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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 17/03/2026 13:28
El Gobierno nacional implementará desde abril la eliminación de cerca de 900 mil planes sociales de $78 mil mensuales, que serán sustituidos por un sistema de vouchers de capacitación laboral, marcando el cierre definitivo del esquema heredado del Potenciar Trabajo. La decisión ya fue adoptada y forma parte de la estrategia delineada por el Ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de Sandra Pettovello. El programa Volver al Trabajo, que reconfigura el antiguo plan, dejará de existir y será reemplazado por un enfoque centrado en la formación y la inserción laboral. Los beneficiarios comenzarán a recibir notificaciones a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico, informándoles sobre la finalización del plan y la posibilidad de inscribirse en el nuevo sistema de capacitación. Según los datos oficiales, el número de personas alcanzadas asciende a 900 mil, quienes formaban parte del programa que funcionaba como un puente hacia el empleo. La medida representa el fin de un proceso iniciado al comienzo de la gestión de Javier Milei, cuando se decidió congelar el Potenciar Trabajo, eliminar la intermediación de organizaciones sociales y reestructurar la asistencia social. En su momento, el programa había llegado a contar con más de 1,3 millones de beneficiarios en un contexto de crisis económica y creciente presión social. El Gobierno había establecido un plazo de 24 meses para mantener el esquema anterior, que se cumplirá en abril, decidiendo no prorrogarlo. En su lugar, se implementará el sistema de vouchers de capacitación, el nuevo eje de la política social. Tras la reconversión del Potenciar Trabajo, los beneficiarios se dividen en dos grupos: unos 900 mil dentro del programa Volver al Trabajo y otros 300 mil en un esquema de asistencia social más estable, destinado a quienes enfrentan mayores dificultades de inserción laboral. Estos últimos no se verán afectados por la baja, según confirmaron las fuentes. El cambio es tanto conceptual como operativo. El Gobierno dejará de realizar transferencias mensuales para pasar a un sistema condicionado a la formación. Los vouchers se asignarán directamente a los beneficiarios, quienes deberán inscribirse y manifestar su interés en participar. Con esto, podrán elegir cursos de una red de centros de capacitación que se está conformando en todo el país. El Ministerio de Capital Humano está trabajando en una red federal de instituciones con ofertas adaptadas a las necesidades productivas de cada provincial. El modelo se basa en una experiencia piloto previa que mostró resultados positivos. En este esquema, el Estado aporta la infraestructura, mientras que las empresas se encargan de los contenidos, capacitadores y materiales. A diferencia del sistema anterior, el dinero no será transferido a organizaciones ni a centros de formación, sino directamente a los beneficiarios. El recurso va al beneficiario, que decide dónde capacitarse, explicaron desde el Gobierno. El nuevo sistema establece condiciones más estrictas. Los beneficiarios deberán cumplir con requisitos de asistencia y permanencia en los cursos. En caso de abandono, perderán el beneficio y no podrán volver a acceder. La intención oficial es que el gasto público esté vinculado a resultados concretos en términos de formación. El monto de los vouchers aún no ha sido definido; según las fuentes, dependerá del número de inscriptos y del costo de las capacitaciones disponibles. Este cambio implica una transición de un esquema de ingresos garantizados a uno basado en incentivos. Desde el Gobierno reconocen que no todos los actuales beneficiarios optarán por el nuevo sistema. Se estima que algunos decidirán capacitarse, mientras que otros podrían no hacerlo, ya sea por falta de interés o porque ya se encuentran trabajando en la informalidad. En este sentido, se sostiene que el plan de $78 mil no representaba un ingreso suficiente para vivir y que, de hecho, muchos beneficiarios ya realizan alguna actividad laboral. Según esta lógica, la medida no aparta a personas del mercado laboral, sino que transforma la forma en que el Estado opera en este ámbito. La eliminación de estos planes también tendrá un impacto fiscal significativo. La baja de 900 mil beneficios de aproximadamente $78 mil representa un ahorro potencial de cerca de $60 mil millones mensuales, aunque esta cifra dependerá de la cantidad de personas que se adhieran al nuevo sistema de vouchers. Parte de estos recursos se destinará a financiar las capacitaciones, mientras que el resto se redireccionará hacia políticas educativas. Este punto ha suscitado un debate interno en el Gobierno sobre el impacto social del ajuste. Durante el programa Infobae a las 9, la periodista Cecilia Boufflet brindó contexto sobre la magnitud de la medida y su impacto potencial. Señaló que el esquema actual funciona como una especie de seguro de desempleo para unas 900 mil personas, aunque con un monto significativamente reducido. Detalló que el beneficio actual ronda los $70 mil mensuales y que su eliminación supondrá un recorte notable del gasto público. Sin embargo, advirtió que la discusión no se limitará al ámbito económico, sino que también tendrá implicaciones políticas. Boufflet indicó que la decisión de eliminar estos planes sociales se produce en un contexto donde el empleo formal muestra signos de debilidad y la actividad económica enfrenta tensiones, lo que podría amplificar el impacto social de la medida. En su análisis, la periodista recordó que el Gobierno ya había rediseñado parte de la política social desde el inicio de la gestión, al fortalecer programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, además de eliminar la intermediación de organizaciones sociales. Este enfoque permitió mejorar la cobertura de la canasta básica alimentaria y contener la situación social durante los meses más críticos del ajuste. No obstante, Boufflet advirtió que esa cobertura ha comenzado a deteriorarse recientemente debido al aumento de la inflación, lo que plantea un nuevo desafío para el oficialismo. Diferentes áreas sociales del Gobierno han manifestado la necesidad de reforzar esas transferencias directas en paralelo a la eliminación de los planes. Por su parte, el Ministerio de Economía prioriza el equilibrio fiscal en un contexto de caída de la recaudación, lo que limita las posibilidades de reasignación de recursos. Simultáneamente, el Ministerio de Capital Humano avanza en la reorientación de parte del presupuesto hacia políticas educativas. El enfoque se centrará en unas 7.000 escuelas vulnerables que han mostrado bajos resultados en las pruebas Aprender. El plan incluirá un refuerzo de horas en Lengua y Matemática, así como la implementación progresiva de doble turno en aquellas instituciones con infraestructura adecuada. El objetivo es que los alumnos pasen más tiempo en la escuela y reciban alimentación en el lugar. Fuentes oficiales resumieron la estrategia con una consigna: educar y educar para el trabajo. El modelo de transferencias masivas, con distintos niveles de intermediación, será sustituido por un esquema que combina asistencia directa, capacitación laboral y un enfoque en la infancia. Desde el Gobierno consideran que el sistema anterior no logró facilitar la inserción laboral y consolidó estructuras de intermediación. La nueva apuesta es clara: reducir la asistencia a adultos en edad de trabajar y aumentar la inversión en formación y educación. A partir de abril, inicia esta nueva etapa. El Potenciar Trabajo dejará de existir y el Gobierno impulsará un nuevo marco de política social orientado hacia la capacitación y el empleo.
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