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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 17/03/2026 10:14
La Fundación CAUCE: Cultura Ambiental Causa Ecologista, en conjunto con ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil de la región del río Uruguay, formalizó un pedido de acceso a la información pública ambiental ante el Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay. La solicitud se centra en el proyecto de instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú, impulsado por la empresa HIF Global. El requerimiento surge ante la preocupación por los impactos ambientales potenciales que esta actividad industrial podría generar en la cuenca compartida del río Uruguay. Según las organizaciones firmantes, el acceso a estos datos es vital para que las comunidades de ambos países puedan evaluar los efectos sobre el ecosistema y la salud. Alcance del pedido de informes La documentación solicitada al gobierno uruguayo abarca una serie de puntos clave para la evaluación del proyecto, entre los que se destacan: El expediente administrativo completo y los estudios de prefactibilidad. Las evaluaciones de impacto ambiental, social y sanitario. Informes técnicos de organismos públicos y las autorizaciones otorgadas hasta la fecha. Datos específicos sobre el uso de agua, niveles de emisiones, efluentes y gestión de residuos. Análisis detallados sobre posibles impactos transfronterizos. Registros de instancias de participación pública y convenios firmados entre el Estado uruguayo y la firma HIF Global. Asimismo, las organizaciones requirieron información sobre las comunicaciones oficiales mantenidas con el Estado argentino y con la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) respecto a este emprendimiento. Preocupación por áreas protegidas y marco legal Un punto crítico de la solicitud refiere a la localización del proyecto en cercanías del área natural protegida Islas del Queguay, la cual fue incorporada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay en el año 2025. Las entidades buscan conocer los criterios técnicos que avalan la ubicación de la planta en relación con este ecosistema protegido. Desde el punto de vista jurídico, el reclamo se sustenta en el Acuerdo de Escazú, que garantiza el control democrático y la participación ciudadana informada en asuntos ambientales. La solicitud subraya que el acceso a la información pública es un derecho humano reconocido por el sistema interamericano, y recuerda la obligación de los Estados de prevenir daños ambientales que afecten a naciones vecinas.
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