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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 18/03/2026 12:10
La ciudad de Mar del Plata se enfrenta a un nuevo foco de tensión urbanística tras la reactivación del polémico proyecto para construir una torre de 35 pisos a solo 200 metros de la costa, en el tradicional barrio Stella Maris. La obra, denominada Torre Malecón Alem, que alcanzaría 136 metros de altura y se emplazaría sobre la manzana comprendida por las calles Alem, Falucho, Aristóbulo del Valle y Gascón, dividió a las organizaciones civiles, vecinos, desarrolladores y autoridades debido tanto a su impacto potencial sobre el patrimonio histórico como a la cantidad de excepciones y procedimientos irregulares denunciados en la aprobación del plan. Tras un año de controversia judicial y administrativa, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata revocó en 2026 la medida cautelar que hasta entonces impedía avanzar administrativamente con el proyecto, restaurando así la validez de la ordenanza municipal N° 26.448. La controvertida autorización municipal permite, por excepción, desarrollar un edificio que ocupará casi tres cuartas partes de la manzana, superficie que ronda los 6.000 m² -de un total de 7.500 m² disponibles-, apreciablemente superior a las alturas máximas permitidas en el área residencial R7, donde solo se habilitan construcciones de hasta siete metros. En el polígono se ubica el histórico chalet María Frers de Mahn, conocido como Villa La Robla, construido en 1927 y protegido como bien patrimonial. El proyecto prevé su preservación, refuncionalización y apertura al público con fines gastronómicos y culturales, así como la tutela sobre otros dos chalets de valor arquitectónico reconocidos, aunque estos últimos carecen de declaratoria formal de patrimonio. Los desarrolladores sostienen que la autorización fue concedida bajo las más altas exigencias de tutela ambiental y preservación arquitectónica, sujeta a la obtención previa de la Declaración de Impacto Ambiental. Denuncias vecinales y densidad poblacional El colectivo Mirada Ciudadana y la Surfrider Foundation, junto con vecinos de Stella Maris, resisten la construcción de la torre al considerar que la sistematicidad con la que se otorgan excepciones para proyectos de gran escala vulnera el espíritu del Código de Preservación Patrimonial de General Pueyrredón. Los cuestionamientos apuntan a la modificación ad hoc de los índices urbanísticos y a la extensión de permisos a desarrolladores inmobiliarios como la sociedad Paisajes Urbanos, representada por Florencia Miconi, que a juicio de los denunciantes se benefician de normas especiales que alteran el perfil costero y la identidad barrial. Abogados vecinales remarcaron que donde se podían construir 5.000 m² proyectan un negocio de 35.000 m² e indicó como irregularidades la proyección de un cono de sombra que superaría los 500 metros, la insuficiencia en los títulos de propiedad de la tierra, la inexistencia de una consolidación catastral adecuada y la exclusión de 3.000 m² de amenities en el cálculo del volumen edificado. Además, enfatizaron que en la futura torre vivirá la misma cantidad de gente que la que hoy ocupan diez manzanas del barrio, enfatizando el salto en densidad habitacional previsto para la zona. El fallo original que impedía la obra fue dictado por el juez Simón Isaach en mayo de 2025, a partir de una demanda de las organizaciones civiles Mirada Ciudadana y Surfrider Argentina. Isaach había resuelto que las concesiones municipales resultaban irrazonables, ilegales e inconstitucionales, prohibiendo la aprobación de planos y el inicio de las obras. Sin embargo, la Cámara, en su reciente decisión, consideró atendibles los argumentos de apelación presentados por la Municipalidad y los desarrolladores, pero sostuvo que no se verificaban los elementos necesarios para mantener la suspensión judicial, permitiendo así la continuidad administrativa del expediente. Excepciones urbanísticas y reacción judicial La ordenanza 26.448, sancionada por el municipio de General Pueyrredón el 30 de septiembre de 2024, formaliza la excepción al Código de Ordenamiento Territorial y habilita las nuevas alturas y superficies, en una manzana antes reservada a la baja densidad residencial. Los promotores defienden que se trata de una integración de normas de igual jerarquía -el COT y el Código de Preservación Patrimonial-, que habilitan indicadores urbanísticos especiales cuando intervienen bienes catalogados o de valor patrimonial y se incentiva su preservación. Los residentes, en cambio, insisten en que el proceso judicial continúa y que las graves irregularidades ya documentadas incluyen tramitaciones administrativas deficientes, problemas en la unificación de lotes, débil consulta técnica objetiva y conflicto de interés en la selección de profesionales para estudios de impacto ambiental. En ese sentido, la abogada Soledad Arenaza, que representa a las ONGs involucradas, denunció penalmente a Ricardo Rodríguez, el arquitecto que rubricó un informe clave del plan de obra, alegando que no estaba matriculado localmente desde 2011. Mientras empresarios y arquitectos presentan la torre como un nuevo núcleo de identidad urbana integrado a la trama costera -desde el edificio Havanna, pasando por las torres Manantiales, hasta el Mirador Cabo Corrientes-, los detractores advierten sobre la aceleración de vientos no estudiada, la excavación de una cantera de más de 12 metros de profundidad, la sombra sobre casas de Stella Maris. Las organizaciones opositoras convocaron a nuevas acciones públicas y conferencias para insistir en la revisión judicial. Mientras tanto, la autorización municipal sigue vigente y el expediente avanza, refrendando la fragilidad del equilibrio entre modernización urbana, intereses inmobiliarios y preservación patrimonial en la costa marplatense.
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