuncia pública y política, resultaban varias veces superiores a los valores de mercado. Y eso fue precisamente lo que se denunció: no la mera contratación con el IAPSER, sino el pago de cifras desproporcionadas, acompañando decretos y montos exactos, en una operatoria que habría implicado una cobertura por más de 500 mil dólares. No se dijo que fuera simplemente caro. Se habló de una diferencia brutal respecto de valores que en otras provincias o mercados equivalentes representan una fracción de ese costo. Es decir: no un exceso menor, sino un presunto sobreprecio de enorme magnitud. Por eso resulta tan revelador el tono elegido por Romero. Porque al no poder desactivar la denuncia con argumentos sólidos, intenta redefinir el terreno. Ya no se debate el contenido del expediente público, sino la conducta de quienes lo exhiben. Ya no se habla de los decretos, sino del supuesto clima de agresión. Ya no se discute la ruta del dinero, sino la necesidad de no negar lo que hizo el otro. Esa inversión discursiva no es inocente. Busca convertir al denunciante en problema y al denunciado en víctima. En esa maniobra también aparece una defensa implícita del sistema judicial y del andamiaje político que durante años ha funcionado como cobertura de este tipo de decisiones. Porque cuando se pide moderación frente a denuncias graves, muchas veces lo que en realidad se está pidiendo es silencio. Cuando se invoca institucionalidad frente a documentos concretos, lo que se pretende no es transparencia sino obediencia. Y cuando desde el poder se cuestiona a quienes publican e investigan, lo que se protege no es la democracia: es el circuito interno de impunidad. El ataque a sectores opositores forma parte de ese mismo libreto. Es la reacción habitual de un oficialismo que, ante una denuncia seria, necesita reconstruir enemigos externos para no discutir responsabilidades propias. Pero acá no alcanza con señalar adversarios políticos, ni con estigmatizar medios críticos, ni con sugerir que hay intereses ocultos detrás de cada publicación. Acá hay decretos. Hay números. Hay montos exactos. Hay actos administrativos que justifican una pregunta política elemental: por qué se pagó lo que se pagó y a quién benefició realmente esa decisión. Y hay otro dato que agrava, no atenúa, la situación: que Frigerio siga sosteniendo o reproduciendo ese mecanismo no lo vuelve legal. La continuidad de una práctica no la sanea. Que una gestión posterior mantenga un esquema cuestionado no lo purifica jurídicamente ni lo blanquea políticamente; en todo caso, extiende el problema y lo vuelve más grave. Si un sistema irregular se perpetúa, no se transforma en correcto por el mero paso del tiempo o por el cambio de nombres en la firma de los actos. Se convierte, simplemente, en una práctica de poder más consolidada. Por eso, cuando Romero habla de violencia y de lo fundacional, en realidad está haciendo control de daños. Ensaya una falsa autocrítica para no revisar nada de fondo. Se muestra dialoguista mientras defiende el corazón del aparato. Ataca a opositores mientras evita responder por los hechos. Y deja un mensaje hacia La Caldera y hacia todos los que siguen denunciando: que sería mejor bajar el tono, dejar de insistir, cansarse. Pero ahí está justamente el punto que el poder no termina de aceptar. Lo que se publicó y se denunció no fue una exageración retórica. Fue una reconstrucción basada en documentos oficiales. Y frente a eso no alcanza con buenos modales, frases institucionales o apelaciones abstractas a la convivencia. Cuando hay decretos acompañados con montos exactos que muestran contrataciones por más de 500 mil dólares, el problema no es la dureza del periodismo ni la molestia de la oposición. El problema es el contenido de esos actos. La frase de Romero quiso presentarse como una reflexión elevada sobre la política. Pero terminó dejando al descubierto algo mucho más terrenal: la incomodidad del poder cuando lo miran de cerca. No hubo autocrítica, hubo blindaje. No hubo explicación, hubo desplazamiento del eje. No hubo vocación de transparencia, hubo una defensa cerrada del sistema y una advertencia contra quienes siguen exponiendo sus zonas más oscuras. Porque cuando un gobierno empieza a preocuparse más por el denunciante que por la denuncia, lo que en realidad está diciendo es que la verdad ya empezó a hacer daño. ROSARIO ROMERO DENUNCIADA POR AMENAZAS
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por