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» Clarin
Fecha: 17/03/2026 15:05
La Cámara de Casación porteña absolvió a los responsables del hogar Apart Los Incas, que habían sido condenados en 2025. El caso fue uno de los más impactantes de los primeros meses de la pandemia. Cinco años después del brote de coronavirus que sacudió al geriátrico de Belgrano y dejó once adultos mayores muertos, la causa judicial dio un giro. La Cámara de Casación de la Ciudad revocó las condenas que habían recibido tres autoridades del hogar Apart Los Incas y los absolvió. La decisión dejó sin efecto la sentencia que en junio de 2025 había dictado el Tribunal Oral Nº12 contra los apoderados del establecimiento, Hugo Eduardo Visca y Luis Daniel Megyes, y contra la médica responsable del lugar, Carla Lorena Raffo. En ese juicio habían sido condenados a dos años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación por su responsabilidad en el manejo del brote de Covid-19 que se produjo dentro del geriátrico durante los primeros meses de la pandemia. El argumento del tribunal Al revisar el caso, los jueces de la Cámara concluyeron que no pudo demostrarse que la actuación de los acusados haya provocado las muertes. Según el fallo, no hay certezas sobre cómo ingresó el virus al establecimiento ni tampoco sobre si una conducta diferente por parte de los responsables hubiera evitado los contagios y los fallecimientos. Con esa interpretación, el tribunal resolvió absolver a los imputados y dejar sin efecto las restricciones que pesaban sobre ellos. El brote en el geriátrico Apart Los Incas ocurrió en abril de 2020, cuando el coronavirus recién comenzaba a expandirse en la Argentina. El establecimiento está ubicado en la esquina de avenida de los Incas y Zapiola, en Belgrano. El caso tomó gran repercusión pública cuando el SAME desplegó un amplio operativo para trasladar a los residentes tras detectarse contagios masivos dentro del hogar. Las imágenes de ambulancias y personal sanitario retirando a los adultos mayores del lugar recorrieron los medios en pleno aislamiento obligatorio. Según la investigación judicial, 28 de los 33 residentes se contagiaron de Covid-19 y once de ellos murieron. Las irregularidades investigadas Durante el proceso judicial se analizaron distintas situaciones vinculadas al funcionamiento del establecimiento en ese momento. Entre los puntos que se discutieron en el juicio aparecieron problemas en la organización del aislamiento dentro del hogar, demoras en la implementación de protocolos sanitarios y el manejo del personal en medio de la emergencia sanitaria. La acusación sostuvo que esas fallas habían contribuido a agravar el brote en una población particularmente vulnerable. Las defensas, en cambio, argumentaron que el episodio ocurrió en un contexto de gran incertidumbre durante los primeros meses de la pandemia, cuando todavía se estaba construyendo el conocimiento sobre el virus y las medidas de prevención. Un "golpe duro" para las familias El reciente fallo de la Cámara de Casación porteña, que revocó las condenas dictadas en 2025, significó un golpe duro para los familiares de las víctimas, que durante años impulsaron la causa en busca de responsabilidades por lo ocurrido. La decisión judicial, que descartó la posibilidad de establecer un nexo causal directo entre la actuación de los imputados y las muertes, deja sin efecto las penas y reaviva la sensación de falta de respuesta para quienes denunciaron irregularidades en el manejo de la crisis sanitaria dentro del establecimiento. Familiares ligados la querella manifestaron su descontento con la decisión judicial, que deja sin responsables a las once muertes. Durante el juicio, habían denunciado irregularidades y la ausencia de los dueños y las autoridades médicas durante el brote de Covid. También habían dicho señalado distintas irregularidades. La absolución redefine el cierre judicial del expediente y vuelve a poner en debate el alcance de la responsabilidad penal en contextos excepcionales, así como el reclamo de los familiares por mayor control y garantías en el cuidado de adultos mayores en instituciones. Ahora, la chance es una apelación al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TJS), aunque sin plazos para que pueda revisarse una vez más la condena. SC Sobre la firma Newsletter Clarín
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